Juliet Michelena hizo un par de fotos a policías que azuzaban sus perros contra unos ciudadanos en La Habana Vieja, las publicó y a los pocos días fue detenida sin motivo. Hoy lleva cinco meses presa y en un limbo legal.
Uno de los casos más conocidos en los últimos tiempos es el de la Dama de Blanco Sonia Garro Alfonso, dos años sin juicio y con un proceso lleno de baches y curvaturas jurídicas, varias decenas más de activistas políticos en Cuba engrosan las listas de ‘pendientes’, pero se pudren en las cárceles y centros de detenciones. La abogada independiente Laritza Diversent Cámbara cree que es un flagelo para toda la sociedad, pero en el caso de los opositores, todo es más difícil. Así lo explicó para el programa Contacto Cuba, de Radio Martí.
“Entre el proceso investigativo y la petición fiscal, la Ley de Procedimiento Penal da un término de 60 días, pero si las investigaciones aún no están completas se puede extender hasta seis meses, pues el jefe provincial del MININT o el jefe de la Fiscalía provincial pueden conceder un nuevo término del expediente de fase preparatoria y en ese caso la ley no especifica ningún término preciso”, indica Diversent, abogada responsable de Cubalex, una consultoría independiente que asesora en temas legales a los ciudadanos.
Diversent hace énfasis en la elasticidad de la ley, cuando se trata de los que se oponen al gobierno. “Lo mismo puede ser que esté en tramitación un año, dos o cinco. En el caso de los disidentes es bastante complicado, porque además el órgano de instrucción en muchos casos es la Seguridad del Estado”.
El proceso de instrucción se dilata, las instituciones no responden, y cuando se trata de alguien que se opone al gobierno afloran los pretextos en pos de la seguridad nacional.
“La ley prevé que los acusados y sus abogados no tendrán acceso a las actuaciones correspondientes a la fase preparatoria oral mientras estás se estén practicando, por razones de seguridad estatal”, señala Diversent Cámbara.
Desde juicios sumarios, con fusilamientos o largas penas como resultados, hasta una simple detención arbitraria, el procedimiento penal cubano aparece rasgado por herramientas bien afiladas, pero lo peor perece ser la indefensión a que son sometidas las personas. La joven abogada ofreció una respuesta precisa.
“Hasta que no haya una petición fiscal y el tribunal no acepte esa causa, el acusado, a través de su abogado no puede ver cuáles son los cargos en su contra, eso es una violación grave a las garantías del debido proceso”.
Sin embargo, contrario a los que esgrimen los opositores en sus constantes denuncias ante medios de prensa independiente, los actores de la represión pública se sienten con toda libertad para ejercer la coacción. “En la ley de procedimiento Penal está ausente la orden de detención, y en el caso de los disidentes pues lo hacen amparados en lo ‘que no dice la ley’.
Consultada sobre el caso específico de Michelena Díaz, la licenciada Diversent concluyó: “Fue una detención arbitraria, Cuba es firmante de la Declaración Universal (de los derechos Humanos) y firmó los Pactos (internacionales de DD.HH), aunque no los ha ratificado, pero tiene el compromiso de hacerlos cumplir dentro del país. Por tanto, estamos en un supuesto completo de violación de los derechos humanos”.
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José A. Sires Ramallo se desempeña como activista de derechos humanos, es esposo de Juliet Michelena Díaz y la visita cada semana en la Prisión de Mujeres de Occidente (PMO), conocida como Manto Negro.
A cinco meses de su encarcelamiento, hace una actualización del caso de su esposa: “Está acusada de Atentado, con respecto a una persona con la cual nunca tuvo contacto, eso es una justificación para poderla tener presa. Está siendo atendida por el abogado Manuel Palmero Pérez, quien dice puso (solicitó) un nuevo cambio de medida y el expediente lo volvieron a subir para Fiscalía General, en consulta. Ya ocurrió una vez y mientras ese expediente esté en consulta el abogado no puede hacer trámite ninguno”, expresó apesadumbrado el joven opositor.
Michelena fue detenida el 7 de abril en su casa en un arresto violento donde “trataron de fracturarle los dedos”, mientras la conducían a la unidad policial, indica Sires Ramallo.
“Cuando logramos ir al Vivac estaba con la ropa ripiada, prácticamente desnuda”, recuerda.
Los familiares han dicho que las condiciones en la prisión son pésimas, y Ramallo confirma que Michelena “debutó con asma bronquial… le han salido granos en las axilas debido a los calores y el sudor y ha tenido careos fuertes con militares del lugar porque son muy represivos y a veces le han ofendido. Y ella no acepta esas cosas.”
En cuanto al limbo legal del que también habló la abogada Diversent, el esposo de Michelena concluye: “Ella está ‘pendiente’, junto a presas que ya están sancionadas”.
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Marta Beatriz Roque Cabello, directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios (RCCC ), habla con firmeza del ensañamiento contra Michelena Díaz. “Ella desconoce hasta la persona que la acusa, o sea, que ha sido todo provocado por la SE para poderla sancionar por su actividad dentro de la RCCC. El gobierno no responde, es irrespetuoso con los opositores, pues nos multiplica por cero y no contesta siquiera las quejas que hacemos”, señala.
Sonia Garro Alfonso es una Dama de Blanco que lleva dos años sin juicio. Junto a su esposo Ramón A. Muñoz está acusada de tentativa de asesinato que le podría acarrear más de diez años de condena, pero no hay una decisión judicial en su caso.
En meses pasados se pudo conocer que Garro Alfonso tuvo un ingreso en un hospital debido a un sangramiento vaginal y padece de infecciones renales. Amnistía Internacional ha acogido su caso para exigir su liberación al régimen castrista, pero hasta ahora sigue entre rejas, y como su sus abogados han solicitado cambios de medida, el proceso sigue a la espera de una desición gubernamental.
Haydeé Gallardo Salazar está presa desde el día 26 de mayo de 2014. Un día salió de sus casa en La Habana junto a su esposo, Ángel Figueredo Castellón, un hijo de ambos y otros disidentes a reclamar porque la policía había apresado al opositor José Díaz Silva, presidente del Movimiento “Opositores por una Nueva República”, luego fue detenida y la han hecho pasar por un laberinto jurídico parecido.
No hay juicio, no hay respuesta de la fiscalía. “De las autoridades, nadie me ha llamado, nadie dice nada… a ellos tampoco les han informado nada. Mi papá me dijo que en los papeles de traslado hacia la prisión estaba (el delito) desorden público”, dijo a martí Noticias su hijo Reinier Figueredo.
