Cuba cerró el 13 de noviembre la consulta popular del anteproyecto de Ley de Transparencia y el Acceso a la Información Pública, solamente una semana después de haber sido publicado.
El Observatorio Legislativo de Cuba, calificó la propuesta de ley como infractora de los estándares y prácticas internacionales en la materia.
“Nos preocupan los vacíos legales y otras cuestiones que están reguladas en la ley que tienen que ver con los sujetos obligados a entregar información pública sobre todo lo que ocurre en el Poder Judicial, la Asamblea Nacional del Poder Popular[ANPP] y el Consejo de Estado que son órganos que no están obligados por este anteproyecto a entregar información pública”, indicó, en conversación con Martí Noticias, Raudiel Peña Barrios, Coordinador del Observatorio Legislativo, una iniciativa de la red DemoAmlat que se ocupa de hacer visibles las principales amenazas a la democracia en la región, en especial en los regímenes autoritarios.
Publicado en el sitio web del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba y en el portal Cuba.cu, el anteproyecto de Ley de Transparencia y el Acceso a la Información Pública, busca, de acuerdo a sus elaboradores, “instrumentar los mecanismos que garanticen el acceso de la ciudadanía a los datos de carácter público”.
También pretende “la protección de la información que ponga en riesgo la seguridad nacional e integridad de las personas, generada por el Estado, el Gobierno, y otros sujetos obligados”.
Peña Barrios manifestó su inquietud por “el hecho de que en el anteproyecto no se crea un órgano autónomo, sino que se encarga el propio Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, como órgano encargado de tramitar las solicitudes de acceso a la información pública”.
Cuba no cuenta con una norma que garantice a los ciudadanos el acceso a la información pública, aunque es uno de los derechos humanos estipulados en la Declaración Universal. La aprobación de la ley está prevista para el próximo diciembre.
“Además, nos preocupa el contexto político y jurídico, alrededor de este anteproyecto porque no se puede desmarcar el contenido de este anteproyecto de otras legislaciones que ya se han aprobado en Cuba que establecen determinadas restricciones a las libertades de Expresión y Prensa y al acceso a la información pública”, señaló el experto.
En ese sentido, el Observatorio Legislativo de Cuba recoge el pronunciamiento de la organización Transparencia Internacional sobre la vigencia del Código Penal, y los tipos que criminalizan la Libertad de Expresión y Prensa en Cuba y al mismo tiempo la aprobación reciente de la Ley de Comunicación Social que no reconoce la personalidad jurídica de los medios independientes.
“Esto, junto con el decreto ley 35, el decreto ley 370, que también establecen severas restricciones a la libertad de Expresión, pues con este anteproyecto crea un entramado político-jurídico que no garantiza un acceso adecuado a la información en Cuba ni reconoce o se acopla con los mejores estándares en la materia”, concluyó el especialista del Observatorio Legislativo.
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