El prisionero cubano José Luis Hernández se suicidó el pasado sábado 15 de julio en la cárcel de máxima seguridad Kilo 5 y medio, ubicada en la provincia de Pinar del Río. La denuncia fue realizada por su hermano, también recluido en ese centro penitenciario, a través de una llamada telefónica al activista José Rolando Cáceres.
Hernández cumplía una sanción de 25 años de privación de libertad y le correspondía el traslado hacia un régimen de menor severidad.
“Recordamos a las autoridades que es una muerte en custodia. El Ministerio del Interior (MININT), la fiscalía y los jueces son responsables de todo lo que les ocurra a los reclusos. En nuestros informes de prisiones hemos denunciado que las condiciones de vida y abusos han llevado a muchos a esa situación”, publicó en Twitter el grupo de asesoría legal Cubalex.
“No hay sistema de prevención ni asistencia psicológica o psiquiátrica para evitar este tipo de hechos en las prisiones. Instamos que se abra una investigación para saber qué pasó y sancionar a los posibles responsables”, agregó la organización en el comunicado.
La abogada Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la ONG Amnistía Internacional, se hizo eco de la noticia. “Exigimos una investigación imparcial y expedita de la muerte bajo custodia de José Luis Hernández en la prisión de Pinar del Río, Cuba. Su suicidio es otro recordatorio de la precariedad y abusos que sufren las personas privadas de libertad en el país”, dijo.
En la prisión provincial Kilo 5 y medio, situada en la carretera de Luis Lazo, cumple condena el rapero y preso político cubano Maykel Castillo, conocido como El Osorbo, quien ha denunciado en múltiples ocasiones las violaciones a los derechos de los presos por parte de los guardias a cargo del penal.
El equipo de monitoreo de Cubalex confirmó a Martí Noticias que hasta la fecha han podido documentar 11 muertes bajo custodia policial ocurridas entre enero y julio de 2023. Cuatro de ellas eran reclutas que cumplían el Servicio Militar Activo.
“Es un contexto preocupante”, dijo a nuestra redacción Laritza Diversent, directora de la organización, quien aclaró que uno los reclutas fallecidos se había suicidado.
La cifra ya supera los casos registrados en 2022, cuando documentaron 10 muertes bajo custodia en todo el año, dos de ellas por suicidio y otras dos de presos que se encontraban en huelga de hambre.
Entre los casos de suicidio documentados este año se encuentra el de Franklin Domínguez, quien se ahorcó a mediados de abril tras una discusión con los guardias del centro penitenciario de Las Tunas, conocido como El Típico. Según Justicia 11J, había pedido atención médica y le había sido negada.
Semanas antes, el 25 de marzo, se suicidó Raidel Montalvo en el Combinado del Este. Organizaciones independientes atribuyeron su muerte a un posible descuido de los guardias.
A inicios de febrero apareció muerto en un calabozo el adolescente Aiser Roque Rivero, de 17 años. En este caso no se logró esclarecer la causa de su deceso. Un perfil vinculado a la Seguridad del Estado aseguró que el joven se había quitado la vida, pero Justicia 11J consideró que su muerte ocurrió "en circunstancias no esclarecidas".
El más reciente informe publicado por la organización sobre las condiciones de las cárceles en Cuba indica que en junio se registraron 122 eventos represivos en 38 centros penitenciarios y de detención en el país. “Estos incidentes afectaron de manera directa, al menos, a 86 personas privadas de libertad, de ellas 12 mujeres. En algunos casos los perjudicados fueron las poblaciones penales en general, de diferentes prisiones”.
“Estas acciones represivas y deplorables condiciones, así como la imposibilidad de encontrar soluciones por vías legales e institucionales, fueron la principal causa de que al menos 11 reclusos, tanto políticos como presos comunes, se declararan en huelga de hambre en el mes de junio para exigir sus derechos”, explicaron.
En 2022 el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) exigió acceso urgente a las cárceles cubanas, con el objetivo de que la Cruz Roja Internacional y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas pudieran verificar la situación de los presos políticos en Cuba.
“Estamos muy preocupados por los casos de presos enfermos y por la mala atención médica en las prisiones. Hemos recibido informaciones de padecimientos de salud sobrevenidos o agravados en prisioneros políticos y de conciencia. En varios casos, la denuncia incluye la indiferencia por parte de las autoridades carcelarias o la falta de los tratamientos adecuados para sus dolencias”, dijo el OCDH en ese momento, sin que hasta ahora haya obtenido respuesta a su solicitud.
Pese a las múltiples denuncias, el régimen continúa prohibiendo a organizaciones internacionales el acceso a las cárceles de la Isla. La última vez que permitieron a la prensa extranjera acreditada en Cuba entrar a las prisiones, fue en 2012 en una visita guiada por las autoridades.
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