El Tribunal de Ejecución de La Habana ordenó el ingreso en prisión, este 4 de enero, de Aldo Delgado Romero, un manifestante de las protestas antigubernamentales de julio de 2021 en Cuba que fue condenado a cinco años de trabajo correccional con internamiento.
Delgado Romero, que no fue arrestado durante las manifestaciones, ni tampoco posteriormente, se presentó como testigo de la defensa a favor del ciudadano alemán Luis Frómeta Compte en el juicio celebrado en diciembre de 2021 a los participantes en las protestas de la barriada de La Güinera, en el municipio habanero Arroyo Naranjo.
“Aldo Delgado Romero estuvo con mi papá en la manifestación de la Güinera, en La Habana, en julio de 2021. Declaró a favor de mi papá, y de su inocencia, en el juicio en diciembre de 2022. Mi tío fue detenido en la sala del tribunal y puesto en libertad poco después”, relató a Martí Noticias Janie Frómeta Compte, la hija del preso político.
Fue juzgado el 16 de diciembre de 2022 junto a otras siete personas residentes en La Güinera. Un año después, es encarcelado en el penal de régimen abierto La Lima, en Guanabacoa, La Habana.
La protesta de La Güinera fue el corolario del clamor desatado el día anterior en la Isla. Cientos de habitantes de uno de los barrios más pobres de la capital cubana tomaron las calles e intentaron llegar a la estación policial de la localidad.
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Fue en La Güinera donde militares dispararon y mataron por la espalda a Diubis Laurencio, la única víctima mortal del 11J reconocida por el gobierno.
La Fiscalía Provincial de La Habana, que imputó a casi 100 personas por el levantamiento social de La Güinera, afirmó en las peticiones fiscales que los cargos por sedición se debieron al "nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que, de manera tumultuaria, causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, al agredirlos con el empleo de objetos cortantes, contundentes e incendiarios, con la perturbación grave del orden público y el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional".
El Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas solicitó a Cuba en ese momento “investigar de modo pronto, independiente, y exhaustivo, juzgar y, en su caso, sancionar, a los responsables del uso excesivo de la fuerza y malos tratos ocurridos durante las protestas sociales”.
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