Un grupo de organizaciones de defensa de los derechos de la mujer firmó una petición conjunta en favor de la libertad de las presas políticas cubanas.
En una carta pública, los colectivos exigieron al Tribunal Supremo de Cuba la liberación inmediata, por razones humanitarias y de extrema vulnerabilidad, no solo de las presas políticas con problemas de salud, sino de todas las encarceladas por razones políticas.
“La situación de riesgo y vulnerabilidad en la que se encuentran las presas políticas, en medio de acendrados cortes de electricidad, precariedad alimentaria, brotes de dengue, exilios y destierros masivos, sigue conminando a toda la sociedad cubana a abogar por sus madres, tías, hermanas, primas, colegas, detenidas antes y después de las manifestaciones del 11 de julio del 2021”, refiere el comunicado de los grupos femeninos.
La misiva denuncia que en todo el territorio cubano hay 66 hospitales frente a los 545 centros de reclusión para mujeres, ya sea cárceles o centros de nuevo tipo.
“Firmamos esta carta con el objetivo de llamar la atención sobre el estado en que se encuentran las mujeres presas políticas cubanas. Sabemos que en Cuba se carece de condiciones imprescindibles de higiene, asistencia médica adecuada y las recluidas injustamente por su activismo político sufren aislamiento, humillaciones, torturas, golpizas y otros tipos de abuso, en los centros penitenciarios, con gravísimos efectos tanto para la salud como la integridad física”, indicó en conversación con Radio Televisión Martí, Iliana Álvarez, coordinadora de la plataforma Alas Tensas, con sede en España.
“Por supuesto, queremos la liberación de todas aquellas personas, más allá de su género, que están encarceladas y que están siendo reprimidas constantemente por el gobierno cubano, solamente por el hecho de pensar diferente, de manifestarse públicamente, de ejercer sus derechos, de querer ser libres”, recalcó Álvarez.
El llamado al máximo órgano de justicia cubano demanda que sean excarceladas, de inmediato, porque se hallan en una situación de grave riesgo, nueve de las cincuenta y dos mujeres que se encuentran en prisión por ejercer su legítimo derecho constitucional a expresarse en el espacio público. Ellas son:
-Lizandra Góngora Espinosa, sentenciada a 14 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, en Güira de Melena, Mayabeque. Es madre de cinco hijos.
-Angélica Garrido, sentenciada a 3 años en prisión por participar en las protestas del 11 de julio en Quivicán, Mayabeque, y que ha sufrido una parálisis parcial debido al maltrato físico recibido.
-María Cristina Garrido, sentenciada a 7 años de privación de libertad por haber participado en las protestas del 11 de julio en Quivicán, Mayabeque, que ha recibido, recurrentemente, humillaciones y golpizas.
-Brenda Díaz García, mujer trans recluida en una prisión para hombres, donde ha sufrido abusos sexuales y contra su identidad de género. Fue sentenciada a 14 años de privación de libertad por manifestarse pacíficamente el 11 de julio en Güira de Melena, Artemisa.
-Aymara Nieto Muñoz, dama de blanco residente en La Habana, que fue sentenciada a 5 años y 4 meses más de cárcel después de haber extinguido una sanción anterior. Madre de dos hijas menores de 10 años. Tiene problemas de presión arterial y de sacro lumbalgia.
-Sissi Abascal Zamora, dama de blanco que cumple una condena de 6 años de privación de libertad, por participar en las manifestaciones del 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas de Jovellanos, Matanzas. Tiene 24 años de edad. Ha sido colocada en varias ocasiones en un régimen de aislamiento, además ha sido intimidada por un coronel por ser una “presa negativa”.
-Tania Echavarría Menéndez, sancionada a 6 años de privación de libertad por participar en las protestas públicas del 11 de julio en Colón, Matanzas.
-Sayli Navarro Álvarez, dama de blanco que cumple una condena de 8 años de privación de libertad debido a su participación en las protestas populares del 11 de julio en Perico, Matanzas. En repetidas ocasiones ha sido incomunicada.
-Lázara Karenia González, que se encuentra gestando y ha sido diagnosticada con cardiopatía hipertensa, lo que pone su embarazo en peligro. Sentenciada a 3 años y 6 meses de trabajo correccional con internamiento por participar en las manifestaciones del 11J en Cárdenas, Matanzas.
“Contradictoriamente, las mujeres presas por el 11 de julio han sido las menos beneficiadas por las medidas que reducen o atenúan su encarcelamiento”, precisó desde Holguín, Susleidys Pérez Velázquez, de la Red Femenina de Cuba.
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