El hecho de que un grupo de juristas internacionales se hayan concertado para procesar a los criminales del régimen castrista es una decisión que debería contar con el respaldo de todos los que aman la libertad y el derecho por encima de cualquier otra consideración, un empeño en el que el Directorio Democrático Cubano está dando un ejemplo, porque desde la constitución de esta entidad, la ha apoyado sin restricciones.
La Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo “JusticiaCuba” que preside el jurista mexicano René Bolio y otros juristas de diferentes nacionalidades, se ha impuesto la tarea de presentar con evidencias concretas el carácter criminal del régimen insular y de sus personeros, un proyecto que permitirá exponer de manera irrefutable los actos delictivos en los que ha incurrido el castrismo para controlar a Cuba.
Durante estos casi 60 años de dictadura numerosas organizaciones cubanas y extranjeras, así como individuos sin filiación, han asumido la tarea de denunciar las sistemáticas violaciones del régimen a la dignidad humana, pero la Comisión que nos ocupa acomete esta faena desde la perspectiva de recabar pruebas sobre los diferentes crímenes de la dinastía cubana a través de toda su trayectoria, una tarea trascendente pues se dispone a recurrir a las autoridades internacionales para demandar con elementos probatorios las transgresiones de los personeros del régimen y sus sicarios.
Hasta el presente ha recogido pruebas de numerosas víctimas, como fue la declaración sobre la masacre de La Ceiba, Trinidad, 1963, que prestó el ex prisionero político Aldo Chaviano, que describió como testigo de excepción la ejecución de 21 guerrilleros que hacía casi tres años estaban en prisión, el alegato sobre la rastra de la muerte, 1961, en la que murieron por asfixia nueve expedicionarios de la Brigada de Asalto 2506 y el testimonio de Jorge A. García, que perdió 14 familiares, entre ellos un hijo y un nieto, por el hundimiento del remolcador "13 de marzo", en julio de 1994.
La Comisión ha recaudado información sobre acciones criminales de algunos de los máximos personeros del régimen, al extremo que ha acusado a 42 sujetos de crímenes de lesa humanidad y solicitado a la Interpol que coloque a los imputados en su "lista roja".
Por otra parte Bolio y sus colegas no solo enfocan sus investigaciones en los jerarcas del régimen sino también, en los muchos esbirros y cómplices de menor cuantía que a través de los años han participado directamente en las depredaciones gubernamentales. La Comisión al parecer tiene la consideración de que todo el que participe en un crimen es responsable de los cargos que se deriven de sus acciones.
La Comisión que además de Bolio está integrada, entre otros, por la abogada costarricense María del Milagro Méndez, el español Víctor Manuel Zalba, el dominicano Hipólito Ramírez, el sirio americano Maher Nana, el uruguayo Martin Elgue, el peruano Jorge Villena, la italiana Ana María Cervonne, el venezolano Martín Paz, y el expreso político chino Yang Jianli, insta a todos los ciudadanos cubanos dentro y fuera de la isla a que denuncien el quebrantamiento de sus derechos o el de cualquier otra persona de parte de los servidores de la dictadura castrista.
Una de las prácticas más criminales de la dictadura castrista fue mantener al pueblo en la ignorancia de cuáles eran sus derechos, por eso es prudente agregar que la Comisión exhorta a todos los cubanos que fueron recluidos en los Pueblos Cautivos, en la UMAP, en los tristemente famosos planes de trabajo esclavo de las Brigadas Johnson y Jacqueline, a los atormentados por el trabajo forzado en los campos de concentración, a todos los que padecieron discriminación por sus ideas religiosas o políticas, a los que fueron víctimas de torturas y golpizas, a aquellos que fueron sometidos a tratamientos psiquiátricos por discrepar con el gobiernos, a los familiares de los desaparecidos y de los asesinados en el paredón de fusilamiento, a que presten su testimonio para cuando sea oportuno los victimarios de la dictadura sean sometidos a juicio y condenados en caso de que sus delitos así lo demanden.
