La policía política amenazó este jueves al periodista independiente Julio Aleaga Pesant con llevarlo a prisión bajo la Ley de Peligrosidad Social Predelictiva, denunció el comunicador a Radio Televisión Martí.
“La citación fue un ejercicio pleno de criminalización de la oposición democrática. Es parte de estos designios donde un jefe de sector de la policía nacional se pliega a los intereses de la Seguridad del Estado”, afirmó.
Los agentes policiales advirtieron a Aleaga Pesant que transmitiera al resto de los miembros de la oposición que no tolerarán ninguna manifestación disidente.
“La prensa independiente y el modo en que está cubriendo la realidad nacional son uno de los focos más importantes para la Seguridad del Estado”, precisó.
Añadió que sobre mí “pende que se cumpla la amenaza principal, que es aplicarme la Ley de Peligrosidad Social Predelictiva”.
Aleaga fue interrogado, por tercera vez este mes, en la estación policial ubicada en la intercepción de las calles Zapata y C en el reparto de El Vedado, en La Habana.
“En lo que va de año la policía política me ha citado seis veces, siempre con la intención de intimidarme a mí y a mi familia. A esto se incluye una detención arbitraria el pasado 5 de marzo”, afirmó.
“En todos los casos -comentó- he tratado de dejar bien clara cuál es mi posición, en base a mantener la independencia del ciudadano respecto al omnímodo poder del Estado”.
También este jueves fue detenida por algunas horas en la Tercera Unidad de la PNR de Camagüey la reportera de la agencia independiente Palenque Visión, Yadisley Rodríguez Ramírez.
En la estación le hicieron dos cartas de advertencia: una por hacer denuncias y otra por usurpación de funciones, denunció Rodríguez Ramírez en un video difundido por el medio digital ADNCuba.
La usurpación de funciones, un delito por el que, frecuentemente, la policía política amenaza a los informadores independientes, se refiere al ejercicio del periodismo fuera de los medios oficiales.
La escalada represiva contra los periodistas independientes se ha intensificado en el 2020, durante el cual han sido amenazados u hostigados de diferentes formas al menos 27 comunicadores, como ha documentado la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, una organización con sede en la capital cubana.
Entre las herramientas más empleadas por los órganos represivos se cuenta la retención involuntaria en las viviendas, vigilancia, prohibición de salida del país y la aplicación del Decreto 370, que permite decomisar medios de trabajo e imponer multas de hasta 3.000 pesos a aquellas personas que difundan "información contraria" a los intereses del régimen.
Por este concepto, fueron sancionados, entre otros, los periodistas Boris González Arenas e Iliana Hernández, ambos residentes en La Habana.
Asimismo, la Seguridad del Estado instrumenta procesos penales por delitos comunes, como el seguido contra Roberto de Jesús Quiñones, preso por “resistencia y desobediencia a la autoridad”, y el más reciente contra Yanier Joubert, condenado a tres años de privación de libertad bajo la Ley de Peligrosidad Social Predelictiva. Los dos periodistas son de la ciudad de Guantánamo.
El Comité de Protección a los Periodista (CPJ, por su nombre en inglés) mantiene a Cuba como el país donde hay más censura de prensa en Las Américas y uno de los 10 peores en todo el mundo.
