Otro proceso legal sacude la impunidad del Ministerio de Cultura. Esta vez, el ojo fiscal se concentra en castigar a funcionarios del Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE), y restar responsabilidad a dirigentes cubanos que, de caer, harían demasiado ruido.
El gobierno cubano mantiene una política de “cero tolerancia” ante cualquier variedad de trata de personas y otros delitos relacionados. Toma medidas dirigidas a potenciar la prevención, el enfrentamiento, y sancionar con rigor a quienes considera culpables; pero el negocio es lucrativo, mueve cientos de miles de dólares. Cifras muy conservadoras calculan que más de 5 mil cubanos han emigrado de forma legal pero con trámites fraudulentos gestionados por funcionarios del CNAE.
“El proceso es una bola de nieve que crece, después de escuchar cada nuevo testimonio, los investigadores necesitan poner un alto”, dice una fuente cercana a la Fiscalía General de la República de Cuba.
“Según nuestros documentos, hay varias investigaciones abiertas. Por un lado, los supuestos culpables tratan de guardar silencio por temor a sufrir represalias. Por el otro, las víctimas interrogadas, personas dispuestas a ayudar en la investigación o instrucción de estos actos, aseguran haber consentido el soborno a los funcionarios del CNAE para emigrar sin correr riesgos; no obstante todos señalan al gobierno, como único culpable, porque no ha sido capaz de brindarles la oportunidad de tener una vida digna ni un trabajo decoroso”.
“No es político juzgar, y tampoco conviene en estos momentos. ¿Cómo probar – se pregunta - la culpabilidad de aquellos que alegan que esas prácticas, en todos los casos, fueron realizadas con el consentimiento de los afectadosfavorecidos?¿Tiene sentido seguir hurgando en las causas que genera el problema, cuando todos conocemos la solución? ¿A quién perjudica? La ley tendrá que esperar, imagino que, en este caso, la resolución final será el sobreseimiento”.
Fundado el 1 de abril de 1989, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas es la institución cultural, económicamente independiente y con personalidad jurídica propia, encargada de promover el desarrollo del teatro, la danza, el canto lírico, la pantomima, el humor y el circo. Todas esas categorías fueron utilizadas por una tropa de falsos artistas para abandonar el feudo. De momento, la tramitación de salida del país por el CNEA está en “on standby”, que es algo así como estar en pausa, y los expedientes permanecen en depósito fiscal confiscados como evidencia.
Algunos miembros del Consejo están suspendidos temporalmente del trabajo. Todos bajo investigación, acusados de tramitar visas y papeleos migratorios a personas, ajenas a la institución que pagaron por la gestión entre 900 y 3 mil CUC. Una vía de escape segura y con garantías.
“Unos hablan de tráfico de personas y otros de labor social”, explica con auténtica ironía un ex trabajador del Ministerio de Cultura que, después de un plan pijama, ahora vive del cuentapropismo. “Los investigadores hacen todo lo posible por alejar de este caso a los curiosos como tú porque de convertirse en noticia, puede tener consecuencias al por mayor”.
