Las autoridades cubanas buscan un culpable a quien achacar la escasez de productos agrícolas que ha disparado sus precios, muy por encima de las posibilidades del bolsillo de la población.
Días después que el problema fuera citado en la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular celebrada en diciembre, los dirigentes del Partido Comunista y del Ministerio de Agricultura pusieron en marcha la Operación Escoba. La medida busca limpiar las deficiencias de la agricultura cubana tras 55 años sin solución.
Por lo pronto, la Operación Escoba parece haber encontrado en los usufructuarios agrícolas y en los carretilleros a los responsables de los mercados agropecuarios vacíos y los precios de vegetales y hortalizas por las nubes.
"Desde el mes de diciembre se ejecuta nacionalmente la Operación Escoba, inspección realizada a los usufructuarios que se lleva a cabo por las empresas poseedoras de tierras", declaró Eddy Soca Baldoquín, director del Centro Nacional de Control de la Tierra y los Tractores del Ministerio de la Agricultura.
"El objetivo de este control es velar por el cumplimiento de la legalidad en cada una de las fincas y que se cumplan con las normas que están establecidas para los usufructuarios", anunció el funcionario durante una visita de control realizada recientemente en la provincia de Las Tunas.
El Gobierno culpa a los usufructuarios de no entregar al Estado la producción acordada, y de venderla a los intermediarios y carretilleros. Otra acusación es que muchos usufructuarios no tienen en plena producción la tierra entregada.
"Con quienes no hagan su papel, no hay que tener contemplaciones. Si alguien sigue incumpliendo, entonces se le retira el usufructo. Y en ello no puede haber distracción ni concesiones", advirtió el segundo secretario del PCC, José Ramón Machado Ventura, durante una reunión con dirigentes del sector agrícola en La Habana.
En Las Tunas, que cuenta con 22.462 usufructuarios, la Operación Escoba había "visitado" hasta la pasada semana más de 1.944 productores.
Resultado: "control que ha detectado en el terreno cerca de
716 ilegalidades enmarcadas fundamentalmente en certificado vencido, usufructuarios que no trabajan la tierra, utilización de fuerza de trabajo no contratada, bienhechurías no autorizadas, aparcerías, violación a la línea de producción, falta de vinculación con la base productiva, algunos que no entregan ni cumplen el plan y otros con deficiente explotación de la tierra", informó la prensa local.
Cuba aprobó para este año un presupuesto de 1.940 millones de pesos para la importación de alimentos, mientras que "un millón de hectáreas ociosas o deficientemente aprovechadas, esperan todavía por manos laboriosas", destacó el diario Invasor de la provincia de Ciego de Ávila.
Según Giraldo Pérez Pérez, director de Control de Tierra, en la provincia Ciego de Ávila existen 93.640 hectáreas cubiertas de marabú, aroma y otras malezas.
Desde que en 2009 se aprobó el Decreto-Ley Número 259 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo y, más tarde, en 2012, entrara en vigor el Número 300, las cifras de usufructuarios alcanzan los 279.021, en posesión de 1.040.940 hectáreas hasta la fecha, según cifras oficiales.
En Camagüey, las autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno, conjuntamente con la radio y la televisión local, difundieron la pasada semana un programa titulado "Sin rodeos", en el que revelaron que las necesidades del consumo alimenticio de la población se satisfacen solo un 45% "debido a múltiples problemáticas, entre ellas las tierras improductivas entregadas en usufructo a cientos de personas que no las han puesto en explotación, y las que, llenas de malezas, requieren ser recuperadas para hacerlas cultivables".
En el programa, dijo el diario provincial Adelante, "no se olvidaron los vendedores ambulantes (conocidos como carretilleros) del sector por cuenta propia, por los altos precios a que ofertan su mercancía, y a los cuales se les aplicarán también medidas regulatorias que eviten las violaciones que se les imputan".
Las medidas apuntan a un control de precios en los mercados agropecuarios, donde hasta ahora regían las leyes de la oferta y la demanda. Los "precios topados", como califican los medios oficiales la medida que se avizora, ha despertado fuertes cuestionamientos en las redes sociales de la isla.
"Plantearse las posibles soluciones desde la comercialización, topando precios de forma artificial (en lo cual tenemos aquí verdaderos maestros de obra), o desde cualquier parte que no sea, llanamente, producir más y mejor, significa renunciar al juego limpio, amarrarle el brazo al contrario, y seguir creyendo que redactar decretos para que llueva de abajo hacia arriba hará cambiar la dirección normal de la lluvia", afirmó el periodista y bloguero camagüeyano Alejo Rodríguez en un comentario titulado ¡¡¡Jama!!!: los precios buenos y los precios malos, publicado en su blog Alejo3399, que ilustró con una caricatura satírica.
En Sancti Spíritus, la Operación Escoba se encamina a limpiar "la especulación, eliminar las ilegalidades y prohibir que los vendedores de productos agrícolas –carretilleros– se surtan en los mercados, placitas y ferias, en virtud de que lo autorizado para esa figura del trabajo por cuenta propia –hay más de 600 aprobados en el territorio– es que adquieran la mercancía en los patios y parcelas de la Agricultura Urbana, o en fincas campesinas que primeramente cumplan las entregas contratadas al Estado, advirtió Rolando Roque Companioni, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial (CAP) en declaración al diario local Escambray.
La campaña emprendida contra usufructuarios y carretilleros, responsabilizándolos con los altos precios, no parece corresponder a la realidad que revelan las cifras oficiales publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba.
Lo cierto es que son los Mercados Agropecuarios Estatales los que encabezan las ventas de productos agropecuarios, según las más recientes cifras disponibles. De enero a septiembre del 2015, estas entidades vendieron 1,000.8 millones de pesos, mientras los puntos de venta sólo llegaron a 733.6 millones, y los carretilleros a 570.8 millones.
Mientras tanto, la "barrida" contra usufructuarios y carretilleros está a toda marcha.
Abelio Machuca, delegado del Ministerio de Agricultura en la provincia de Guantánamo, declaró al periódico local Venceremos que las principales deficiencias detectadas en esa región "apuntan a la existencia de fincas abandonadas, insuficiente aprovechamiento de las áreas, así como usufructuarios resistidos a contratar sus producciones con la cooperativa, en tanto venden parte de sus cosechas a intermediarios de forma clandestina".
Machuca advirtió que, de ser necesario, se adoptarán medidas como la anulación del usufructo a quienes incurren en violaciones e ilegalidades o mantienen ociosas las tierras, las cuales se entregarán a personas que deseen ponerlas a producir, con orden y disciplina.
