Cuba pondrá en vigor, el 28 de octubre, la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuya implementación cumpliría con los preceptos legales de la Constitución cubana referidos a los derechos de los ciudadanos al sustento seguro y completo.
“Esta ley es una normativa jurídica más de las tantas promulgadas por las autoridades cubanas, mediante las que pretenden revertir la gravísima situación económico social que vive el país”, señaló el abogado independiente Julio Ferrer desde La Habana.
“En especial esta ley 148, que se propone, según sus creadores, proporcionar una alimentación sana adecuada y de calidad, es totalmente discordante con la realidad de desabastecimiento extremo de productos alimenticios a todo lo largo y ancho del país. Para mí esta ley tendrá idénticos resultados a las 63 medidas para el sector agropecuario y a las 93 para el sector cañero azucarero, es decir, resultados nulos porque la esencia del problema que presenta la sociedad cubana actual no se resuelve con normativas jurídicas, sino con un cambio radical de política para potenciar el desarrollo en todos los órdenes de la vida del país”, recalcó el jurista.
La Constitución establece en sus Artículos 77 y 78 que todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada, a consumir bienes y servicios de calidad que no sean atentatorios a su salud, a acceder a información precisa y veraz sobre los mismos y a recibir un trato equitativo y digno.
La Ley 148 instituye el marco legal para conseguir la soberanía alimentaria, robustecer la seguridad alimentaria y garantizar, progresivamente, el derecho a la alimentación sana y adecuada, aseguran sus creadores.
“Quieren tratar de producirlo todo en el país. Muy difícil, casi imposible, porque una cosa es en el papel y la otra en la realidad. A mí me parece que es un error tratar de producir todos los alimentos, que el país necesita, internamente por causa de la escasez de materia prima, la obsolescencia de las fábricas, la improductividad, la falta de sentido de pertenencia que tienen los trabajadores que tienen que fabricar ese proyecto”, indicó el economista Orlando Freyre Santana desde la capital cubana.
La seguridad alimentaria, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), pretende que todas las personas tengan acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales y poder llevar una vida activa y saludable.
En 2019, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA), incluyó a Cuba entre los países calificados de grave riesgo alimentario.
El economista Elías Amor, asentado en Valencia, España, en referencia a la nueva ley, dijo: “Alguien tendría que avisar a los comunistas cubanos que la soberanía y seguridad alimentaria no se consigue publicando leyes y normas, sino produciendo en el campo más y mejor”.
Más adelante agregó: “En su contenido, se incluyeron propuestas para perfeccionar los procesos de producción, transformación, comercialización y consumo de los alimentos, con las capacidades endógenas locales y proteger el derecho de las personas a una alimentación sana y adecuada. Todo muy llamativo sobre el papel, pero lejos de concretarse en la realidad. Además, medidas de dudosa aplicación en el sistema económico de la Constitución de 2019”.
En opinión de los especialistas, la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional tendrá incidencia en lo que comen y comerán los cubanos. Se pretende implementar un sistema de educación nacional basado en las buenas prácticas alimentarias, según funcionarios del Ministerio de la Agricultura.
“Están tratando de hacer experimentos como el que plantea Frei Betto, de renunciar al trigo y producir pan de la yuca porque se cultiva en el país. ¡quieren cambiar las tradiciones alimentarias de la nación!", dijo Freyre Santana.
Betto, asesor de la FAO, ha insistido en que los cubanos deben hacer un máximo aprovechamiento de los alimentos que consumen, como utilizar las hojas de la zanahoria, y la cáscara de la papa y del melón.
De acuerdo al Ministerio de Agricultura, la ley regulará la organización de los sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles que articularán de forma intersectorial e interinstitucional la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos.
“Es el concepto erróneo de tratar de fabricar casi todos los alimentos, cosa que no hace casi nadie porque la mayoría de los países, los que tienen muy buen nivel económico y de vida, tienen sus mercados abiertos a la importación. Porque usted produce lo que sea, comparativamente, factible de producir en el país, lo que no, tiene que importarlo. No se puede inventar una ley económica que la planteó David Ricardo hace 200 años. Eso es un fracaso”, puntualizó Freyre Santana.
Con la implementación de la ley se pronostica la disminución de importaciones de alimentos, materias primas e insumos.
Foro