El Departamento del Tesoro de EEUU propuso ampliar los controles sobre inversiones en tecnologías sensibles para incluir a Cuba como “país de preocupación”.
La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade advirtió que los negocios que comercien ilegalmente con el régimen cubano perderán su recibo de impuesto local, en medio de una investigación sobre posibles violaciones a las sanciones federales.
La publicación se produjo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, alentara este viernes a quienes buscan un cambio en Cuba a colaborar discretamente con la agencia.
“Apoyar la resolución de la farsa del régimen supone recompensar la tiranía y prolongar el sufrimiento de estos presos políticos”, escribió el funcionario, a pocos días del debate en la Asamblea General de la ONU.
“Votar a favor de la resolución del régimen cubano respalda la trata de personas patrocinada por el Estado, la corrupción y el estilo de vida ostentoso de la élite de la dictadura”, escribió el funcionario en la red social X.
“La verdad duele y los presos políticos cubanos liberados y los expertos en corrupción seguirán contando las verdades incómodas en la ONU”, escribió Waltz en X.
“El régimen cubano intenta culpar a otros de sus fracasos, pero la realidad es clara: la corrupción, los abusos de derechos humanos y la represión son las verdaderas raíces de los problemas de Cuba”, afirmó el diplomático.
“Votar a favor de la resolución de Cuba en la ONU supone recompensar a un régimen hostil que pone en peligro a nuestra nación y a nuestro hemisferio”, afirmó Segura en una publicación en redes sociales.
"Permítanme ser claro: la Administración Trump no tolerará que un Estado canalla albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas de potencias extranjeras hostiles a menos de cien millas del territorio estadounidense".
Las primeras 700 familias beneficiarias residen en poblados como Unión de Reyes, Bolondrón, Güira, Juan Ávila, Alacranes, Puerto Rico, Bermejas y Cabezas, detalló Cáritas.
Autoridades federales de EEUU incautaron y retuvieron 90 cargamentos de biodiésel, valorados en unos 2,8 millones de dólares, con destino a ENETEC S.A., entidad vinculada al gobierno cubano y sancionada por Washington.
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