El nuevo decreto sobre información pública aparecido el jueves en la Gaceta de Cuba puede ser una vía para impedir legalmente el acceso a los expedientes de personas procesadas por motivos políticos, y no pretende abrir las puertas de la información pública a la sociedad, sino mantenerla bajo control, opinaron el viernes periodistas independientes desde La Habana.
Se trata del Decreto-Ley No. 6 “Del Sistema de Información del Gobierno”, cuya descripción del asunto prioriza “las necesidades informativas relacionadas con los objetivos y planes del gobierno en todos los niveles” a las correspondientes necesidades de la sociedad y del ciudadano.
Para la periodista independiente María Matienzo, el decreto solo pone en blanco y negro una política que ya venía aplicándose. Y según Reinaldo Escobar, jefe de Redacción del diario digital 14ymedio, lo que hace la nueva ley es institucionalizar el control de la información al más alto nivel.
“La información sobre los expedientes que les hacen a los presos políticos, por ejemplo”, indica Matienzo. “Esa información hasta el momento solamente se podía adquirir a través de un abogado. Y ahora resulta que se pone en blanco y negro que […] el Ministerio del Interior, en este caso, puede considerar que esa información no se comparte”, dice.
Era lo que ya venía sucediendo hace mucho tiempo: yo nunca he tenido la esperanza de que ningún decreto-ley bajo este régimen me favorezca a mí como periodista independiente, declaró. “Ellos [los funcionarios del gobierno] están en contra no solo del acceso a la información, sino de todo aquel que genere la información de modo independiente”, dijo.
El gobierno necesita dar su versión de los hechos, no importa cuánto se distancie de la realidad cubana ni si está divorciada de ella, manifiesta la periodista. Y la potestad atribuida a los ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas les servirá para limitar el acceso a información, indica.
“Esta exclusividad sobre la información que ellos pueden considerar sensible también puede estar en función de cómo los ciudadanos, los periodistas independientes y los familiares no pueden [tener acceso] tampoco, por ejemplo, a las sentencias, a la información sobre alguna investigación”, dijo Matienzo.
El decreto legitimiza “la poca transparencia que hasta el momento se ha tenido en todos los procesos judiciales y en el derecho que tenemos todos de una garantía a la hora de ser defendidos”, manifestó.
De hecho, el inciso de los “principios y premisas del Sistema de Información del Gobierno” dedicado a la transparencia en el decreto no es nada transparente.
Dice textualmente que, para lograrla, hay que “elaborar la información y las estadísticas a partir de los procesos y procedimientos establecidos, que supone documentar y poner a disposición de los usuarios las normas, clasificaciones y métodos utilizados, así como garantizar el acceso de todos los usuarios a los servicios de información de manera comprensible”.
Escobar pide tener en cuenta que la transparencia no debe pensarse en función de los medios, sino de la ciudadanía, y llama la atención sobre el hecho de que una oficina estrictamente dedicada a cifras y datos concretos deba quedar bajo control de la mayor instancia de gobierno nacional.
“Aquí hace años existe la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la ONEI, que regularmente emite documentos de gran utilidad para los periodistas independientes y los analistas sobre Cuba, porque aunque los datos que estén ahí tengan el ‘defecto’ de ser datos oficiales, son los que uno puede manejar”, le dijo Escobar a Radio Televisión Martí.
Ahora la ONEI pasa a ser una oficina directamente controlada por el primer ministro, el señor Manuel Marrero, quien puede delegar esa función en alguien, observa el experimentado periodista.
“Han puesto en un nivel muy alto el control de la información”, subraya. “Otro detalle que me llama la atención es que les atribuyen a los ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas la posibilidad de no tener que cumplir todos los requisitos que exige la ley; tienen ciertas prerrogativas para decidir qué se puede y qué no se puede hacer público”.
En virtud del nuevo Decreto-Ley No. 6, también los ministros están facultados para decidir qué información puede trascender a la prensa y cuál no, apunta Escobar.
“No es un avance, ni mucho menos, para poder decir que se están tomando medidas [a favor de] la transparencia de cómo funciona el Estado cubano”, declara. La situación “no nos afecta: nos mantiene en la misma situación de desamparo oficial para obtener información”, dice el jefe de Redacción de 14ymedio.
“Lo que nos toca es ser más rigurosos como periodistas”, aseguró Matienzo.
