Pocos asuntos pueden ser tan sensibles en Cuba como el de los prisioneros políticos. Para el gobierno es simple: no existen, pero una organización opositora lucha para lograr su reconocimiento.
Aún se recuerda a Raúl Castro visiblemente molesto cuando desafió a un periodista que lo interrogó sobre el tema, durante una inusual conferencia de prensa junto al presidente Barack Obama en marzo en La Habana.
"¡Dame la lista!", interpeló Castro a su interlocutor. Hubo silencio. El mandatario quiso demostrar así que no había prisioneros políticos en la isla comunista.
Al opositor Elizardo Sánchez, quien pasó más de ocho años en las cárceles cubanas, le hubiese gustado enviarle la lista que actualiza anualmente. Sin embargo, sus intentos no prosperaron.
Su organización, la Comisión Cubana de Derechos Humanos (CCDH), lleva la cuenta de los que considera presos políticos en un país donde los juicios suelen ser reservados.
Según el más reciente censo de la comisión, que funciona de manera ilegal pero tolerada, hay 93 detenidos "por motivos políticos o procesados y condenados en relación con procedimientos de motivación política".
Sánchez los discrimina así: 51 presos de conciencia, 31 acusados de delitos contra el Estado y 11 detenidos de la llamada primavera negra de 2003, que ahora están en libertad condicional.
Los críticos cuestionan que una lista de prisioneros políticos incluya por igual a activistas pacíficos, excarcelados o a condenados por espionaje o terrorismo.
Incluso forman parte de ella cubanos que quisieron salir del país secuestrando aviones o barcos.
"Nosotros incluimos a prisioneros condenados por delitos contra el Estado, que es un delito político", replica Sánchez. Además, "en la cárcel, la vida de ellos es mucho más difícil que para los otros" prisioneros, alega en entrevista con la AFP.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch no avalan el listado de Sánchez, porque Cuba no les autoriza el ingreso a la isla.
"Cuando Amnistía Internacional no reconoce a los prisioneros de conciencia (...), es simplemente porque no tenemos los medios para verificar toda la información", explica a la AFP Louise Tillotson, de la oficina de Amnistía para las Américas.
Lo mismo ocurre con muchos gobiernos extranjeros, que son rápidos en denunciar la represión en Cuba, pero nunca se atreven a dar cifras de prisioneros.
A finales de 2014, Cuba dejó en libertad a 53 detenidos a quienes Washington llamó abiertamente prisioneros políticos. Su liberación se produjo como parte del acercamiento histórico iniciado entre los dos países.
Con frecuencia, Sánchez propone a las grandes organizaciones de DDHH que reconozcan el carácter político de algunos casos, pero el proceso de validación puede ser muy lento.
"A veces proponemos un nombre, y un año después nos dicen que fue validado, pero nosotros decimos: ya salió (de la cárcel) la semana pasada", afirma.
En Cuba son pocas las voces no oficiales o de oposición que intervienen en esta discusión. Una de ellas es la de Jorge Serpa, obispo de Pinar del Río (extremo oeste).
"Hay personas que han cometido delitos que son considerados contra el Estado, entonces, tengo que concluir que son por problemas políticos", afirma a la AFP el prelado, sin arriesgar tampoco cifras.
El obispo dirige la Pastoral Penitenciaria, un organismo independiente con acceso directo a las prisiones.
Para Michael Shifter, presidente del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, con sede en Washington, la controversia no está exclusivamente en las cifras.
"Cuba tiene presos políticos, pero quizás no tantos como algunos pretenden. Dado que el nuevo método consiste en realizar detenciones de corta duración, se hace difícil establecer con exactitud el número de prisioneros políticos", afirma.
Cada domingo, las Damas de Blanco organizan caminatas de protesta que por lo común terminan con el arresto temporal de las manifestantes. Grupos afines al gobierno las rodean e insultan antes de que agentes del Estado las suban a la fuerza a sus vehículos.
Horas después son liberadas. "El tema de los prisioneros políticos se vuelve menos relevante cuando la táctica del Estado consiste en multiplicar los arrestos de corta duración", juzga Tillotson.
Una estrategia que ante todo busca "intimidar y hostigar" a los opositores, agrega.
En 2015, la CCDH registró 8.616 arrestos por motivos políticos, una cifra ligeramente inferior con respecto a 2014 (8.889). La mayoría se ajusta al nuevo patrón de "intimidación" que denuncian los analistas externos.
La lista por dentro
93 cubanos aparecen en la lista por acciones muy disímiles. Desde el condenado a cadena perpetua por intentar secuestrar un avión y huir a Estados Unidos hasta el activista que reparte volantes antigubernamentales aparecen en la lista, que actualiza periódicamente la Comisión Cubana de Derechos Humanos (CCDH).
También se menciona a beneficiarios de libertad condicional. Quizá por ser el único recuento de detenidos por motivaciones políticas, según la CCDH, está en el centro de la controversia.
Las autoridades desmienten que haya presos políticos, la Iglesia católica dice que sí existen y ONG internacionales no avalan el listado de la organización cubana, porque no tiene cómo corroborar esa información de forma directa, ya que Cuba no les permite su ingreso.
Bajo control del Estado, los medios no suelen cubrir los juicios que en su mayoría se llevan a cabo a puerta cerrada, y en los que generalmente intervienen abogados de oficio.
La lista de la CCDH incluye a 27 condenados en juicios militares o civiles por "haber recurrido a las armas u otras formas de violencia".
De ese total, 12 purgan cadena perpetua por amotinamiento, tentativa de infiltración apoyada desde el extranjero o tentativa de desvío de barcos o aviones.
Además, hay cuatro condenados por "delitos contra el Estado", entre ellos el exdiplomático Miguel Álvarez, quien desde 2012 purga 25 años de cárcel.
Igualmente figura el oficial de inteligencia Claro Fernando Alonso Hernández, condenado a 30 años en 1996 por revelar secretos de la seguridad del Estado.
La CCDH justifica la inclusión de estos 31 prisioneros por considerar "desproporcionadas" sus condenadas y motivadas por razones políticas.
Once opositores detenidos durante la llamada primavera negra de 2003 -una ola de represión que se extendió por toda Cuba- también figuran en la lista.
Los 11 fueron condenados a penas de entre 18 y 25 años de cárcel, pero fueron excarcelados por quebrantos de salud o acuerdos Iglesia-Estado.
En este grupo figuran, entre otros, Martha Beatriz Roque (70 años), José Daniel Ferrer (46), Ángel Moya (51) y Héctor Maseda (73).
La CCDH defiende su inclusión alegando la amenaza permanente que enfrentan de ser devueltos a la cárcel.
Hasta 2012 Cuba tenía una población carcelaria de 57.000 personas, según las últimas cifras disponibles. Sin embargo, la CCDH estima que los presos son entre 60.000 y 70.000, una cifra similar a la de Francia, que tiene seis veces el número de habitantes de la isla de 11,3 millones de habitantes.
