Diputados latinoamericanos pidieron este miércoles en Madrid nuevas adhesiones a una denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra al presidente venezolano Nicolás Maduro por "crímenes de lesa humanidad", firmada hasta ahora por 198 parlamentarios de ocho países.
"Esperamos que parlamentarios de España, de Europa y de otros países del mundo se unan a esta causa", afirmó la diputada peruana Cecilia Chacón en rueda de prensa con sus colegas Adrián Oliva, de Bolivia, y Cornelia Schmidt, de Argentina, todos conservadores.
Señalando "torturas, asesinatos, encarcelamientos y persecución" en el marco de una "acción sistemática y generalizada contra la población civil" durante las manifestaciones contra el gobierno venezolano, el lunes presentaron una denuncia por "crímenes de lesa humanidad" contra Maduro y otros responsables del país ante la fiscalía de la CPI.
Ésta debería pronunciarse "en los próximos días", aseguró Oliva, del partido Convergencia Nacional de Bolivia. "Estamos seguros y tenemos mucha fe y esperanza que va a llegar a buen puerto", agregó Chacón, de la Fuerza Popular de Perú.
Afirman que recurrieron a la CPI porque "en la justicia venezolana no existen las condiciones para iniciar una investigación".
Un total de 198 diputados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Perú y Uruguay, "de diferentes corrientes políticas", firmaron el texto, afirmó Oliva.
"Ha suscrito la denuncia, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado federal del Brasil, que es parte del bloque de gobierno, y no se lo podría acusar de ser un parlamentario de derecha", así como "la expresidenta de la cámara de diputados de Bolivia, Rebeca Delgado, del partido del gobierno actual, que tampoco se podría acusar" de conservadora, subrayó.
"Este no es un problema político, sino de derechos humanos", añadió.
Y, para evitar que la iniciativa sea considerada partidista, "se tomó la decisión de que no sea suscrita por parlamentarios de Venezuela", explicó.
Se trata de "una acción del Sur para el Sur", aseguró Schmidt, destacando la necesidad de "crear una cultura de solidaridad en la región". "Es una asignatura pendiente que teníamos los latinoamericanos", agregó.
Al menos 39 personas murieron desde el 12 de febrero en las manifestaciones contra el gobierno de Maduro.
Llamando a respetar los derechos humanos, la ONG Amnistía Internacional alertó la semana pasada contra "una espiral de violencia" en Venezuela.
"Esperamos que parlamentarios de España, de Europa y de otros países del mundo se unan a esta causa", afirmó la diputada peruana Cecilia Chacón en rueda de prensa con sus colegas Adrián Oliva, de Bolivia, y Cornelia Schmidt, de Argentina, todos conservadores.
Señalando "torturas, asesinatos, encarcelamientos y persecución" en el marco de una "acción sistemática y generalizada contra la población civil" durante las manifestaciones contra el gobierno venezolano, el lunes presentaron una denuncia por "crímenes de lesa humanidad" contra Maduro y otros responsables del país ante la fiscalía de la CPI.
Ésta debería pronunciarse "en los próximos días", aseguró Oliva, del partido Convergencia Nacional de Bolivia. "Estamos seguros y tenemos mucha fe y esperanza que va a llegar a buen puerto", agregó Chacón, de la Fuerza Popular de Perú.
Afirman que recurrieron a la CPI porque "en la justicia venezolana no existen las condiciones para iniciar una investigación".
Un total de 198 diputados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Perú y Uruguay, "de diferentes corrientes políticas", firmaron el texto, afirmó Oliva.
"Ha suscrito la denuncia, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado federal del Brasil, que es parte del bloque de gobierno, y no se lo podría acusar de ser un parlamentario de derecha", así como "la expresidenta de la cámara de diputados de Bolivia, Rebeca Delgado, del partido del gobierno actual, que tampoco se podría acusar" de conservadora, subrayó.
"Este no es un problema político, sino de derechos humanos", añadió.
Y, para evitar que la iniciativa sea considerada partidista, "se tomó la decisión de que no sea suscrita por parlamentarios de Venezuela", explicó.
Se trata de "una acción del Sur para el Sur", aseguró Schmidt, destacando la necesidad de "crear una cultura de solidaridad en la región". "Es una asignatura pendiente que teníamos los latinoamericanos", agregó.
Al menos 39 personas murieron desde el 12 de febrero en las manifestaciones contra el gobierno de Maduro.
Llamando a respetar los derechos humanos, la ONG Amnistía Internacional alertó la semana pasada contra "una espiral de violencia" en Venezuela.
