Cubanos en la isla han denunciado que son víctimas del acoso de las autoridades para que no puedan comentar en las redes sociales sobre la situación que vive el país.
En conversación con Radio Televisión Martí, explicaron que el régimen trata de impedirlo con multas, amenazas y cortes de sus líneas telefónicas.
José Aguiar González, residente de Cienfuegos, afirmó que fue multado con 3.000 pesos, bajo el Decreto Ley 360 Artículo 70 Inciso I, por grabar un video que luego se publicó en internet, donde mostró las penurias de los desamparados y el gran riesgo de contagio por coronavirus en la región.
Aguiar González amplió que no pertenece a ningún grupo disidente pero simpatiza con ellos, y por esa razón entregó al opositor Raúl González la grabación "para que se conozca la verdad" de lo que ocurre ante el avance del coronavirus.
El activista William Tamayo afirmó el pasado viernes en el programa Cuba al Día, del periodista de Radio Televisión Martí Tomás Cardoso, que en la localidad de Banes, en el norte de la oriental provincia de Holguín, los residentes son víctimas de violaciones de sus derechos ciudadanos.
Tamayo afirmó que "la Seguridad del Estado en complicidad con ETECSA (empresa telefónica)" interviene las líneas telefónicas y el acceso a internet de los opositores para que no puedan denunciar lo que ocurre en ese municipio.
Especificó que con las interrupciones del servicio de internet buscan que ellos no puedan publicar fotos de las inmensas filas que hace la población para comprar alimentos, en medio de la pandemia por coronavirus.
La Gaceta Oficial de la República de Cuba precisa que el Decreto-Ley 370, concerniente a la informatización de la sociedad civil en Cuba, sanciona con 3.000 pesos de multas a quienes difundan en redes públicas información contraria al "interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".
En las últimas semanas, varios activistas, periodistas independientes y ciudadanos en general que han mostrado en redes sociales fotos de aglomeraciones para comprar alimentos, han sido multados y advertidos por la policía política de que podrían ir a prisión.
