La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue trasladada el lunes a una prisión de mujeres para cumplir prisión preventiva por cuatro meses, tras su arresto por cargos relacionados con la destitución en 2019 del líder socialista Evo Morales, que sus partidarios consideran un golpe de Estado. Varios de sus exministros también están tras las rejas por los mismos cargos.
Ante los hechos, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, expresó la preocupación de Estados Unidos.
“Estados Unidos sigue con preocupación los acontecimientos relacionados con el reciente arresto de exfuncionarios por parte del Gobierno boliviano (…) instamos a amigos y vecinos en Bolivia a defender todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre derechos humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana”, señaló Porter.
Áñez que, asumió la presidencia del país luego de la renuncia de Evo Morales, presionada por los militares, en medio de una serie de manifestaciones en su contra por las elecciones realizadas en octubre de 2019 y que fueron calificadas como fraudulentas por la oposición, es acusada por la fiscalía de terrorismo y sedición.
La expresidenta interina fue arrestada el sábado pasado y ha calificado su detención como un "abuso", negando que se haya producido un golpe y pidió a la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europea que enviaran misiones a Bolivia para evaluar lo que ella llamó "una detención ilegal".
Después de una audiencia virtual, debido a la pandemia del COVID-19, la jueza Regina Santa Cruz respaldó la solicitud de los fiscales de que Áñez permanezca recluida en una prisión de mujeres en La Paz.
La jueza también ordenó cuatro meses de arresto preventivo para los exministros de Energía y Justicia del gobierno de Áñez. Además, se han emitido órdenes de detención contra líderes comunitarios y exjefes militares y policiales.
Grupos de la población civil han salido a las calles de algunas ciudades para protestar por los arrestos de las exautoridades y contra las acciones del Gobierno del presidente Luis Arce. Los líderes de la oposición llamaron a la población a "defender la democracia".
Refugio
La tarde del lunes, y según una publicación de Reuters, el gobierno de Perú recibió una solicitud de refugio de Roxana Lizárraga, la exministra de comunicaciones de Bolivia durante el gobierno de Áñez.
La información fue confirmada por la cancillería peruana a través de su cuenta de Twitter.
Junto a Lizárraga también solicitó refugio la ciudadana venezolana María Molina, activista de derechos humanos. Ambas solicitudes están siendo procesadas afirmó la Cancillería del Perú.
La OEA, que era un monitor oficial de las elecciones de 2019 y las consideró fraudulentas, pidió la liberación de Áñez y sus ministros y una investigación internacional imparcial.
En un comunicado de prensa el organismo citó que, “el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, debido a problemas de estructura y en particular de su integración”.
Por su parte Amnistía Internacional dijo en un comunicado que el arresto de la expresidenta, junto con la decisión de desestimar cualquier caso pendiente contra miembros del partido socialista gobernante, representaba la continuación de una "crisis de impunidad" de décadas en Bolivia.
Pablo Gutiérrez, el fiscal a cargo del caso, insistió en que su equipo había seguido la letra de la ley y que no se trataba de persecución política.
El lunes, el excomandante del ejército de Bolivia, general Jorge Pastor Mendieta, se presentó voluntariamente a la Fiscalía y fue detenido.
La abogada de Mendieta, Zuleika Lanza, dijo que el excomandante no era buscado oficialmente, pero que se enteró a través de los medios de comunicación de que estaba siendo investigado.
(Con información de AP, Reuters, y colaboración de Fabiola Chambi en Bolivia).
