La jueza villaclareña Melody González Pedraza se encuentra detenida en el Broward Transitional Center, donde fue trasladada tras pedir asilo político en el aeropuerto de Tampa, como informó primero Martí Noticias.
González Pedraza espera allí una audiencia de asilo político mientras las personas que fueron afectadas por sus decisiones como funcionaria del Ministerio de Justicia de Cuba exigen retribución.
“Ella ha hecho mucho daño al municipio de Encrucijada, en Villa Clara. Soy una de las víctimas de ella. En mis manos tengo la carta de libertad tras haber estado preso por salir el 11 de julio a manifestarme pacíficamente. Ella me sentenció a prisión por dos años de prisión”, dijo a Martí Noticias Uziel García.
“Cuando le pregunté por qué me condenaba a dos años de cárcel cuando el delito de desacato era sancionado con menos severidad, ella me respondió que hacía lo que quería, porque para eso era la jueza”, añadió.
Melody González Pedraza llegó al Aeropuerto Internacional de Tampa, en Florida, en la mañana del jueves, 30 de mayo, tras obtener un permiso de viaje gracias al Parole Humanitario.
En la terminal aérea recibió una negativa de entrada al país debido a su historial en Cuba, pero la jurista pidió asilo político y actualmente se encuentra detenida a la espera de una sentencia judicial, dijo su patrocinador, Roberto Castellón, en una llamada telefónica a Martí Noticias.
“Esa mujer lo que viene es a este país para hacer daño. No tiene corazón. Es una comunista, una castrista muy indeseable. Quisiera que la deportaran”, dijo Uziel García, quien hoy reside en Estados Unidos.
“Ella es una con toda la policía de Encrucijada. Desearía, con la bendición de Dios, que sea deportada para Cuba, y que pague todo el daño que ha hecho”, añadió.
González Pedraza también firmó una sentencia judicial de tres y cuatro años de prisión contra cuatro jóvenes, a los que acusaron de lanzar cócteles molotov contra un jeep y viviendas de los jefes de la Policía y la Seguridad del Estado en el municipio villaclareño de Encrucijada, el 18 de noviembre del año 2022. Ninguno de los cuatro condenados superan los 30 años de edad.
Las otras dos magistradas del Tribunal, consignadas en la sentencia expedida el 8 de mayo de 2024, fueron Marlenis Toriza Rivero y Ana Ivis Rodríguez Rodríguez.
Las pruebas en el juicio se sustentaron en la retractación de la confesión de uno de los acusados y los dichos de la Seguridad del Estado. Cuba es un Estado donde no existen las garantías necesarias para el debido proceso, como han denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones.
Desde Cuba, Ana Iris Pedraza Balero, madre de Luis Ernesto Medina Pedraza, uno de los condenados, manifestó sus deseos de que Estados Unidos no le permita a esta funcionaria beneficiarse de los beneficios migratorios que otorga ese país.
“Pienso que no se le debe conceder [el asilo político] porque ella utilizó su cargo para cometer las injusticias más grandes y más atroces del mundo. Aquí está el caso de estos cuatro muchachos: abusó de su cargo, abusó de su poder y ahora quiere vivir libremente y a plenitud, sin pagar por nada de lo que hizo”, dijo la señora.
“Eso es muy injusto. Por lo tanto creo que si en el mundo debe haber justicia, se le debe aplicar a ella bien aplicada y no dejarla entrar a ese país”, argumentó.
El proceso legal que debe seguir la jueza
El Parole Humanitario es un programa implementado por la administración del presidente Joe Biden que requiere que un patrocinador se haga cargo de las personas que pide en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Una vez aprobado el solicitante, su patrocinado realiza un proceso de verificación y obtiene un permiso de vuelo para llegar a Estados Unidos. En el puerto de entrada es entrevistado por un funcionario que puede negarle el parole, como en este caso, o aprobarlo.
De acuerdo con la abogada de inmigración Rosaly Chaviano, la jueza González Pedraza tendrá que demostrar ante un juez que corre peligro si es deportada a Cuba.
“En cualquiera de los casos, la solicitante de asilo tendrá que comparecer ante un juez y probar que tiene motivos legítimos de persecución en Cuba. El juez puede creerle y otorgarle el asilo o puede ordenar su deportación expedita a Cuba”, explicó.
Martí Noticias constató que González Pedraza eliminó una cuenta en redes sociales donde compartía regularmente propaganda a favor del régimen cubano.
“Su proceso es mucho más difícil que si le hubiesen otorgado un parole humanitario en el aeropuerto, porque entonces podría ajustarse bajo la Ley de Ajuste Cubano y obtener su residencia”, añadió.
Su primo, el patrocinador, no está de acuerdo
El patrocinador de González Pedraza explicó la semana pasada a Martí Noticias cómo procedió con esta reclamación.
“Hoy he hablado cuatro veces con inmigración. Le han hecho un daño irreparable al incluirla en la base de datos de represores cubanos. Ella es una mujer cristiana que solo cumplía con su trabajo”, dijo Castellón vía telefónica.
El entrevistado se refiere al listado de la Foundation for Human Rights in Cuba (FHRC, Fundación para los Derechos Humanos en Cuba), que recoge denuncias de residentes en Estados Unidos que desean denunciar a presuntos represores en la isla.
FHRC señala en su sitio web que la confección del listado busca "detener, reducir y erradicar la violencia y la arbitrariedad por razones políticas, económicas, sociales, culturales, de credo, raza u orientación sexual y así contribuir a facilitar la convivencia en la Cuba futura".
El patrocinador aseguró que el hermano de la jueza llegó la semana pasada vía parole humanitario y que piensa demandar a quienes la han tildado de “represora”.
Según Castellón, su prima había condenado “solamente” a cuatro años a los jóvenes en vez de ocho, como pedían las autoridades.
“Esos policías pasan la misma hambre que todo el mundo en el pueblo”, dijo, justificando las condenas.
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