El Tribunal Provincial de Las Tunas ordenó prisión provisional para el activista Yoan Ricardo Llerena, acusado de los delitos de atentado al Estado y desobediencia, por criticar a las autoridades en sus redes sociales.
"Le aprobaron la prisión preventiva. Le piden de dos a tres años”, explicó a Martí Noticias su esposa, Disnelbys Vidal.
El delito de atentado al Estado en Cuba se castiga con privación de libertad de entre 4 y 10 años. El Código Penal establece que se considera delito poner en peligro el orden constitucional y el funcionamiento del gobierno.
“El día 10 tuvo la visita. Está algo delgado, pero tranquilo, esperando a que se contrate un abogado para que lo instruya porque lo tienen en los depósitos que llaman ‘el filtro’ que es donde las personas esperan que le lleguen los papeles para juicio", agregó Vidal y aclaró que su esposo había sido trasladado para El Típico.
El pasado 2 de diciembre, fuerzas combinadas de la policía política y la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) arrestaron al activista tras practicar un registro en su vivienda situada en el Cerro de Caisimú, municipio tunero Manatí. Fue encarcelado en el Centro Provincial de Instrucción Penal.
“Cuando fueron a la casa a detener a Yoan le dijeron que le iban a entregar la copia del registro y de las cosas que ocuparon en la casa, como la biblioteca independiente de él, su celular y una memoria USB móvil, pero no han entregado ninguna copia, ni a él ni a mí. No han entregado ninguna documentación”, señaló Vidal.
Ricardo Llerena, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), publicaba con frecuencia notas en las que cuestionaba la gestión del gobierno de Cuba, por eso, ya antes había cumplido una sanción de libertad limitada.
“Primero le aplicaron seis meses por publicar en las redes sociales y de ahí le pidieron tres meses más porque no cambió de conducta, ni su postura. La desobediencia es por eso porque él siguió publicando, a pesar de que le habían dicho que debía de retirarse de las redes sociales”, expuso Vidal.
En Las Tunas, al menos otras dos personas han sido encausadas en los últimos cuatro años por criticar a las autoridades cubanas: Yerli Luis Velázquez y Ezequiel Morales Carmenate.
Las autoridades de la isla han instituido una serie de regulaciones que tipifican lo que consideran delitos cibernéticos que pueden estar sujetos a una acción penal, entre ellos, usar las redes para convocar a una marcha, criticar al gobierno o pedir o incitar a un cambio de sistema.
Organizaciones de derechos humanos han calificado estas medidas como instrumentos para eliminar el disenso y el debate público.
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