Mientras el presidente de México, Enrique Peña Nieto, condena la violencia desatada en el país por la desaparición de 43 estudiantes de magisterio, muchos de sus compatriotas condenan su falta de acción o apatía ante los mismos hechos.
Nieto asegura que los homicidios han bajado de manera notable en el país, pero el asesinato de Iguala y la evidencia de los policías aliándose a un cártel de narcotraficantes para cometer crímenes, parecen desmentirlo.
El anuncio del gobierno de haber capturado a los ejecutores del crimen del pasado 26 de septiembre, en lo que fue interpretado como un intento por acallar la protesta, atizó los reclamos de los “indignados” y de los padres de los desaparecidos, quienes volvieron a reclamar el esclarecimiento de lo sucedido y el regreso de sus hijos.
No se puede negar que la naturaleza de los actos violentos por parte de los manifestantes, que atacaron y prendieron fuego al Parlamento del estado de Guerrero y a la sede del PRI (Partido Revolucionario Institucional, ahora en el gobierno) en Chilpancingo, es antigubernamental y política. Los reclamos no pueden dirigirse a otros sectores o entidades, y están siendo exigidos a los únicos responsables: las autoridades. Aunque valga aclarar que el alcalde de Iguala no es del PRI, es del PRD, un partido de la oposición. No por gusto el presidente Peña Nieto señaló desde el principio que el problema no era del gobierno sino de Iguala, ciñendo los sucesos a lo estrictamente local y desmarcando así cualquier implicación gubernamental.
El Partido de la Revolución Democrática se vio obligado a pedir perdón por haber postulado a José Luis Abarca a la alcaldía, después que se supo que había ordenado a sus policías que atacaran a los estudiantes, quienes fueron entregados a sicarios del cártel de Guerrero que supuestamente los asesinaron e incineraron. No está de más destacar que Abarca y su esposa han sido calificados como el matrimonio del diablo, ambos tienen un prontuario de rivales políticos asesinados por encargo de ellos y hasta ejecutados por ellos mismos. Hoy en prisión, niegan cualquier implicación y aducen desconocer los hechos.
Por su parte el político Cuauhtémoc Cárdenas, quien fuera fundador y líder moral del mayor partido de izquierdas de México, reconoció que la organización sufre una grave crisis y está urgida de profundas reformas para recuperar la credibilidad ante los mexicanos.
Hay que recordar que el PRD estuvo muy cerca de ganar la presidencia en 2006 con su candidato Andrés Manuel López Obrador.
El aumento de las protestas y su expansión por casi toda la geografía mexicana dibujan una interrogante imposible de no contemplar: ¿sería exagerado pensar que las protestas –la crisis más grave que ha enfrentado el gobierno de Peña Nieto-, de continuar creciendo en la vía del contagio nacional, pudieran obligar a renunciar al presidente? ¿Acaso en 1997 el entonces presidente de Ecuador Abdalá Bucaram no fue destituido por el Congreso tras una ola de protestas populares? ¿Y en Paraguay, el presidente Fernando Lugo no fue suspendido de sus funciones en 2012 al ser considerado culpable de la muerte de17 personas en una operación de desalojo de tierras?
Según analistas, los hechos de Iguala recuerdan mucho a los que vivió el vecino estado de Oaxaca en 2006, tras la represión de una protesta magisterial. En ese entonces, las manifestaciones, no salieron de allí, y lo ocurrido fue después olvidado. Pero este no es el caso de las protestas de Iguala en el estado de Guerrero.
A diferencia de Oaxaca 2006, los manifestantes de Iguala cuentan con el apoyo de organizaciones sociales en todo el país y las protestas por la causa de los estudiantes desaparecidos ha desbordado las fronteras del estado de Guerrero.
En el mismo estado de Oaxaca ha habido manifestaciones de protestas que han dejado un saldo de por lo menos dos personas heridas.
En otras partes de México se registraron el pasado sábado acciones violentas en el marco de las protestas por la desaparición de los estudiantes, como fueron los ataques a las sedes de diferentes partidos políticos en el suroccidental estado de Michoacán y el oriental Veracruz, y en diferentes partes del país siguieron marchando centenares de personas que exigieron la dimisión del presidente.
En Ciudad de México, alrededor de 3.000 personas desfilaron por el paseo de la Reforma portando carteles en los que se leía: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
Mientras tanto, ayer las autoridades mexicanas cancelaron el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana para evitar el encuentro con los protestantes y retiraron del Zócalo las gradas para los espectadores que habían sido instaladas allí.
La conmemoración de esta fecha es una de las fiestas más importantes del país y desde hace varias décadas el desfile deportivo su principal evento junto a la condecoración de militares que siempre realiza el presidente de la nación.
Se puede concluir que no se espera la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto a consecuencia de una protesta y un reclamo justo por unos crímenes que tristemente son en México, desde hace mucho, muertes cotidianas. Crímenes de los cuales el propio presidente ha dejado por sentado su falta de responsabilidad y competencia.
Lo que sí está por ver es si los padres de los estudiantes y todos los “indignados” renunciarán a la protesta, al reclamo que comenzó por 43 razones que amenazan ahora con estremecer las estructuras del poder político mexicano.