Aunque Fidel Castro proclamó desde los primeros años de su arribo al poder el fin de los desalojos en Cuba, estos han continuando como una práctica frecuente de las autoridades para “extraer” mediante las fuerzas policiales a las personas que, desesperadas por tener un techo, ocupan inmuebles estatales o particulares.

Los desalojos ocurren mayormente cuando las edificaciones cobran interés gubernamental, ya sea para el turismo o para dependencias oficiales. El eufemismo que utilizan los funcionarios estatales para referirse a estos hechos es el de "extracción forzosa".

En los últimos años han trascendido noticias de madres solteras con varios hijos que, ya sea porque el lugar donde residen se encuentra en riesgo de derrumbe o conviven hacinadas con varios miembros de su familia extendida, deciden ocupar estos lugares en desuso.

“Las ocupaciones ilegales en Cuba siempre han existido y los desalojos también porque esas personas sí eran extraídas como pasa, aunque en menor medida, con las personas declaradas convivientes ilegales en una vivienda, pero en esos casos solo eran extraídos por la policía si, de acuerdo a lo que decía la ley, eran considerados personas antisociales o personas peligrosas”, indicó a Martí Noticias el abogado y periodista Eloy Viera Cañive.

“Después de la entrada en vigor del Código Penal, en diciembre 2022, el Tribunal Supremo emitió un instrucción en la que se permite, sin necesidad de impulsar un proceso administrativo en la Vivienda, denunciar a las personas, los ocupantes ilegales como básicamente usurpadores de inmuebles, lo cual constituye un delito sobre la base de lo dispuesto en el Código Penal vigente y una vez presentada la denuncia, la policía tiene que instruirlos de cargos, detenerlos y en algunos casos, extraerlos del inmueble”, advirtió el experto.

En ese proceso se encuentra actualmente Esmary Despaigne, madre de dos niñosa residente en el municipio Cerro, en La Habana.

“Estoy bajo fianza porque la dueña de la casa donde me colé murió y su sobrina me acusó de ocupación ilegal y de robo y tuve que salir a los once días y volver a donde vivía antes, un lugar que está inhabitable e irreparable”.

“He ido a todos lados. En 2018 solicité la asignación de un terreno y estamos en el 2024 y nunca he recibido respuesta. A mí me parece lo que están esperando es que el techo caiga arriba de mis hijos”, lamentó la mujer.

De acuerdo al jurista, “en el caso de las instalaciones estatales, esa extracción, esos desalojos, se producían mucho más rápido, en comparación con las viviendas particulares”.

Yenifer Hernández, de 34 años, está viviendo, desde 2020, en un local del Estado ubicado en Monte y Zulueta en La Habana Vieja. “No pasó más nada. Lo que estoy es ilegal. No se puede legalizar porque dicen que es del Estado y que yo me metí a la fuerza. Para legalizarlo hay que pagar por fuera y yo no tengo dinero. Pero nadie me va a sacar porque yo tengo dos niños aquí”, uno de 4 y otro de 11 años.

Con las esperanzas puestas en Dios, está Aylin Arjona, quien ocupa un local de la Empresa de Comercio en el municipio capitalino La Lisa desde 2020. “Cada vez que voy al Gobierno no tienen respuesta, solo, que yo estoy ilegal. Cuando fui la última vez, me mandaron con la vicepresidenta y ella dice que, como mis niños son nacidos aquí en La Habana y yo llevo ya casi 4 años en el local, que he arreglado, yo sí tengo derecho”, relató a nuestra redacción la madre de cuatro pequeños, la mayor de 10, el segundo de 7, y dos jimaguas de 4 años, uno de los cuales tiene un padecimiento gástrico severo.

“Yo fui a ver al director de Comercio, me respondió que no soy trabajadora de la entidad y que no tengo ningún derecho del local y que ellos van a reclamarlo”, contó la mujer y precisó que, tras intentar sacarla del lugar en mayo de 2020, “todo se tranquilizó y no la han vuelto a molestar”.

Un video divulgado en Facebook muestra el maltrato de la policía contra esta familia. Después del intento de “extracción” durante el cual, ella y su madre fueron detenidas: “a mi mamá, la visitó el periodista del Consejo de Estado que le dijo que por las entrevistas que yo di, el país había quedado en una mala imagen pero que mi caso lo iban a solucionar lo más pronto posible, que lo que necesitaban era que ella diera una entrevista para que el país no quedara mal. Mi mamá, de ingenua, la dio. No han venido más a molestarnos, pero tampoco nos han dado solución”, manifestó la joven de origen bayamés.

Dianelis Álvarez es parte de un grupo de seis madres de San Juan y Martínez, en Pinar del Río, que se presentaron ante la sede del Consejo de Estado, luego de quedarse sin vivienda por el huracán Ian y ocupar una escuela del municipio.

“A nsotras nos ofrecieron lo que llaman ‘facilidad temporal’, yo me acogí a una, pero todavía hay cuatro madres que siguen viviendo en la escuela. No aceptaron la opción que nos dieron pero las van a sacar porque ellos desde el primer momento dijeron que hay que salir de ahí”, indicó la madre de dos niños, de 5 y 10 años.

“A mí me dieron unas tablas y unos palos, de mala calidad, y pude levantar mi casita; me dieron unos sacos de cemento y eché un piso rústico, un bañito para bañarme, las necesidades las hago afuera. Pero cuál es mi esperanza, si mi mamá sufrió un derrumbe total en 2002 y todavía está viviendo en una facilidad temporal. Un cuento para nunca acabar!”, expresó.

La incapacidad del Estado de remediar la dificultad solo les deja tres opciones a las personas sin recursos económicos: dormir en la calle, que se les desplome la casa encima o ir presos.

“El problema de la ocupación ilegal de terrenos o locales estatales en Cuba no puede ser abordado solamente desde la perspectiva de la sanción, del desalojo, o de la aplicación del Código Penal”, subrayó Yaxis Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

“Hay que ir a las causas del problema. Muchas familias que no tienen un lugar donde vivir por la escasez de viviendas, a pesar de que fue una de las grandes promesas de la revolución cubana, por eso llevaron a cabo expropiaciones, la Reforma Urbana, etcétera, pero eso ha quedado en nada”, recalcó.

Para el especialista "la situación de la vivienda hoy es gravísima, no solamente por el tema de los derrumbes que más del 10% de las viviendas en Cuba están en peligro de derrumbe, sino por el tema de la propiedad en sí. Un estudio que hicimos en el 2020 arrojaba que en torno al 7% de las personas consultadas vivían en asentamientos o en viviendas ilegales. Es decir, construidas sobre terrenos para los cuales no tenían permiso o que estaban ocupando espacios de manera ilegal o informal”.

En diciembre de 2018 fue presentada en el Parlamento la Política de la Vivienda en Cuba. Las autoridades dijeron que con ella atenderían los problemas y evaluarían los “avances”. A finales de 2023, reconocieron que había un déficit de más de 800 000 viviendas. Apenas se habían construido 127 345 y se habían reparado 106 332.