La Seguridad del Estado amenazó al exprisionero político Samuel Pupo Martínez con procesarlo penalmente bajo el cargo de 'propaganda contra el orden constitucional', que puede acarrear condenas de hasta 10 años de privación de libertad.
El manifestante del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas, excarcelado en abril de 2024 tras la extinción de una sentencia de tres años de cárcel, relató a Martí Noticias que fue citado para este martes en el cuartel de la policía política de su localidad, donde oficiales del cuerpo represivo le hicieron una carta de advertencia y le aconsejaron que abandonara su actitud contestataria.
“Me preguntaron por qué había hecho la entrevista sobre el Premio Sájarov, entre otras cosas, le dije que porque yo estaba en mi derecho de opinar y decir lo que yo quisiera”, expresó en relación a la entrevista concedida a Martí Noticias en la que manifestó respaldo a la nominación del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García, al reconocimiento a la libertad de conciencia que otorga cada año el Parlamento Europeo.
“También me hicieron una carta de advertencia en la cual me decían que yo era proclive a cometer un delito de 'propaganda contra el orden constitucional'. En ella misma escribí que yo no estaba de acuerdo con el delito que se me estaba queriendo imputar”, señaló el hombre de 50 años, licenciado en Matemáticas y Computación, quien se ganaba la vida como cuentapropista antes de ser encarcelado por las protestas.
“Me preguntaron unas cuantas cosas de las cuales no respondí nada o casi nada”, agregó.
Según su relato, los agentes de Seguridad del Estado trataron de intimidarlo con coartarle el derecho a viajar al extranjero: “Que no siguiera haciendo publicaciones [en las redes sociales], que podrían regular mi salida del país, porque yo tengo intenciones de salir con mi esposa y mi niño de este país para vivir en un país en libertad para que mi niño tenga otro futuro, otra vida que no fue la que yo viví”.
Uno de los motivos más recurrentes por el que la Seguridad del Estado cita y amenaza a los ciudadanos, y puede llegar hasta la imposición de multas o el encarcelamiento, es por el de las publicaciones que hacen en redes.
La joven influencer Sulmira Martínez Pérez, está acusada de incitar a los cubanos a protestar contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel mediante una serie de publicaciones en Facebook, razón por la que la Fiscalía le pide diez años de prisión.
Hablar mal de Fidel y Raúl Castro, en Facebook, le costó al guantanamero Diosbani Zalazar Rodríguez 3 mil pesos de multa.
El régimen de La Habana se ha pertrechado en los últimos años con leyes para silenciar a los ciudadanos cubanos por emitir opiniones disidentes en plataformas virtuales, como el Decreto Ley 370, que castiga con multas de hasta 3,000 pesos.
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