A pocas horas de que entre en vigor el Decreto-Ley que prohíbe a los cuentapropistas la venta de productos importados, que afecta aproximadamente a unos 20,000 pequeños negocios, parecen esfumarse las esperanzas de que el gobierno revoque la medida.
El gobierno de Raúl Castro prohibió a principios de octubre la venta de ropa, calzado y otros artículos traídos por personas que viajan al exterior, alegando que no existe licencia comercial para esa actividad.
"Me pregunto si no sería más fácil aprobar al cuentapropismo que vende ropa importada que lanzar esta actividad al mercado negro", escribió en su cuenta Twitter, Yohandry, un seudónimo que los opositores atribuyen a la inteligencia cubana.
Marta Elena Feitó, viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, aseguró que la venta de esos productos constituirá una infracción y llevará la aplicación de una contravención a quien realice esa actividad. Su asesor, José Barreiro, advirtió que "la medida entró en vigor para su ejecución inmediata", según lo descrito en el Reglamento del trabajo por cuenta propia y en el Código Penal.
A pesar de las protestas y propuestas realizadas por los cuentapropistas en algunas importantes ciudades del país, la medida no ha cambiado, aunque su “ejecución inmediata” fue pospuesta varias semanas. Al final, este viernes primero de noviembre, entrará en vigor el reglamento que prohíbe la venta de ropa, calzados, tejidos extrajeros y útiles del hogar, comprados en el extranjero. Para el 8 de diciembre se anuncia que los productos de bisutería correrán igual suerte.
La prensa oficial ha respaldado la medida en numerosos artículos que justifican la prohibición alegando que muchos de esos productos eran fruto de la corrupción y el acaparamiento. El más novedoso, publicado este jueves en el portal oficial CubaSi, asegura que los jóvenes cubanos “hoy no se visten adecuadamente en las diferentes ocasiones de la vida cotidiana como resultado del abuso de la ropa deportiva”, por su proliferación en esos pequeños mercados privados.
Sin embargo Gladys Egües, especialista en cultura del vestir en la Editorial de la Mujer que integra las revistas Mujeres y Muchachas, tiene una visión diferente.
“Aproximadamente medio millón de prendas de diseñadores eran fabricadas en un año por la Industria Ligera en las décadas de los 70 y 80”, aseguró Egües. “Ahora, la Unión de Confecciones Textiles produce 50 mil piezas, de las cuales solo el siete por ciento es ropa que se comercializa en la red de tiendas recaudadoras de divisas y el resto son piezas de uniformes”, agregó.
Para asegurarse que los pequeños comerciantes estén informados de la medidas, los gobiernos locales han empleado distintos métodos.
El periodista Alejandro Rodríguez Rodríguez, dijo en su blog personal Alejo 3399 que en la ciudad de Camagüey alguien “tuvo la brillante idea de citar a los sastres o modistos y a los vendedores de artículos útiles del hogar para leerles en sus propias caras el párrafo de la resolución que a cada quien le correspondía, tras lo cual debieron firmar un papel como constancia de que habían sido informados de las nuevas disposiciones. Y uno se pregunta entonces ¿estamos en el kindergarten o jugando Monopolio o qué? (…)
“Cuando se trata de exigir deberes, leer la ley a las personas no puede hacerse sino en tono coercitivo, y no puede ser sino reflejo de que hasta las propias autoridades dudan de la legitimidad natural de las mismas. Ya quisieran muchos cubanos que a alguien se le ocurriese una idea similar respecto a nuestros derechos constitucionales, por ejemplo”, subrayó Rodríguez.
El gobierno de Raúl Castro prohibió a principios de octubre la venta de ropa, calzado y otros artículos traídos por personas que viajan al exterior, alegando que no existe licencia comercial para esa actividad.
"Me pregunto si no sería más fácil aprobar al cuentapropismo que vende ropa importada que lanzar esta actividad al mercado negro", escribió en su cuenta Twitter, Yohandry, un seudónimo que los opositores atribuyen a la inteligencia cubana.
Marta Elena Feitó, viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, aseguró que la venta de esos productos constituirá una infracción y llevará la aplicación de una contravención a quien realice esa actividad. Su asesor, José Barreiro, advirtió que "la medida entró en vigor para su ejecución inmediata", según lo descrito en el Reglamento del trabajo por cuenta propia y en el Código Penal.
A pesar de las protestas y propuestas realizadas por los cuentapropistas en algunas importantes ciudades del país, la medida no ha cambiado, aunque su “ejecución inmediata” fue pospuesta varias semanas. Al final, este viernes primero de noviembre, entrará en vigor el reglamento que prohíbe la venta de ropa, calzados, tejidos extrajeros y útiles del hogar, comprados en el extranjero. Para el 8 de diciembre se anuncia que los productos de bisutería correrán igual suerte.
La prensa oficial ha respaldado la medida en numerosos artículos que justifican la prohibición alegando que muchos de esos productos eran fruto de la corrupción y el acaparamiento. El más novedoso, publicado este jueves en el portal oficial CubaSi, asegura que los jóvenes cubanos “hoy no se visten adecuadamente en las diferentes ocasiones de la vida cotidiana como resultado del abuso de la ropa deportiva”, por su proliferación en esos pequeños mercados privados.
Sin embargo Gladys Egües, especialista en cultura del vestir en la Editorial de la Mujer que integra las revistas Mujeres y Muchachas, tiene una visión diferente.
“Aproximadamente medio millón de prendas de diseñadores eran fabricadas en un año por la Industria Ligera en las décadas de los 70 y 80”, aseguró Egües. “Ahora, la Unión de Confecciones Textiles produce 50 mil piezas, de las cuales solo el siete por ciento es ropa que se comercializa en la red de tiendas recaudadoras de divisas y el resto son piezas de uniformes”, agregó.
Para asegurarse que los pequeños comerciantes estén informados de la medidas, los gobiernos locales han empleado distintos métodos.
El periodista Alejandro Rodríguez Rodríguez, dijo en su blog personal Alejo 3399 que en la ciudad de Camagüey alguien “tuvo la brillante idea de citar a los sastres o modistos y a los vendedores de artículos útiles del hogar para leerles en sus propias caras el párrafo de la resolución que a cada quien le correspondía, tras lo cual debieron firmar un papel como constancia de que habían sido informados de las nuevas disposiciones. Y uno se pregunta entonces ¿estamos en el kindergarten o jugando Monopolio o qué? (…)
“Cuando se trata de exigir deberes, leer la ley a las personas no puede hacerse sino en tono coercitivo, y no puede ser sino reflejo de que hasta las propias autoridades dudan de la legitimidad natural de las mismas. Ya quisieran muchos cubanos que a alguien se le ocurriese una idea similar respecto a nuestros derechos constitucionales, por ejemplo”, subrayó Rodríguez.
