Organizaciones internacionales y regionales exigieron al Estado cubano que acate las 28 recomendaciones que rechazó del Examen Periódico Universal (EPU) relacionadas con la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y el desarrollo de elecciones “libres y limpias”, entre otros asuntos.
“Nos pronunciamos, hoy, condenando que el Estado haya rechazado 28 recomendaciones de otros países en las que se solicitaba, por ejemplo, la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y el hostigamiento contra las voces disidentes, el desarrollo de elecciones libres y el acceso de observadores independientes a los juicios y a las prisiones cubanas”, dijo a Martí Noticias Raúl Enrique Medina, del Centro del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, una de las suscriptoras de la declaración publicada este martes.
“Es muy peligroso que el régimen cubano demuestre tal rechazo por estas recomendaciones específicas en un contexto de renovado descontento social y manifestaciones en las calles como las que hemos visto este mes de marzo”, señaló.
“El gobierno no tiene cómo resolver las necesidades de la población y no tiene voluntad para hacer un cambio político, por lo que es posible que ocurran nuevas protestas. Que las respuestas a las preocupaciones de la comunidad internacional sea rechazar estas recomendaciones del EPU evidencia que no existe interés en una transición democrática y que apuestan por más represión y seguir llenando las cárceles que ya están asignadas y con serios problemas para la sobrevivencia de los reclusos”, subrayó Medina.
Este 26 de marzo fue aprobado el informe final del Grupo de Trabajo del EPU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Estado de Cuba aceptó 292 de las 361 recomendaciones, rechazó 28 y dijo que tomarían nota de 41.
“El rechazo de Cuba a las recomendaciones realizadas por otros estados lo único que viene es a reafirmar la voluntad política de no respetar los derechos humanos en su territorio, comenzando por el hecho de abrogarse el derecho de rechazar recomendaciones cuando, según lo establecido en el procedimiento del Consejo de Derechos Humanos, del cual Cuba es prácticamente un miembro vitalicio, solamente prevé la posibilidad de aceptar las recomendaciones o tomar nota de las mismas”, indicó el abogado Alain Espinosa, miembro del centro de asesoramiento legal CUBALEX.
Espinosa resaltó que además de objetar las recomendaciones vinculadas con la libertad de expresión, de asociación y el derecho a la protesta pacífica, Cuba rechazó las que tienen que ver con los derechos de la mujer, con la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, a pesar de que el Estado cubano tiene una representación dentro de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer(CEDAW).
Las nueve entidades firmantes instaron también al régimen que reconozca y garantice los derechos fundamentales de las personas que residen en el país, con independencia de su posición política, creencia religiosa, profesión, raza, orientación sexual e identidad de género.
“Todo este contexto toma una particular relevancia por los eventos que acaban de suceder por las manifestaciones del 17 de marzo, por las movilizaciones pacíficas por parte del pueblo cubano”, subrayó Alicia Quiñones, coordinadora para las Américas del Pen Club Internacional.
“Nos llena de preocupación que el Estado cubano no acepte que tiene una profunda crisis de libertad de expresión en su país. Evidentemente por el ejercicio del poder que hace el Gobierno de Cuba sobre los disidentes, sobre las personas que critican el poder y, por supuesto, tenemos que señalarlo: Cuba es el país con el mayor número de prisioneros políticos relacionados con el arte”, destacó Quiñones.
Los colectivos firmantes son Cubalex, Article 19, Justicia 11J, Pen International, Artists at Risk Connection (ARC), Centro de Documentación de Prisiones cubanas, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y Museo V.
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