El gobierno cubano rechazó sugerencias que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo a la isla en los temas de libertad de expresión, acceso a internet y la garantía de libre acción a periodistas independientes, defensores de derechos humanos y opositores políticos, informa la agencia Notimex.
Con el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) se examina la situación de los derechos humanos de un país y los 47 estados miembros del más alto órgano de la ONU hacen recomendaciones al país en cuestión que se reserva el derecho de aceptar las recomendaciones del Consejo y anuncia cuáles analizará y cuáles no aceptará.
El informe de Cuba, divulgado este viernes, explica que el gobierno cubano rechazó “garantizar la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como la libre actividad de de los defensores de los derechos humanos, los periodistas independientes y los opositores del gobierno” al tiempo que descartó “eliminar las leyes que impiden la libertad de expresión o dejar de aplicarlas”.
El régimen de Raúl Castro se negó a asegurar que los activistas y periodistas independientes no serán intimidados, enjuiciados o detenidos arbitrariamente y se negó a poner fin a las detenciones de corta duración, al hostigamiento, y otras medidas represivas.
Por otra parte, en lo relacionado a la muerte del activista Oswaldo Payá y Harold Cepero, La Habana se negó a permitir investigaciones independientes sobre las circunstancias en que se produjo el accidente automovilístico en el que perdieron la vida porque considera que estas recomendaciones están "construidas sobre bases falsas” y “son intentos de desacreditar a Cuba por parte de quienes con sus ambiciones hegemónicas, se niegan a aceptar la diversidad y el derecho de libre determinación del pueblo cubano”.
Tampoco aceptaron las recomendaciones que asegurarían a todos los cubanos el acceso asequible y sin trabas al internet ni la autorización a medios de comunicación independientes.
El gobierno cubano tampoco expresó su deseo de poner fin a la utilización de cargos penales como “peligrosidad social predelictiva”, “desacato” y “resistencia”.
Sin embargo, Cuba ha tomado nota de las sugerencias sobre ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
Además tomó nota de las recomendaciones de cooperar con los mecanismos de la ONU y relatores especiales de libertad de expresión, defensores de derechos humanos y de independencia de jueces y abogados.
Con el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) se examina la situación de los derechos humanos de un país y los 47 estados miembros del más alto órgano de la ONU hacen recomendaciones al país en cuestión que se reserva el derecho de aceptar las recomendaciones del Consejo y anuncia cuáles analizará y cuáles no aceptará.
El informe de Cuba, divulgado este viernes, explica que el gobierno cubano rechazó “garantizar la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como la libre actividad de de los defensores de los derechos humanos, los periodistas independientes y los opositores del gobierno” al tiempo que descartó “eliminar las leyes que impiden la libertad de expresión o dejar de aplicarlas”.
El régimen de Raúl Castro se negó a asegurar que los activistas y periodistas independientes no serán intimidados, enjuiciados o detenidos arbitrariamente y se negó a poner fin a las detenciones de corta duración, al hostigamiento, y otras medidas represivas.
Por otra parte, en lo relacionado a la muerte del activista Oswaldo Payá y Harold Cepero, La Habana se negó a permitir investigaciones independientes sobre las circunstancias en que se produjo el accidente automovilístico en el que perdieron la vida porque considera que estas recomendaciones están "construidas sobre bases falsas” y “son intentos de desacreditar a Cuba por parte de quienes con sus ambiciones hegemónicas, se niegan a aceptar la diversidad y el derecho de libre determinación del pueblo cubano”.
Tampoco aceptaron las recomendaciones que asegurarían a todos los cubanos el acceso asequible y sin trabas al internet ni la autorización a medios de comunicación independientes.
El gobierno cubano tampoco expresó su deseo de poner fin a la utilización de cargos penales como “peligrosidad social predelictiva”, “desacato” y “resistencia”.
Sin embargo, Cuba ha tomado nota de las sugerencias sobre ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
Además tomó nota de las recomendaciones de cooperar con los mecanismos de la ONU y relatores especiales de libertad de expresión, defensores de derechos humanos y de independencia de jueces y abogados.
