La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders, con sede en España, presentó este martes la ampliación del caso penal “Profesionales cubanos contra el gobierno de Cuba”, enviado a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y a la Corte Penal Internacional.
En el caso, basado en 1,111 testimonios de las víctimas, se señala al régimen cubano por esclavitud y trabajo forzado basado.
El evento se llevó a cabo de forma virtual, a través de la plataforma Zoom, y fue organizado por Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y los eurodiputados Jordi Cañas y Javier Nart.
"Muchos habrán oído ya de las famosas brigadas médicas cubanas usadas por el régimen como propaganda para mostrar su denominada solidaridad con otros países. Tenemos muchas pruebas de que esto no refleja la realidad de las intenciones del gobierno cubano", expresó Charanzová en su intervención.
Prisoners Defenders, Civil Rights Defenders y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) aseguran tener evidencias de que las llamadas misiones internacionalistas cubanas son un mecanismo del Gobierno de La Habana que viola de forma masiva y sistemática los derechos humanos de los profesionales desplazados, a cambio de generar importantes beneficios para el Estado.
El informe indica que el Gobierno de Cuba paga 525 dólares como promedio a los profesionales, cuando cobra un monto superior a los 3,500 dólares por cada uno. Hecha la cuenta, el régimen se embolsa un 85 por ciento del salario de los galenos.
Por su parte, el abogado Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, explicó, entre otros aspectos, Ley de los 8 años, la cual impide la entrada a la isla por ese período a quienes abandonen sus misiones internacionalistas.
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"Más de 5,000 padres y madres no pueden ver a sus hijos hoy en día, por al menos ocho años. Son ocho años sin poder entrar al país. Cuba está vendiendo, haciendo trata de blancas, no solamente con las batas blancas de los médicos, sino con los marineros, con los ingenieros, con los arquitectos, con los artistas, Porque cobra de todo, y en esos porcentajes", enfatizó Larrondo.
"Que no pueda regresar a mi patria por 8 años, es el precio que me toca pagar por la libertad y por la libertad de mis hijas", afirmó una de las galenas en el testimonio presentado en el evento.
