El Tribunal Provincial de Camagüey juzgará la próxima semana a catorce residentes de la ciudad de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, que salieron a protestar en agosto de 2022 por los prolongados apagones y en reclamo de libertad y una mejor calidad de vida.
“El juicio lo planificaron, nuevamente, porque varias veces lo han suspendido, los días 6, 7 y 8 de diciembre”, confirmó a Martí Noticias, Daimarelis Echeverría Bielsa, esposa de uno de los encausados, José Armando Torrente.
“Se realizará en la ciudad de Camagüey en la Sala de los Delitos contra la seguridad del Estado”, dijo.
La Fiscalía solicita quince años de privación de libertad por Sedición, Resistencia, Atentado y Desórdenes públicos para Mayelín Rodríguez Prado, (La Chamaca), Ediolvis Marín Mora, Jimmy Jhonson Agosto y José Armando Torrente Muñoz. Para Lisdan Cabrera Batista, once años.
El órgano acusatorio pide a Yennis Artola del Sol, Daiver Leyva Velez, Keiler Velázquez Medina, Meikel de Jesús Menéndez Vargas, Frank Alberto Carrión Suárez, Fray Pascual Claro Valladares, Yanelis Valladares Jaime y Lázaro Alejandro Pérez Agosto, diez años de prisión, para cada uno, por los mismos delitos.
Wilker Álvarez Ramírez enfrenta una petición de cuatro años de prisión por encubrimiento de sabotaje.
En las protestas de Nuevitas, que se desarrollaron el 18 y 19 de agosto de 2022, los manifestantes pedían a gritos el fin de los cortes de electricidad, "¡Libertad!" y "¡Patria y vida!".
Los cuerpos represivos del régimen, compuestos por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Brigadas de Respuesta Rápida y las Tropas Especiales conocidas como “Boinas Negras”, utilizaron fuerza excesiva que quedó documentada en numerosos videos divulgados en las redes sociales.
Los principales argumentos para las altas condenas pedidas por la Fiscalía están basados en el presunto involucramiento de los imputados con grupos de Whatsapp y sitios de “connotada posición anticubana” que incitaron a los ciudadanos “a realizar acciones contrarrevolucionarias y violentas encaminadas a desestabilizar el sistema sociopolítico refrendado en la Constitución de la República”.
“…incitados [sic] en las redes sociales fundamentalmente en los grupos de Whatsapp apagón y Luz Nuevitera, numerosas personas salieron a las principales calles (…) exigiendo que se restableciera el fluido eléctrico que de manera programada había sido suspendido”, detalla la petición fiscal.
El grupo Justicia 11J registró en ese momento hasta 42 detenidos, y Amnistía Internacional se pronunció a favor de la libertad de los manifestantes encarcelados.
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