Las denuncias de los ciudadanos cubanos sobre la deficiente gestión gubernamental para resolver la escasez de servicios básicos, como agua y alimentos, han sido respondidas con amenazas por parte de las autoridades, según testimonios obtenidos por Martí Noticias.
Yudeybis Reinoso, residente de Marianao, La Habana, expresó su frustración en redes sociales, describiendo el deterioro del país y recibió una citación policial donde fue amenazada bajo el Decreto ley 370, conocido como “ley mordaza”. Este instrumento legal permite sancionar a usuarios de redes sociales por su contenido.
“Ahí estába un hombre que es jefe de las telecomunicaciones, donde él me planteó que estoy cometiendo un delito con el Decreto 370. Me pueden decomisar el teléfono, ponerme una multa, incluso ir presa, denunció la mujer".
Otro caso alarmante fue el de Yadiuska Domínguez, quien junto a otras madres protestó por la falta de agua potable y alimentos en el poblado La Favela, en Maisí. Después de compartir su situación en redes sociales, fue citada varias veces y amenazada por las autoridades locales, que la califican de "contrarrevolucionaria”.
María Elena Mir Marrero, activista de Guanabo, en La Habana del Este, ha denunciado los frecuentes apagones que dañan equipos electrónicos, irreparables e irremplazables en medio de las condiciones de crisis extrema que vive la isla. También ha denunciado la escasez de agua potable en su localidad. A causa de estas denuncias, ha sido objeto de citaciones y advertencias por parte de la policía política.
En conversación con Martí Noticias, Mir Marrero señaló que las autoridades continúan con amenazas de encarcelamiento y citaciones, presionando a aquellos que intentan expresar sus quejas en redes sociales. "Este es el tipo de lenguaje intimidante que el Departamento 21 de Seguridad del Estado emplea", indicó.
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