Las sentencias firmes de 14 participantes de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba fueron entregadas a inicios de esta semana, dos meses después de ser condenados hasta a 10 años de prisión.
El Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo los encontró culpables por los delitos de "desórdenes públicos, desacato, atentado e instigación a delinquir”.
Los acontecimientos por los que fueron juzgados los 14, la mayoría de ellos jóvenes, se desarrollaron en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, de acuerdo con el documento fechado el 30 de septiembre, al que Radio Televisión Martí tuvo acceso.
“A la vista solo podía entrar una persona y los militares y civiles de la Seguridad del Estado se encargaban de que no hubiera nadie cerca del edificio donde los estaban juzgando”, dijo la activista Yamilka Laffita, la conocida Lara Crof de las redes sociales, quien es amiga cercana de Eliézet Sesma, uno de los procesados.
“Eran tres días de juicio, pero lo concluyeron en dos. Como siempre, una farsa, todo un montaje. No pudieron probar nada, muy por el contrario, se demostrarían una serie de incongruencias y arbitrariedades por parte de los testigos de la policía. Pero la sentencia se la entregaron a Eliézet más de un mes después. Él fue juzgado con otros 13 muchachos”, indicó Laffita.
Se trata de:
- Cecilio Valdés Torres, Geovany García Soto y Harold Lázaro Guardiola Cartaya, sentenciados a 10 años de privación de libertad cada uno;
- Andy Boza Padrón, Yunior Consuegra Sotolongo, Harlen Oropesa Carrero y Eliézet Sesma Diago, sancionados a 9 años;
- Rafael Guerra Godínez y Christian Sergio Cruz Mitjans, a 8 años;
- Ciro Ernesto Lamorruz Soto y Carlos Cabrera Velázquez, a 7 años;
- Raidel Núñez Castro, a 3 años;
- y Pedro Bárbaro Santos Fernández y Jesús Kevin Blanco Martiñán, a 5 años de trabajo correccional sin internamiento.
Los acusados y otro grupo de personas no identificadas se juntaron para hacer una manifestación “por supuestas insatisfacciones, pero no de forma organizada y legal sino de forma violenta y agresiva”, reza el legajo y añade:
“Mediante las redes sociales, en las que se convocaba a realizar estas aglomeraciones y marchas para promover la desobediencia, el irrespeto y actos de violencia contra las autoridades teniendo en conocimiento” la crisis epidemiológica por la pandemia y el desabastecimiento debido al “bloqueo” de Estados Unidos.
Según el pliego de sentencia que está en fase de apelación, los acusados "vociferaron frases y consignas despectivas y ofensivas" contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y la Policía, y lanzaron piedras contra los agentes del orden.
En la mayoría de los casos la petición de la fiscalía fue similar a las sanciones confirmadas.
“Hay una inconformidad muy grande con los dictámenes, hasta por parte de los abogados. Ahora están gestionando que la Apelación sea en juicio oral y no por escrito como otras que han hecho”, señaló Maidelín Padrón, madre de Andy Boza Padrón.
“Todos estamos descontentos por la forma en que se llevó a cabo el proceso: como si fueran criminales y no lo son. Al juicio solo pude entrar yo, al padre no lo dejaron porque era una sola persona. Los familiares teníamos que estar a varias cuadras del juzgado hasta que nos fueron a buscar para que presenciáramos el juicio”.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado estos procesos, arguyendo falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas.
En ese sentido el Tribunal Supremo de Cuba asegura que se ha observado el debido proceso en todas las causas abiertas a raíz del 11J. Pero ni los medios extranjeros ni la prensa independiente han tenido acceso a los juicios.
El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex y el grupo Justicia 11J han verificado alrededor de 600 sentencias, tras las protestas del año pasado año.
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