La Subsecretaria de Estado Adjunta de Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Emily Mendrala, criticó la toma de posesión por cuarto mandato consecutivo de Daniel Ortega en Nicaragua señalando que no cuenta con un mandato democrático para gobernar ya que las elecciones del 7 de noviembre fueron “un simulacro electoral que no resultó libre ni justo”.
En una conferencia de prensa telefónica, Mendrala dijo que Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo gobiernan Nicaragua como autócratas represivos y “esto hace que ya no se diferencien de la familia Somoza, a la que Ortega y los sandinistas combatieron hace cuatro décadas”.
Declaró además que Estados Unidos mantendría relaciones diplomáticas con Nicaragua y opinó que el funcionamiento de la embajada es importante para el intercambio que Estados Unidos tiene con el pueblo del país centroamericano.
A una pregunta sobre la migración cubana y el incremento de migrantes nicaragüenses hacia Estados Unidos, Mandrala reiteró la posición del gobierno norteamericano de que está comprometido con la migración ordenada, segura y humana
“Trabajamos estrechamente con socios en la región para promover esa migración ordenada, segura y humana. Vemos que los viajes irregulares a Estados Unidos son peligrosos y cuestan mucho y en este momento sigue en efecto la orden de salud pública del CDC (Centro para el Control de Enfermedades), el Título 42, que significa que la frontera está cerrada a la migración irregular por razones de salud pública”.
Sobre la reanudación de las relaciones del gobierno de Ortega con China, Mandrala dijo que esa decisión “priva al pueblo de Nicaragua de la posibilidad de tener a Taiwán como socio democrático confiable y que además “precipita más a Nicaragua al autoritarismo”.
El gobierno de Ortega anunció el pasado 9 de diciembre que Nicaragua rompía relaciones diplomáticas con Taiwán, diciendo que la isla “es parte inalienable de China.
Ortega y Murillo juramentaron por cinco años más en un acto criticado por la comunidad internacional que calificó los comicios como “ilegítimos” por el encarcelamiento de decenas de opositores, incluidos siete precandidatos presidenciales arrestados previo a las elecciones del pasado 7 de noviembre.
