El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó tres nuevos decretos sobre inmigración evidenciando, una vez más, su compromiso por buscar una salida legal para los inmigrantes que están en el país.
Si bien las medidas no suponen ningún cambio sustancial, sí ofrecen “una visión de los planes” que tiene la Casa Blanca en materia migratoria, según apuntan varios analistas consultados por la Voz de América.
Reunificación familiar, asilos e inclusión
La primera orden ejecutiva suscrita por el mandatario se enfoca en la creación de un grupo de trabajo que aborde la reunificación familiar en la frontera. Su objetivo es “revertir las políticas migratorias de la Administración Trump” que, de acuerdo al texto, provocaron la “separación de miles de familias” en la frontera sur del país.
“Fue una política deliberada de la Administración Trump para desincentivar la inmigración y creo que eso va a poner orden para que las familias puedan reencontrarse”, comentó el presidente de Diálogo Interamericano Michael Shifter, durante una entrevista con la VOA.
La segunda medida atiende a la necesidad de crear un “sistema de asilo humano” y “desarrollar una estrategia para abordar la migración irregular en la frontera sur”. Biden admite que la situación no cambiará “del día a la noche debido al gran daño que se ha hecho en los últimos cuatro años”, aunque señala que con este decreto se sientan las bases para asegurar una nación “segura, fuerte y próspera”.
“Se trata de analizar cuál es la capacidad de las agencias de inmigración en la frontera con Estados Unidos y México para entender qué es lo que puede seguir en el futuro”, apuntó el analista del Instituto de Políticas Migratorias (MPI), Ariel Ruiz Soto.
En su opinión, el cambio en el sistema de asilo tiene que ser “un proceso gradual” con un “mensaje que no sea equivocado porque la frontera no está abierta”.
En la última orden ejecutiva, el presidente Biden destaca que “los inmigrantes son esenciales” para hacer frente a un escenario incierto tras la pandemia del coronavirus. Con este decreto, el gobierno pretende “promocionar la integración y la inclusión” de la comunidad migrante en el país.
Inmigración, una prioridad de Biden
Además de la gestión de la pandemia, la economía y el cambio climático, el presidente ha priorizado la cuestión migratoria en sus primeras dos semanas de gobierno. “Lo ha hecho porque tiene capacidad política”, asegura Shifter recordando que los demócratas lideran tanto el Congreso como el Senado y “hay buena voluntad” para aprobar una reforma migratoria.
“Él quiere actuar ahora porque piensa que, luego, las cosas se pueden complicar y no hay nadie que no crea que el sistema de inmigración realmente está roto, es disfuncional y tiene que ser arreglado y corregido”, remarcó.
Sin embargo, el Senado necesita un mínimo de 60 votos para dar luz verde a una reforma migratoria. De momento solo se cuentan con 51 votos, el de los demócratas, por lo que aún se requerirían 9 votos más de los republicanos más moderados y abiertos a negociar el texto legislativo final.
“La política que hay detrás de la reforma migratoria es bien compleja, yo creo que no va a ser fácil y no debemos subestimar las dificultades para impulsar una reforma migratoria comprensiva”, dijo Shifter sin descartar, eso sí, que se pueda negociar una nueva legislación entre ambos partidos porque, insiste, “el sistema (migratorio) está funcionando muy mal”.
¿Fin a la norma de Carga Pública?
El presidente Donald Trump impulsó la Regla Final de Inadmisibilidad por Motivos de Carga Pública para anular las solicitudes de aquellos aplicantes a la residencia permanente que pudieran suponer una carga al estado porque no contaban con los suficientes recursos económicos.
“Lo que la norma hacía era poner limitaciones a las personas que buscaban ajustar su estatus a permanente legal si es que en el pasado habían tenido acceso a servicios de salud o de alimentación, entre otros”, explica Ruiz Soto. Esa medida hizo que muchos inmigrantes, incluso con hijos estadounidenses, desistieran en el intento de solicitar beneficios “pensando que, en el futuro, eso les podría perjudicar a la hora de ajustar su estatus en el país”.
Con todo, la intención de Biden es “evaluar” el impacto que tuvo está medida en la comunidad para después tomar las decisiones pertinentes, incluso impulsando una reforma legislativa al respecto.
“La ley de la Carga Pública está basada en una legislación de Estados Unidos que ya tiene mucho tiempo, quizás lo que busca el presidente Biden con este panorama es entender cómo modifica la ley para que eso no vuelva a suceder en el futuro”, subrayó en ese sentido.
¿Qué pasará con el MPP?
Otra de las medidas que implantó Donald Trump en materia migratoria fueron los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés), conocidos como la norma de “Quédate en México”. El anterior gobierno obligaba a los solicitantes de asilo a quedarse en territorio mexicano mientras un juez de inmigración resolvía su situación, lo que podía demorar varios meses o incluso años.
Biden, con los decretos presentados este martes, no vislumbra una solución para los inmigrantes que forman parte del programa MPP.
“Biden no está diciendo a todos los que están en México bajo ese programa que vengan a Estados Unidos, está siendo muy cauto y creo que esa cautela es para evitar una crisis y para demostrar a los republicanos que es muy prudente y responsable a pesar de que está caminando hacia una elección muy clara”, comentó Michael Shifter.
Por su parte, el analista del MPI, especializado en políticas públicas, expuso que “hay que pensar gradualmente en quitarlo o reemplazarlo, aunque, a corto plazo hay que tomar un sentido de corresponsabilidad por parte de Estados Unidos para apoyar al gobierno de México y a las agencias que están trabajando en la frontera para brindarles protección”.
Al respecto, Linda Rivas, directora ejecutiva del Centro para la Defensa de los Inmigrantes en Las Américas, lamentó que “todo sigue igual” con aquellas personas que se acogieron al programa MPP.
“No ha cambiado nada y la gente está perdiendo el ánimo”, declaró a la VOA.
¿Quiénes se beneficiarán primero?
Tanto Shifter como Ruiz Soto coincidieron al señalar que los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), los que se acogen al Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés), las personas consideradas trabajadores esenciales y que llevan mucho tiempo en el país tendrán más posibilidades de “recibir un tipo de alivio” a lo largo de este año.
“Biden está tomando en cuenta a la gente necesaria que, a mi juicio, ha sido maltratada por la administración anterior. El problema es que esto va a tomar tiempo y no sé cuánta paciencia tienen algunos sectores que quieren acciones ya”, alertó Shifter, presidente de Diálogo Interamericano.
Por eso, Ruiz Soto, de MPI, puso de manifiesto la necesidad de que la manera de “manejar las políticas migratorias no sea a través de órdenes ejecutivas” ya que cualquier otro presidente las puede eliminar, como está pasando ahora. En esa línea defendió “un cambio legislativo que pueda llegar a un resultado más sostenible y que en realidad abarque los errores y las oportunidades que pueden existir en la ley para un sistema mucho mejor y eficiente”.
Críticas a la reforma: “Da vía libre a la inmigración ilegal”
Un amplio sector del Partido Republicano ya se ha mostrado en contra de esta reforma, argumentando que la propuesta legislativa dará “vía libre” a la entrada de inmigrantes ilegales. El analista político de tendencia republicana, Frank Rodríguez, alertó que el proyecto supone “un incentivo a la ilegalidad en vista que representa una amnistía” para aquellas personas que “entraron rompiendo la ley” en la frontera de Estados Unidos.
Estas nuevas medidas que pretende poner en marcha el gobierno de Biden, -expone-, provocarán un “efecto llamada” que en su opinión, ya se está dando ahora. “Se están viendo caravanas en Centroamérica que se están preparando para venir hacia acá”, argumentó.
Una opinión que contrasta con la de Linda Rivas que asegura que “todo se está haciendo de una forma muy controlada” y que se continúa “tratando al inmigrante como un criminal sin ninguna razón”.
“Eso es una idea que, con fortaleza y valentía, el presidente Biden debe luchar en contra de esa narrativa”, afirmó.
