Algunos lo apreciarán como una hipótesis sin fundamentos, algo que de ocurrir tendrían que pasar muchos años, pero los tiempos que corren traen nuevos retos y no está de más estar preparado para enfrentarlos. ¿Quién imaginó que el 17 de diciembre pasado el presidente Barack Obama y el dictador cubano Raúl Castro informarían sobre la voluntad de ambos Gobiernos de establecer relaciones diplomáticas?
En esa ruta, el analista político Héctor Caraballo preguntó en una reunión de amigos cuál sería la reacción de los países de la Alianza Bolivariana de Nuestra América (ALBA), si Estados Unidos decidiera concretar con Cuba un acuerdo de Libre Comercio, a lo que agregó el escritor José Antonio Albertini, que también sería muy interesante la reacción de los empresarios y congresistas estadounidenses que promueven estrechar relaciones comerciales con la dictadura de los hermanos Castro, si tal propuesta llegara a producirse.
Sin duda que, ante tal ofrecimiento, las reacciones de los países del ALBA serían de rechazo y condena. Calificarían la iniciativa como un intento de Estados Unidos para desestabilizar al régimen de La Habana y destruir lo que ellos denominan "la vía para construir la verdadera independencia latinoamericana".
El discurso contra el embargo estadounidense y las denuncias con que Washington busca aislar el régimen de La Habana cambiaría por completo. Estados Unidos sería acusado de intentar corromper a los cubanos y a su Gobierno al otorgar préstamos a bajos intereses, además de intentar destruir la inexistente industria de la isla al venderle productos manufacturados a precios irrisorios.
Culparían al Gobierno y a los empresarios estadounidenses de dolarizar la economía cubana, de colonizarla por medio de la compra y venta de tierras y de trasladar a la isla la cultura del consumo. Se criminalizarían los intentos de otorgarle créditos al castrismo y los inversionistas serían acusados de explotar a los cubanos de manera despiadada.
Una ampliación de las comunicaciones entre los dos países sería calificada como parte de una campaña para colonizar intelectualmente el país y destruir el concepto de nación en la población, soslayando que el sentimiento de Patria entre los cubanos ha sido severamente dañado por el régimen.
Estas podrían ser algunas de las respuestas posibles al cuestionamiento de Caraballo. Pero la pregunta de Albertini generaría réplicas también interesantes, ya que en Estados Unidos hay partidarios y adversarios de una relación comercial y financiera más estrecha con La Habana.
Se supone que quienes se han opuesto por décadas a hacer negocios con el castrismo continúen en esa posición, pero sí es posible que algunos de los políticos, empresarios y organizaciones gremiales que actualmente favorecen las relaciones comerciales con La Habana, rechacen un acuerdo de ese tipo, porque puede afectar sus intereses a corto y mediano plazo.
Por ejemplo, la Coalición Agrícola de Estados Unidos creada poco después que los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos hicieran públicas las conversaciones, estaría en capacidad de facilitar a sus asociados excelentes negocios con la isla, pero éstos no serían tan buenos si el agro cubano sale de la crisis, recupera su productividad pre castrista, y ambos Gobiernos suscriben un TLC.
Un factor que incidiría directamente en las transacciones comerciales Cuba-EEUU es el costo final de los productos. El salario promedio de los trabajadores de la isla al ser inferior al de los estadounidenses, abarataría lo manufacturado. Los productos fabricados en Cuba competirían muy favorablemente con los elaborados en Estados Unidos y con los que se produzcan en América Latina.
Pero donde se apreciarían reacciones muy interesantes sería entre los políticos que han defendido el fin de las sanciones a la dictadura de los hermanos Castro.
Un debate en el Congreso de Estados Unidos sobre un Tratado de Libre Comercio con Cuba posiblemente determine que algunos legisladores que favorecen negociar con La Habana, rechacen un acuerdo de esas características o se vean obligados, por diferentes motivos, a asumir posiciones distintas a las que defendieron con anterioridad.
Congresistas que están a favor de comerciar con el régimen de La Habana se opusieron firmemente al TLC con Colombia porque desde sus perspectivas en ese país no se respetaban los Derechos Humanos y había serios problemas en el sector laboral, incluidas las restricciones a los derechos de los trabajadores como es la libre asociación y la negociación colectiva, condiciones que existen en Cuba con muchas más limitaciones que las padecidas por los trabajadores colombianos.
Pero con o sin TLC los que promueven el comercio, las inversiones y créditos al castrismo, deberían tener en cuenta las condiciones de los Derechos Humanos en Cuba y que los beneficios que reciba la dictadura ante un eventual cambio en las relaciones comerciales, son los nutrientes que necesita su maquinaria represiva para impedir que la democracia retorne a la isla.
