Descendientes del empresario cubano Rafael Lucas Sánchez Hill podrían tener éxito en su reclamación de al menos 10 millones de euros a la cadena Meliá Hotels International presentada ante una corte española.
Los demandantes exigen indemnización por la explotación en Cuba de los hoteles Paradisus Río de Oro y Sol Río de Luna y Mares en terrenos confiscados en Holguín a la familia en 1960 por el gobierno de Fidel Castro.
El reclamo legal, que no tiene relación con la Ley Helms-Burton, se realiza bajo el Código Civil español que penaliza el enriquecimiento ilícito y el tráfico -con conocimiento de causa- de propiedades robadas, que es el caso de Meliá, dijo a Radio Televisión Martí Nick Gutiérrez, asesor legal de los Sánchez Hill.
Para Gutiérrez esta demanda “refleja la universalidad de los principios de la Ley Helms-Burton y del Título III, pero sin utilizar esta ley que en España se considera tan polémica. Solo utiliza la propia ley española, lo cual es una importante ventaja”.
Oficializada el pasado 3 de junio ante una corte de Palma de Mallorca, donde Meliá tiene su sede, la demanda apela al reconocimiento por parte del Tribunal Supremo de ese país “de un fundamento jurídico para la reclamación de una restitución de las propiedades confiscadas o de una justa indemnización, de conformidad con el Derecho comparado y el Derecho Internacional”.
Los demandantes afirman que “el carácter ilícito de dicha confiscación es conocido por Meliá, quien durante los últimos 20 años ha hecho caso omiso a las reclamaciones de aquellas empresas y familias a costa de las que se lucra”.
El canciller español Josep Borrell ha dejado en claro que su gobierno apoyará a las compañías españolas radicadas en Cuba contra la ola de reclamaciones que podrían enfrentar tras la puesta en vigor el pasado 2 de mayo del Título III de la Ley Libertad o Helms-Burton.
Al respecto, Gutiérrez explicó que el Gobierno español “no podrá invocar las leyes de bloqueo españolas y europeas que utilizarán contra demandas bajo la Ley Helms-Burton, porque esta es una demanda bajo la ley española. Es un frente nuevo que nunca se ha utilizado, y yo creo que los tiene un poco fuera de balance. Vamos a ver cómo responden, pero creo que (la demanda contra Meliá) tiene buen chance de éxito”.
La Unión Europea activó en 1996 una normativa antiboicot para neutralizar los efectos de Ley Helms-Burton. Este estatuto de bloqueo impide a las empresas europeas someterse a lo que dicta la ley estadounidense y les permite obtener indemnizaciones por perjuicios sufridos a causa de su aplicación.
El documento, consultado por Radio Televisión Martí, aclara que aunque en un convenio con Cuba firmado en 1986 el gobierno español se comprometió a “no reclamar más, e incluso, a no apoyar las posibles reclamaciones que pudieran formular los afectados contra Cuba”, el acuerdo no limita el derecho a exigir una indemnización justa.
Los abogados de los Sánchez Hill en España, la procuradora Cristina Sampol Schenk y el abogado Rafael Gimeno-Bayón Cobos, señalan en el texto de la demanda que según el Tribunal Supremo “los derechos de los afectados por la expropiación, que pasan a tener la condición de beneficiarios de ese Convenio de 1986 no quedan dañados por el mismo, puesto que su celebración no extingue el ejercicio de ese hipotético derecho de los particulares a recuperar la propiedad confiscada o a conseguir una justa indemnización”.
En 1959, cuando los rebeldes comandados por Castro tomaron el poder, los demandantes contra Meliá, Santa Lucía Company, S.A. y Sociedad Civil Hermanos Sánchez, eran dueños del ingenio azucarero Central Santa Lucía, una vasta extensión de 120.000 acres (48,562 hectáreas) con una ubicación privilegiada.
Los terrenos ubicados en la costa y parte del interior de la provincia de Holguín abarcan “57 kilómetros de playa que van desde Gibara hasta Yuraguanal, e incluyen Bahía de Naranjo, Estero Ciego, Playa Guardalavaca, una zona muy bonita donde el gobierno de Cuba ha levantado hoteles”, comentó Gutiérrez.
El Central Santa Lucía, actualmente nombrado Rafael Freire, con los terrenos mencionados, fue confiscado bajo la Ley 890 promulgada por el gobierno revolucionario en 1960. El texto de la demanda señala que dentro de los terrenos expropiados se ubica “Playa Esmeralda”, donde fueron edificados los hoteles explotados por Meliá.
En los terrenos se levantan, además, hoteles de las compañías Iberostar y Blau, también de España, del grupo mexicano Posada y de la firma canadiense Blue Diamond, todos en empresas mixtas con la estatal Gaviota, administrada por el grupo empresarial GAESA, bajo el control de los militares cubanos.
Miembros de la familia Sánchez Hill contactados por Radio Televisión Martí declinaron comentar sobre el proceso legal contra Meliá.
Demandas por confiscación, un largo camino
Nick Gutiérrez lleva 25 años asesorando a la familia Sánchez Hill desde que sus miembros decidieron organizarse y abogar por sus derechos como legítimos propietarios del Central Santa Lucía y otros bienes confiscados en Cuba.
“Fuimos muy activos en pasar la Ley Helms-Burton y después en abogar para que se implementara”, dijo el abogado.
“Bajo la amenaza del Título IV logramos que Meliá se sentara con nosotros en cuatro ocasiones custodiados por altos funcionarios del Departamento de Estado, y negociamos, y ellos ofrecieron compensación (…). Después se echaron para atrás porque se dieron cuenta de que el gobierno americano no estaba serio en ejecutar el Título IV, y el Título III ni se soñaba en esa época”, recordó Gutiérrez.
Durante las negociaciones, que terminaron en 2002, Meliá ofreció pagar a los Sánchez Hill una compensación inicial de $5 millones de dólares, cifra que rebajó a unos $3 mil.
Años después, la familia logró ponerse en contacto con un grupo legal en Madrid al que pertenece uno de los abogados que hoy los representa en la demanda contra Meliá, Rafael Gimeno-Bayón Cobos.
“En unos días Meliá tendrá que responder, o por lo menos tendrá que pedir tiempo adicional. Tienen 20 días desde el 3 de junio, que fue cuando se presentó la demanda y se les notificó a ellos formalmente”, dijo Gutiérrez.
Radio Televisión Martí intentó obtener un comentario de Meliá sobre la demanda, pero un correo electrónico enviado a su oficina de Comunicación Corporativa aún no ha sido contestado.
El Título III, una esperanza
Gutiérrez también es el secretario de la compañía familiar Central Santa Lucía L.C., la “sociedad limitada que se formó para este propósito hace 23 años, que es la entidad que demanda en España”.
La sociedad está compuesta por unos 100 miembros de la familia Sánchez Hill y posee los derechos para demandar a quienes trafiquen en sus propiedades confiscadas en Cuba.
La mayoría de los miembros de Central Santa Lucía L.C. residen en EEUU, parte en España y algunos en Cuba, pero “la sociedad actúa a nombre de la familia completa, estén donde estén”, aclaró el asesor legal.
La nacionalidad de la compañía es estadounidense, por lo que puede realizar una demanda en tribunales de EEUU bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, pero este proceso no se realizará de inmediato, dijo Gutiérrez.
El letrado señaló que bajo el Título III, los cubanoamericanos para poder exigir compensación triple por los daños “tenemos que notificar al traficante [sic] con una carta formal, con un texto oficial redactado por el Departamento de Justicia para ponerlos sobre aviso que los vamos a demandar en 30 días si no se ponen de acuerdo con nosotros”.
Los Sánchez Hill también estudian la posibilidad de demandar en Estados Unidos, bajo el Título III, a otras compañías, además de Meliá, que operan hoteles en los terrenos de la familia en Cuba.
“Estamos coordinando altamente los esfuerzos entre los abogados españoles, por un lado, contra Meliá, y los abogados americanos por otro lado aquí contra Iberostar, Blau y el grupo Posada”, dijo Gutiérrez.
Las coordinaciones “consisten en conferencias entre profesionales legales involucrados en litigios internacionales. No queremos hacer nada acá que entorpezca los esfuerzos en España, y viceversa”, explicó.
Gaviota y funcionarios cubanos en la mira
La familia Sánchez Hill también demandará a la entidad estatal cubana Gaviota, e incluso nombrará en su momento “a personas privadas dentro del gobierno castrista que pueden estar lucrando con estas propiedades confiscadas”, afirmó Gutiérrez.
Esta demanda, explicó el abogado, puede ser colectiva.
“Es posible que se coordinen estos esfuerzos. Por ejemplo, Meliá tiene tantos hoteles en Cuba, casi todos en propiedades robadas, que es posible certificar un class action (una demanda colectiva) contra Meliá, y estos juicios se pueden cobrar contra propiedades (…) aquí en la Florida, en Nueva York e incluso en otros países que no tienen leyes de bloqueo (contra la Helms-Burton)”, agregó.
Gutiérrez advirtió que este es un esfuerzo complejo y de largo plazo que apenas comienza, pero que podría tener un gran efecto. No en todos los casos “tenemos que llegar al final de una larga demanda con una adjudicación judicial, puede ser un acuerdo extrajudicial, y tenemos confianza en que eso podrá ocurrir”, señaló.
“El principal objetivo de todo esto, además de lograr justicia para las familias dueñas de estas propiedades, es también desalentar la inversión extranjera en Cuba y negarle al régimen los recursos de moneda dura que está adquiriendo con estas inversiones”, concluyó Gutiérrez.
