El preso político Liván Hernández Sosa lleva 4 días en una celda de castigo en la prisión de Guamajal, Villa Clara, porque demandó los medicamentos que necesita para sanar.
“Mi esposo me manda una carta haciéndome saber que está enfermo, con fiebre alta y tiene una fístula que le produce mucho dolor y apenas puede caminar. Lo llevaron al médico, pero éste le refiere que no tiene antibiótico para darle”, manifestó en conversación con Radio Televisión Martí, Yalenis Carrazana Domínguez.
“A raíz de eso, se molesta y se lo llevan para la celda de castigo. Se planta, porque él necesita atención médica pero los carceleros desprecian a los presos políticos, a los del 11 de julio. Los maltratan, los requisan frecuentemente, obvian sus peticiones”, apuntó Carrazana.
El personal carcelario de Cuba no se interesa por el bienestar de las personas privadas de libertad, en especial de presos por motivos políticos, a los que no proporcionan, habitualmente, atención sanitaria adecuada, ya sea por negligencia, o denegándola deliberadamente, según han denunciado activistas y ex presos políticos.
De igual forma, las enfermerías de las cárceles, los llamados “hospitalitos”, carecen, por lo general, de condiciones higiénicas y de equipos y dotación médica calificada.
De este modo, los reos sufren un castigo adicional al negarles un tratamiento médico adecuado o el traslado oportuno a un hospital, quedando en manos de sus familias el suministro de medicamentos necesarios.
“Yo trataré de conseguir el antibiótico en el mercado negro para llevárselo, pero a veces, les llevas el medicamento y no lo dejan entrar porque tienes que llevar una prescripción. ¡Cómo vas a llevar prescripción si el enfermo está en la cárcel!
La indolencia de las autoridades de las cárceles ha provocado muertes bajo custodia y daños irreparables a la salud de personas encarceladas.
La organización Archivo Cuba ha documentado, entre 2012 y 2022, 54 muertes por razones de salud, sin tratamiento médico, en instituciones penitenciarias de la Isla.
A esto se une, la crisis general del país con la escasez de fármacos e insumos sanitarios en la red de farmacias y hospitales, que impacta negativamente en la atención y servicios de salud a toda la población.
“No hay medicinas para nadie. El mes pasado, cuando fui a ver a mi esposo, me dijo que llevaba varios días con un fuerte dolor de muela porque tenía una infección. Tampoco había antibióticos. En los centros penitenciarios debería haber un stock de medicamentos porque ellos están ahí, no pueden salir a buscar el remedio. Y los médicos que trabajan en las cárceles están en la obligación de atender a los reclusos, tanto como el Estado tiene la obligación de proporcionarle los medicamentos que necesite el preso”.
A sus padecimientos de salud, ahora Liván añade el correctivo en una celda de aislamiento, alejado de las miradas de sus compañeros de infortunio que podrían auxiliarlo si así lo requiriera.
Hernández Sosa fue condenado a 4 años de privación de libertad tras ser detenido durante las protestas del 11 de julio en Santa Clara. El tribunal lo declaró culpable de los delitos de Desórdenes públicos y Desacato.
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