Con el fin de “beneficiar a los cubanos residentes en Cuba y en el exterior, así como la relación familiar entre estos”, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció este martes la aprobación de tres nuevas medidas de carácter migratorio-consular que entrarán en vigor el próximo primero de julio y flexibilizarán la política con respecto a los ciudadanos cubanos residentes en el exterior. Sin embargo, para quienes permanecen regulados (con prohibición de salida) en la isla, o desterrados en otros países, esta noticia dice poco o nada.
“Regulado no, yo tengo bloqueado el derecho de salida, así es como le digo, porque esa palabrita de regulados es un descaro de los comunistas que nosotros hemos asumido”, aclaró a Martínoticias el opositor y periodista independiente Boris González Arenas, residente en La Habana y colaborador de Diario de Cuba.
Boris González no puede viajar fuera de Cuba desde 2019. Lo supo en el Aeropuerto Internacional José Martí, cuando intentó tomar un vuelo a Panamá para asistir a una reunión entre opositores cubanos y las autoridades prohibieron que abordara. Su caso no era el único.
Si bien desde los primeros años del régimen castrista siempre hubo restricciones a la libertad de movimiento de los ciudadanos, tras la reforma migratoria de 2013, durante el mandato de Raúl Castro, muchas figuras de la disidencia comenzaron a viajar al exterior con frecuencia, pero esa situación no perduraría.
Una investigación de Diario de Cuba y CONNECTAS, publicada en 2020, documentó 245 casos de artistas, religiosos, comunicadores y activistas cubanos que estuvieron o estaban regulados por motivos políticos entre enero de 2019 y finales de marzo de 2020. Al régimen comenzó a molestarle que las personas que catalogaba como disidentes salieran y volvieran a la isla y no emigraran definitivamente.
Sin dudas, las medidas recientemente anunciadas constituyen uno de los pasos más importantes dados por Cuba en materia migratoria desde 2013. Incluyen la extensión de la validez del pasaporte ordinario de seis a diez años para los mayores de 16 años de edad, la eliminación del requisito de prórroga cada dos años, la disminución del costo de los trámites en los consulados, la equiparación del tiempo de estancia en Cuba de los cubanos emigrados con el de sus familiares extranjeros y el establecimiento del requisito de presentar el pasaporte cubano para quienes emigraron antes del primero de enero de 1971.
Pero para González Arenas esos cambios no tienen ninguna importancia. “No me traen ningún beneficio y realmente no veo ningún cambio en nuestra condición en un futuro inmediato”, dijo.
“Yo creo que impedirnos salir de Cuba, como impedirles a algunos activistas entrar, como dificultar la vida a los activistas dentro de Cuba o fuera de Cuba, como los presos políticos, es parte de una misma política del agravamiento del seno represivo del castrismo frente a la realidad de que ha perdido poder, a no ser el poder de la fuerza. No se lo pueden permitir. Es una cuestión de sobrevivencia de ellos”, comentó.
El activista Adelth Bonne Gamboa, quien se encuentra regulado desde agosto de 2022, afirmó que en el caso de las personas como Boris y él ese tipo de noticias no generan tristeza ni alegría. “Nos da igual”, dijo.
“Es una artimaña más de ellos (el régimen) para intentar atraer más gente y que la gente vuelva. Ese discurso que ellos tienen de que su prioridad es que los cubanos se reconcilien con la patria y esa bobería, a personas como nosotros, que estamos regulados, no nos incluye. Nos da igual que el pasaporte dure un día, dos años, que 20 años, porque no podemos salir de aquí. Ellos nos tienen presos”, afirmó.
Las nuevas disposiciones tampoco significan mucho para quienes no pueden regresar a Cuba por motivos políticos, sea porque fueron explícitamente desterrados o porque tienen temor a sufrir represalias. Una realidad que, al igual que la de Boris y Adelth, existe desde los mismos años sesenta. Desde esa década existen testimonios y reportes de personas que fueron impedidas de volver o incluso forzadas a irse del país.
Entre los casos más emblemáticos de este siglo se encuentra el del Grupo de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de 2003. La mayoría salió de la cárcel entre 2010 y 2011 directo para el exilio en España junto con sus familias, luego de una serie de negociaciones entre los gobiernos de Cuba y España y la Iglesia Católica.
Muy pocos decidieron desafiar al régimen y continuar en Cuba haciendo activismo y, de estos, dos se encuentran de nuevo privados de libertad desde las protestas populares de julio de 2021: los líderes José Daniel Ferrer y Félix Navarro, de Santiago de Cuba y Matanzas, respectivamente.
Años más tarde, en 2019, la organización española PrisonersDefenders realizó un informe con cuatro relatores especiales de Naciones Unidas que informaron que al menos 39 defensores de derechos humanos, periodistas y activistas sociales y políticos de Cuba habían sido obligados a expatriarse entre el 18 de marzo de 2015 y el 26 de mayo de 2019.
Sin embargo, muchos de esos casos no tuvieron la repercusión mediática del Grupo de los 75 o de otros que vendrían después, como los de los artistas Hamlet Lavastida, Tania Bruguera y Camila Lobón, el dramaturgo YuniorGarcía, la escritora Katherine Bisquet, la curadora Carolina Barrero, los activistas Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés, entre otros.
La periodista Luz Escobar, colaboradora de Diario de Cuba y quien llegó a España en 2022 con sus dos hijas menores de edad y su esposo, contó a Martínoticias que ella estuvo regulada desde mayo de 2019 hasta que decidió salir de Cuba con su familia definitivamente y se lo comunicó a la Seguridad del Estado durante un interrogatorio con el propósito de que levantaran la prohibición.
“Desde que yo empecé en el periodismo, las primeras amenazas eran esas, de que me iban a regular. Ellos no lo hicieron durante varios años, hasta 2019, y después empezaron a decir que me iban a meter presa. Y bueno, salí de Cuba antes de que eso se volviera una realidad”, explicó.
Antes de tomar el avión, Escobar tuvo que hablar con varios oficiales de la Seguridad del Estado. Dijo que ahí le “leyeron la cartilla” y le advirtieron que la dejarían salir si era con la intención de establecerse en otro país, pero que ella continuaría regulada. “Me dijeron que podía salir pero que no podía estar virando, a no ser que pasara algo muy excepcional, y que no podía estar trayendo dinero o equipos para periodistas”, agregó.
Pero esa no ha sido la historia de la periodista Karla Pérez, la profesora e investigadora Omara Ruiz, la curadora AnamelyRamos o el periodista Carlos Manuel Álvarez, que han sido impedidos de abordar vuelos con destino Cuba desde Panamá y Estados Unidos. Y no son los únicos reportados en los últimos años sino apenas los más mediatizados.
En el caso de Karla Pérez, ocurrido en marzo de 2021, el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores que esta semana se pronunció a favor del acercamiento de las familias cubanas con sus nuevas medidas, organizó una conferencia de prensa para justificar la prohibición de entrada de la joven, que entonces tenía 22 años. La funcionaria YaíraJiménez Roig, jefa de Comunicación e Imagen de la institución, dijo entonces que Pérez era “un instrumento” para “acciones desestabilizadoras contra Cuba” y, por tanto, no podía volver a su país natal.
En Cuba, a Karla Pérez la esperaban entonces sus padres, una hermana, más otros familiares y amigos, a quienes no veía desde hacía unos cuatro años, luego de que la expulsaran de la carrera de Periodismo en la Universidad Marta Abreu por sus posturas políticas y marchara a Costa Rica a estudiar. También en Cuba Isabel Urquiola, la madre de Omara Ruiz, espera por su hija, como mismo esperan tantas otras familias de personas exiliadas o desterradas por medidas para “cubanos” que también incluyan a sus seres queridos.
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