Después que el gobernante Raúl Castro reaccionara airadamente, durante la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, tras escuchar la queja de un diputado en relación con los altos precios de los productos del agro, una gran campaña mediática se ha desatado en torno a ese asunto.
Tal vez el revuelo sea solo comparable con lo acontecido en 1986, cuando Fidel Castro eliminó los mercados libres campesinos al acusar de “explotadores del pueblo” a los productores y comercializadores que operaban mediante el sistema de oferta-demanda.
Los periodistas oficialistas y los funcionarios gubernamentales se devanan los sesos intentando hallar la causa de la actual escalada de precios.
Algunos opinan que los niveles de producción no satisfacen la demanda de la población; mientras que otros miran hacia la baja contratación que pactan los productores con el Estado, lo que ocasiona que buena parte de los productos se “fuguen” hacia los mercados y plazas que venden a precios liberados. Y no faltan los analistas que, de un modo menos beligerante, advierten cómo han subido los costos de producción en la agricultura, motivados por la carestía de la mano de obra y los altos precios que el propio Estado les cobra a los campesinos por los insumos que estos necesitan.
Sin embargo, el blanco principal de las acusaciones oficialistas son los comercializadores privados de los productos del agro, a los que denominan despectivamente “intermediarios”. Se dice que estos intermediarios son los responsables de que la población pague los productos a un precio desproporcionadamente alto con respecto al precio de venta de los productores.
El periódico oficialista Trabajadores, en su edición del lunes 11 de enero, publicó el artículo “Solución muy demorada”, el que concluye de esta manera: “Urge contratar todas las cosechas y lograr que estas lleguen a sus destinos sin intermediación de especuladores que llevan los precios al cielo”.
Al día siguiente, en el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista, apareció un llamamiento del oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas y Forestales, que en una de sus partes expresa: “Tenemos la más firme convicción de que el aumento de las producciones agropecuarias junto a la eliminación de los intermediarios, contribuye a la disminución de los altos precios de los productos agrícolas”.
Ahora se insiste en que los productos viajen directamente desde las manos del productor hasta la mesa de los consumidores. Pero se pasa por alto una evidencia: el campesino que trabaja la tierra no puede dedicarse a comercializar sus producciones. Es necesaria la presencia de un ente que se dedique a hacerlo. Y en ese sentido, en lo fundamental, solo existen dos modalidades: las entidades comercializadoras estatales, conocidas como Acopio estatal, y los comercializadores privados.
La primera de ellas, a su ineficiencia histórica, agrega por estos días la calamitosa situación que exhiben los mercados agropecuarios estatales. Comoquiera que estos mercados deben vender a la población a precios topados, casi nunca pueden adquirir los productos de manos del productor ni de los comercializadores privados, pues los precios a pagar por ellos serían superiores a los topados que les aplican a los consumidores finales.
Entonces no les queda más remedio que esperar por el Acopio estatal, que cuando no carece de transportación, le faltan los envases, para que les suministre los productos. Resultado: tarimas vacías.
Por el contrario, los mercados que funcionan bajo el sistema de oferta-demanda, y que son abastecidos por los comercializadores privados, presentan por lo general un surtido apreciable y de calidad.
El cubano de a pie, sobre todo el que no se deja engatusar por el discurso oficialista, es consciente de que, si se materializa la embestida contra los “malvados intermediarios”, podría sobrevenir una hambruna como la del período especial en los años 90. Sería peor el remedio que la enfermedad.
(Publicado originalmente en Cubanet el 22/01/2016)
