Detrás de la histórica normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se encuentra una jugosa oportunidad económica para ambas partes en sectores como el turismo, aunque persisten importantes obstáculos, como el embargo comercial y las reclamaciones de propiedades confiscadas durante la revolución.
Para Cuba supone acceder al mercado de la primera economía global, mientras que para las empresas estadounidenses significa 11 millones de consumidores potenciales con enorme apetito por sus productos. La diferencia económica entre los anteriormente acérrimos enemigos es apabullante: El producto interior bruto (PIB) per cápita de Estados Unidos fue de $53.000 al año, frente a los poco más de $6.800 de los cubanos, de acuerdo con los datos del Banco Mundial (BM) correspondientes a 2013.
Hay que precisar, no obstante, que las comparaciones son complicadas, ya que Cuba cuenta con un doble sistema cambiario que desdibuja los indicadores económicos de la isla.
Estados Unidos es el cuarto exportador a La Habana, por detrás de China, España y Brasil, por valor de más de $450 millones en 2012, pero la gran mayoría de ellas comprenden productos agrícolas como la soja o el maíz y cárnicos como el pollo. Sin embargo, estos intercambios estaban fuertemente regulados y tenían notables restricciones financieras por parte estadounidense, lo que dificultaba las ventas.
En los últimos meses, el Tesoro de Estados Unidos ha anunciado medidas de flexibilización económica con Cuba, como la relajación de las restricciones de los viajes de los estadounidenses a Cuba y la ampliación del límite máximo de $500 a $2.000 por trimestre para el envío de remesas.
En 2013, las remesas desde Estados Unidos a Cuba alcanzaron los $3.500 millones en 2013 y, según datos oficiales, se calcula que cerca del 60% de los hogares de Cuba recibieron remesas.
Además, Estados Unidos permitió la exportación de materiales de construcción y herramientas o de equipos para la actividad agrícola privada, y se dio luz verde a las primeras empresas de ferry para iniciar el servicio de pasajeros entre Florida y Cuba. Precisamente, el turismo es un aspecto fundamental de las relaciones bilaterales, dado que constituye uno los principales cimientos de la economía cubana y generadora de divisas. Hasta ahora, los estadounidenses no pueden viajar a Cuba si no se enmarcan en una serie de categorías específicas relacionadas con la educación y el intercambio cultural, entre otras.
Pero la inminencia del cambio ha quedado patente con el anuncio por parte de la compañía de tarjetas de crédito Mastercard de suspender a partir de marzo el bloqueo de las transacciones en Cuba con tarjetas emitidas por bancos estadounidenses y, en paralelo, American Express anunció que planea operar en el país una vez que se hayan levantado algunas de las restricciones económicas.
Otra gran área de oportunidad, dados los enormes desafíos en infraestructura de la isla caribeña, es la inversión. Según un informe de Barbara Kotschwar y Gary Hufbauer, investigadores del centro de estudios Peterson Institute, los flujos de inversión directa extranjera en Cuba como resultado del proceso de normalización comercial y económica pasarían de los actuales $1.000 millones anuales a $17.000 millones.
Por su parte, el sistema sanitario cubano puede hacer de la isla un atractivo destino de retiro para los estadounidenses de la tercera edad.
Pese a los indudables efectos positivos del acercamiento bilateral, lo cierto es que permanecen obstáculos importantes que pueden hacer ralentizar las relaciones. En primer lugar, la cuestión del levantamiento del embargo comercial, algo que solo puede hacer el Congreso de Estados Unidos y que significaría la definitiva apertura comercial. También es una traba el espinoso caso de las reclamaciones de estadounidenses sobre propiedades confiscadas por parte del Gobierno revolucionario de Fidel Castro.
"El gran siguiente paso en las conversaciones es el de las reclamaciones de propiedades. Pero aún no hemos visto detalles", reconoció a Efe Ted Piccone, investigador sobre Latinoamérica del centro de estudios Brookings de Washington. De acuerdo con Piccone, casi 6.000 estadounidenses ya han presentado reclamaciones oficiales, que se elevan a una cifra "muy significativa" de entre $6.000 y $7.000 millones.
"Los cubanos no van a devolver las propiedades, habrá alguna compensación financiera, quizá apoyo preferencial de inversiones, pero no mucho más allá", pronosticó el experto.
