El Departamento de Atención a la Población de la Oficina de la Presidencia de la República de Cuba aceptó una queja presentada por Guillermo Sierra Conde, donde denunció que su hermano, el preso político Abel Lázaro Machado Conde, fue golpeado en el penal de Quivicán, por el segundo jefe de la prisión, Yuliesky Méndez Montero.
Actualmente, el manifestante encarcelado por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 se encuentra recluido en la compañía seis en el propio penal y, según una nueva carta que acaba de sacar desde ese centro penitenciario, se encuentra durmiendo en el piso, en una colchoneta llena de chinches y en pésimas condiciones.
Este joven de 25 años está cumpliendo nueve años de cárcel por los presuntos delitos de “sabotaje y desórdenes públicos” tras su participación en las protestas populares en el poblado de Güines, provincia de Mayabeque.
También el preso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Reinier Calderín Socarrás, recluido en el penal de Kilo-8, en Camagüey, donde cumple tres años de condena por los presuntos delitos de “atentado” y “desacato”, acaba de recibir una sanción de limitación de sus llamadas telefónicas debido a las denuncias que el activista ha hecho sobre las críticas condiciones que sufren los reos allí.
La medida fue impuesta por el Teniente Coronel Juan Miguel Duarte Sánchez, director de la prisión.
A partir de este momento Calderín Socarrás sólo podrá realizar su comunicación telefónica acompañado de un oficial de la guarnición del penal.
“Ya a partir de ahora yo tengo que llamar con los militares controlándome el teléfono, el único que está llamando así en esta prisión soy yo”, explicó el opositor.
Mientras que en la cárcel de Kilo-9, también en la capital agramontina, se encuentra el reo común Maikel Gómez Rodríguez, de 47 años, con sanción de 13 años de privación de libertad por el delito de robo.
El recluso ingresó a prisión el 3 de mayo del 2022. En llamada telefónica con el activista Jiordan Marrero Huerta dio a conocer las pésimas condiciones que sufre y la falta de atención médica en ese centro penal.
"Esquizofrénico y epiléptico, no es atendido por lo psiquiatras, no tiene medicamentos; sólo se le suministra la carbamazepina, con la doble intención de mantenerlo drogado, lo que provoca un trastorno agudo de su personalidad. No se le brinda la atención cuando sus enfermedades son incompatibles con un régimen penitenciario”, concluyó Marrero Huerta.
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