La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York amplió la acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, al sumar un cargo de conspiración para cometer tortura y extender a Flores la imputación por narcoterrorismo.
Bárbara César Siero denunció que tres de sus familiares fueron detenidos por la DGCIM y usados como mecanismo de presión para influir en decisiones del Tribunal Supremo de Justicia sobre la inhabilitación de María Corina Machado, en medio de cuestionamientos a la independencia judicial venezolana.
Un borrador de memorias atribuido a Hugo Carvajal Barrios, exjefe de la inteligencia militar venezolana, reaviva las denuncias sobre la magnitud de la infiltración cubana en Venezuela al afirmar que Fidel Castro introdujo con aval de Hugo Chávez a más de 20 mil agentes en el país.
El abogado Rick Díaz considera que las próximas decisiones judiciales serán determinantes para el proceso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores.
La reforma de la Ley Contra el Odio en Venezuela abrió nuevas críticas de organizaciones de derechos humanos, que advierten que cambiar penas o conceptos no eliminaría los mecanismos usados para restringir la libertad de expresión y perseguir a voces disidentes.
La defensa propone que Flores espere el juicio en una residencia privada en Nueva York, bajo vigilancia y monitoreo electrónico. La audiencia está prevista días después de que la Fiscalía pidiera rechazar los argumentos de inmunidad presentados por ella y Nicolás Maduro.
María Corina Machado pidió fijar dentro del próximo año una fecha para las elecciones presidenciales en Venezuela y advirtió que un calendario claro es clave para consolidar el proceso político abierto tras la captura de Nicolás Maduro.
Comunidades de varios estados de Venezuela volvieron a las calles para protestar por los prolongados cortes de electricidad.
La aprobación de la gestión interina de Delcy Rodríguez en Venezuela cayó con fuerza en los últimos ocho meses, según una nueva encuesta de AtlasIntel para Latam Pulse en colaboración con Bloomberg, que la ubica en el 24,6%.
Al menos 927 personas han sido imputadas por instigación al odio en Venezuela desde la entrada en vigor en 2017 de la Ley contra el Odio, mientras Foro Penal insiste en que la norma debe ser anulada y no reformada, tras las críticas por su uso abusivo y su impacto en la libertad de expresión.
El gobierno interino de Venezuela solicitó al Parlamento reformar la denominada Ley contra el Odio y avanzar en la despenalización de algunas conductas. Provea sostiene que la legislación debe ser derogada por haber facilitado detenciones arbitrarias y la criminalización de la expresión.
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