Luego de que en 1985 Armando Valladares publicara sus memorias del presidio político en Cuba, ya nadie, o al menos nadie con sensatez y vergüenza, ha podido negar la existencia de presos políticos en la isla.
Contra toda esperanza, un best seller traducido a diversas lenguas en todo el mundo, dio a conocer los horrores del castrismo y sus métodos para imponer, a golpe de represión y adoctrinamiento, un sistema totalitario. Su impactante testimonio fue asentado como prueba en Naciones Unidas, donde el exprisionero de conciencia ofició como embajador de Estados Unidos.
Un país con presos políticos no es una democracia. Pero la insensatez y la desvergüenza nunca han dejado de hacer su sucio trabajo en las instituciones internacionales, ya sea evadiendo, haciendo silencio o incluso intentando negar que en Cuba impera la más larga dictadura de la región. Un sistema donde los opositores son condenados antes de ser llevados a juicios -sin garantías y muchas veces sumarios- por cargos fabricados para enmascarar el verdadero objetivo: castigar severamente a los disidentes y mantener el miedo como política de Estado.
La democracia nunca será una conquista apacible. Al contrario, quizás sea la más difícil y constante de todas las peleas. Por ello, ante la propaganda castrista y el contubernio de sus voceros y simpatizantes del lobby mundial, hay que continuar denunciando y demostrando las violaciones de los derechos humanos, que son la esencia de los regímenes comunistas.
Amnistía Internacional (AI) declaró "prisionero de conciencia" al doctor en ciencias biológicas Ariel Ruiz Urquiola, en prisión desde principios de mayo. Un logro, al menos de la verdad, después que organizaciones de derechos humanos, familiares y amigos del investigador pidieran a la institución que analizara el caso.
Fue condenado el 8 de mayo a un año de privación de libertad, pena máxima por el supuesto delito de “desacato”, una ley infame, o una anti-ley, con la que el régimen cubano durante décadas ha puesto tras las rejas a muchos de sus opositores. En su informe, AI dice que fue "encarcelado únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión" y "debe ser liberado de manera incondicional e inmediata".
El biólogo había expresado su desacuerdo con prácticas erróneas como la tala indiscriminada de árboles, la caza de especies en extinción y la contaminación de las fuentes acuíferas en el Valle de Viñales (Pinar del Río), declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad desde 1999. Su tesis doctoral evidenció malos manejos y violaciones del desaparecido Ministerio de la Industria Pesquera de Cuba. En noviembre de 2016 protagonizó una huelga de hambre y sed para protestar por la falta de medicamentos para enfermos de cáncer, entre ellos su hermana. Se había convertido en un disidente.
Antes de ser enjuiciado fue desalojado del terreno que había obtenido en usufructo, donde trabajaba en la protección y desarrollo de especies. Ante las amenazas e impunidad de sus represores, el científico manifestó que se estaban comportando como la "guardia rural", término que los agentes del régimen, esta vez "guardabosques", catalogaron como negativo asociándolo a la policía rural de Fulgencio Batista. Fue el pretexto para encarcelarlo.
El documento de AI pide que "en espera de su liberación” el doctor en ciencias biológicas “no sea maltratado, intimidado o amenazado” y urge al régimen de La Habana a garantizar “el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, incluidas las voces críticas”, así como a derogar las “leyes que limitan indebidamente estos derechos” en el país. Bien dicho por AI. Pero muchos dudan que el castrismo baje sus garras y suelte al inocente.
Un día antes, la hermana del científico, Omara Ruiz Urquiola, denunció a Martí Noticias un intento de la policía política para socavar, a través de la condición homosexual del científico, el apoyo que se había ganado de gran parte de la población penal, por su firme posición ante la violación de sus derechos. La joven profesora aseguró que “la visibilidad del caso” en medios internacionales incidió en su trasladado a una cárcel de menor rigor.
Otro preso de conciencia, el doctor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, permanece encarcelado y le han negado la libertad condicional. Otra vez vemos que en las dictaduras no hay leyes que protejan a los opositores. Sólo instrumentos para penalizar su atrevimiento a rebelarse ante las injusticias. Lo mínimo que debemos hacer, ante la valentía de los disidentes, es no quedarnos callados. El silencio no es sólo una extensión de la cobardía. Es también un crimen.
