Los abogados defensores de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, de su hermano Pedro Joaquín Chamorro y de los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro apelarán a la sentencia dictada un juez de Managua el lunes.
La opositora Cristiana Chamorro, detenida tras anunciar su aspiración para competir en los comicios de noviembre de 2021, fue declarada culpable de delitos asociados al lavado de dinero por lo que fue condenada a ocho años de prisión los cuales los pasará bajo arresto domiciliario.
Mientras que a su hermano Pedro Joaquín Chamorro y otros exempleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro les fueron impuestas penas que van desde los 7 años hasta 13 años de cárcel.
El abogado Maynor Curtis, que defiende a Pedro Joaquín Chamorro, indicó que apelarán a la sentencia porque incluso durante el juicio hubo varias irregularidades y “serios problemas” para demostrar el delito de lavado de dinero.
Indicó que la Fundación Violeta Barrios, hacia quien apunta el cargo de supuesto lavado de dinero, recibía más de la mitad de las donaciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la misma Fiscalía dijo en el juicio que los fondos eran legales.
“Eso es un problema que hubo para la demostración del delito de lavado de dinero. Si no tenés el dinero ilícito, te va a ser difícil probar el lavado de dinero. Por eso nosotros vamos a apelar, porque no estamos de acuerdo con la decisión del judicial”, dijo Curtis a la Voz de América.
Tras ser declarados culpables, los hermanos Chamorro alegaron su inocencia ante el judicial, indicó Curtis.
“Doña Cristiana dijo que ella era inocente y que agradecía a los organismos internacionales que confiaban en ella y que ponían el dinero para poder capacitar en la nueva tecnología a los periodistas”, subrayó el abogado.
Mientras que Pedro Joaquín Chamorro juró ante Dios y la Patria; la memoria de su padre, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal; también por la memoria de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro para confirmar “que él nunca ha tomado dinero de la Fundación ni ha hecho nada ilegal con los fondos de la Fundación a los cuales ni siquiera tenía acceso”.
El diario La Prensa, propiedad de los Chamorro, ha indicado que aunque recurran ante el Tribunal de Apelaciones habrá una respuesta negativa y se agotarán las instancias necesarias para trasladar los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
USAID: “Cargos contra Cristiana Chamorro y el personal de la Fundación son una farsa”
Los juicios contras los más de 40 presos políticos en Nicaragua han sido condenados y tildados de “una farsa” en reiteradas ocasiones por funcionarios de Estados Unidos y sus aliados, quienes han alertado que el gobierno de Daniel Ortega busca perpetuarse en el poder manteniendo tras las rejas a los opositores.
La administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power dijo en su cuenta de Twitter recientemente que los cargos contra Chamorro y el resto el personal de la Fundación “son una farsa orquestada por el régimen para silenciar a la sociedad civil y los medios”.
“La Fundación Violeta Barrios de Chamorro es una organización que defiende el acceso a la información pública y fortalece el periodismo independiente en Nicaragua. Los cargos contra Cristiana Chamorro son una farsa orquestada”, dijo Power.
Los Senadores estadounidenses también se han pronunciado al respecto ante consultas de la VOA.
El senador Rick Scott, republicano por Florida, rechazó recientemente la condena a Chamorro y pidió la liberación del resto de “prisioneros políticos” detenidos en 2021.
“Ahora que [Ortega] se ha robado la presidencia de nuevo, Chamorro y el pueblo de Nicaragua han sido sentenciados a muchos más años de prisión y opresión, solo por creer y pedir la libertad”, dijo el senador Rick Scott.
El senador republicano Marco Rubio, también de Florida, ha pedido al gobierno del presidente Joe Biden usar todas las herramientas de la Ley Renacer firmada en noviembre de 2021 la cual establece medidas de presión y revisión de medidas económicas.
El gobierno de Daniel Ortega por su parte no cede ante las demandas de liberación de los opositores y contrario a ello ha dicho que éstos se encuentran en las cárceles por atentar “contra la paz y estabilidad del país”.
