Luego de una semana de euforia debido al anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, tal parece que van llegando los ajustes que se hacen fuera de cámara, lejos de las luces y los micrófonos. Las cuentas pendientes con los dueños de negocios que vieron sus posibilidades rebanadas del todo cuando los barbudos entraron triunfantes a La Habana de 1959.
Un artículo de Wal Street Journal (WSJ), aparecido este lunes 22 de diciembre, señala que conocidas empresas como Coca-Cola, Exxon Mobil y Colgate-Palmolive tienen pendientes reclamaciones por más de US$7.000 millones.
La mayor de las demandas corresponde a una filial de la compañía de materiales de oficina, Office Depot. Así mismo, WSJ informa que tras varias fusiones en años recientes, Office Depot es propietaria de Cuban Electric Company, que en 1960 suministraba más del 90% de electricidad vendida a Cuba. Sin intereses, esa reclamación asciende a US$267.6 millones.
En 1960, cuando fue expropiada la filial Cuban Electric Co., suministraba más del 90% de toda la electricidad que se consumía en la mayor de las Antillas. En aquel momento, el régimen castrista nacionalizó sus operaciones, incluida una planta valorada en ese momento en más de US$200 millones.
Por otra parte, Boise Cascade, empresa maderera, se convirtió en dueña mayoritaria de las acciones de Cuban Electric en 1969. En 2003, Boise Cascade compró OfficeMax y adoptó ese nombre. El año pasado, OfficeMax se fusionó con Office Depot, y ésta ahora controla Cuban Electric, por la que reclamaría ante el Gobierno de Castro la suma millonaria.
"El restablecimiento de las relaciones diplomáticas permitirá a EE.UU. trabajar de manera más efectiva con el gobierno cubano en una variedad de temas importantes, incluyendo las demandas de los estadounidenses", dijo el viernes un vocero del Departamento de Estado, responsable de negociar la resolución de los reclamos.
"La resolución de los reclamos pendientes es una prioridad del gobierno estadounidense, pero en este momento no podemos ofrecer un cronograma específico o detalles", dijo el funcionario a WSJ.
Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental aclaró que estos temas no podrán resolverse antes de que se restauren las relaciones diplomáticas, "pero sí creemos que serán parte de la conversación".
Estados Unidos se involucró de forma determinante en responder a las expropiaciones indebidas que hacía La Habana en 1964. Entonces, el Congreso ordenó a la Comisión de Resolución de Reclamos en el Extranjero, una agencia cuasi judicial dentro del Departamento de Justicia, determinar la validez y el valor de las demandas.
En seis años se certificaron casi 6.000 reclamos por unos US$1.800 millones. Con intereses, las demandas ascenderían en la actualidad a unos US$7.000 millones.
El gigante Coca-Cola es la otra empresa que lleva una gran demanda pues a fines de los años 50, la compañía tenía una operación rentable en Cuba con ventas anuales de más de US$7 millones, según la informe de la comisión. Una porción importante del reclamo de Coca-Cola, de US$27,5 millones antes de intereses, se debe al valor perdido del negocio. La demanda, en cambio, incluye plantas de embotellamiento y jarabe, refrigeradoras, máquinas expendedoras y contenedores que fueron incautados por el Gobierno. Representantes de Coca-Cola, Starwood, Exxon y Colgate tampoco quisieron ofrecer detalles.
Estados Unidos impuso el embargo comercial a Cuba debido principalmente a las represalias por las propiedades confiscadas. Tal como indica la normativa vigente, sería ilegal levantarlo sin resolver los reclamos, dijo Matías Travieso-Díaz, un socio de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, que frecuentemente escribe análisis legales sobre las sanciones al régimen cubano.
Las sanciones otorgan otras protecciones legales a los demandantes. Una provisión de la Ley Helms-Burton de 1996 sostiene que "cualquier persona o gobierno que trafique con propiedad estadounidense confiscada por el gobierno cubano es sujeto a daños monetarios en el sistema judicial federal de EE.UU.", a decir del informe de 2014 del Servicio de Investigación del Congreso. Sin embargo, los presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama no han aplicado esa estipulación.
Otros analistas, incluida Julia Sweig, una especialista en Cuba del Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de estudios con sede en Nueva York, aseveran que las demandas pendientes no serían un gran obstáculo a un comercio más abierto con la isla "debido a que ha pasado mucho tiempo".
Cuba se afinca en repetir que Estados Unidos debe a los cubanos más de US$100.000 millones por los daños causados por el embargo. Pero otro problema sale a la vista de todos: La posibilidad de La Habana de pagar las reclamaciones de los empresarios dañados a inicios de los 60.
Michael J. Kelly, profesor de leyes internacionales de la facultad de Derecho de la Universidad de Creighton, en Nebraska, y coautor de un estudio sobre el tema, dice que un arreglo podría llegar bajo la forma de un solo pago general y no tendría que ser en efectivo. Las empresas, explicó, podrían ser indemnizadas con derechos de desarrollo o beneficios tributarios para alentar la inversión extranjera en Cuba.
