Las mujeres activistas, periodistas independientes y familiares de presos políticos son las víctimas más visibles de la ciberviolencia de género en Cuba.
“Muchas veces cuando una mujer expresa su opinión, o denuncia abusos, enfrenta campañas de hostigamiento que pueden incluir insultos misóginos, sexualización y humillación pública, amenazas directas o veladas, difusión de datos personales —doxing en inglés—”, indicó a Martí Noticias, Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT).
La violencia digital amplifica los modelos de violencia política contra las mujeres e incluye la fabricación de hechos para desacreditarlas y el uso de perfiles, a veces anónimos, coordinados por la Seguridad del Estado, con la intención de silenciarlas y aislarlas.
“Este patrón suele operar como una forma de castigo social. Hay que subrayar esto: no solo se debate lo que la mujer dice, sino que se intenta destruir su credibilidad y su vida cotidiana”, recalcó la experta.
Uno de los casos más difundidos fue el de Amelia Calzadilla, que fue objeto de diversas modalidades de violencia digital y campañas de desprestigio orquestadas desde su salto a la esfera pública en 2022.
Calzadilla ha sufrido intentos de dañar su reputación mediante acusaciones contrapuestas, que la acusan tanto de ser agente de la Seguridad del Estado como de ser una "mercenaria antipatriota".
En diciembre de 2025, denunció públicamente la creación de un grupo falso en Facebook que utilizaba su nombre e imagen sin autorización para difundir contenido contrario a sus principios y denigrar su labor.
Según la activista, asilada en España, ha recibido mensajes intimidatorios de presuntos agentes de la Seguridad del Estado a través de WhatsApp, desde recordatorios sobre la imposibilidad de que vuelva a entrar en la isla como agresiones verbales.
Del mismo modo ha sido blanco de violencia estatal a través de programas oficiales como Con Filo, que utilizan medios digitales y televisivos para ataques personales.
La violencia cibernética por razones de género incluye hostigamiento, amenazas, difamación, extorsión, vigilancia, la difusión no consentida de información o imágenes y el ciberbulling que refleja problemas sociales en el entorno digital.
En diciembre de 2024, Lisnet Guzmán de la Cruz, una adolescente de 15 años de la comunidad de El Cristo, en Santiago de Cuba, se quitó la vida tras el ciberacoso y difamación sufridos en redes sociales.
“No es virtual en el sentido de irreal, sino que tiene consecuencias concretas en la seguridad, la salud mental, la reputación, el empleo, los vínculos familiares y la participación pública de las féminas”, aseguró Álvarez.
Aunque hay poca información sobre el ciberacoso de género en la isla, el flagelo afecta a todas. Algunos estudios muestran que las mujeres entre 20 y 44 años son más vulnerables, en especial las mujeres de raza blanca.
“Puede funcionar como una herramienta de control en el ámbito íntimo, parejas o exparejas que vigilan, amenazan o chantajean a través del teléfono y las redes. Nos hemos encontrado, que en algunos de los feminicidios que se han reportado, el agresor, el feminicida, tenía acceso al perfil y a las contraseñas de la víctima”, detalló la investigadora.
“Y esto es bastante grave, porque indica que, antes de ocurrir el feminicidio, había ya violencia sistemática expresada, claramente, en el control de las redes sociales de la víctima”, puntualizó.
La especialista recordó la ausencia de una ley integral contra la violencia de género en Cuba, la falta de protocolos públicos eficaces de protección y la escasa transparencia institucional, que deja a las víctimas carentes de “rutas seguras de denuncia y acompañamiento”.
“Además, hemos detectado, que cuando se da a conocer un feminicidio, en los procesos de revictimización, también ocurre un proceso de violencia digital, como que a la víctima se la vuelve, de alguna manera a asesinar en los comentarios de las personas tratando culparla, de decir que ella se buscó esa muerte”, expresó Álvarez.
La ciberviolencia de género y la trata de personas son fenómenos interconectados en Cuba, que carecen de una legislación eficaz y completa alineada con estándares internacionales.
Recientemente, se dio a conocer la desaparición en Moa, Holguín, de dos adolescentes, luego de que el padre de una de ellas denunciara públicamente que la menor salió hacia la escuela y nunca regresó a casa.
En conversación con nuestro medio, el padre advirtió sobre la posible implicación de adultos en la atracción de menores de edad para fines ilegítimos y afirmó que el presunto tratante podría ya estar detenido. No obstante, dijo que aun no tenía noticias de su hija.
“Las organizaciones de derechos humanos tienen que alertar sobre el peligro que corre, sobre todo los adolescentes y las niñas que pueden ser captadas por pederastas y por potenciales agresores a través de estas redes sociales”, precisó Álvarez.
“Hay que decir que no hay estadísticas oficiales, ni investigaciones públicas transparentes que permitan cuantificar, demostrar una relación sistemática, pero lo que sí existe son alertas y testimonios familiares que reportan contactos previos por redes o mensajería de mujeres y menores desaparecidas; lo cual obliga a tratar el tema como un riesgo real que requiere investigación, prevención y mecanismos de búsqueda temprana”.
“Como cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, la violencia digital es una realidad, sobre todo en aquellas que participan en la esfera pública”, apuntó la directiva de OGAT.
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