Una veintena de personas de varias organizaciones pro-inmigrantes indocumentados protestaron el viernes frente a la alcaldía del condado Miami-Dade, al día siguiente de que el alcalde condal, Carlos Giménez, ordenara a las cárceles locales detener a los indocumentados si así lo pide el gobierno federal, en rápido acatamiento de una advertencia del presidente Donald Trump contra las demarcaciones del país consideradas santuarios (refugios) de inmigrantes ilegales.
Trump firmó el miércoles una orden ejecutiva que promete retener los fondos federales a las jurisdicciones santuario, término genérico para unas 300 comunidades que protegen de la deportación a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en la nación.
Algunas rehúsan que sus fuerzas del orden compartan información con los agentes de la policía de Inmigración y Aduanas, ICE, o sí la comparten pero se niegan a mantener detenidos en sus cárceles a los supuestos inmigrantes ilegales cuando ICE lo solicita con el fin de ganar tiempo para hacerse cargo de ellos.
El federalismo otorga a los departamentos locales de policía de EE.UU. una independencia que no existe en otros países, en los que se espera que la fuerza pública ayude a combatir la inmigración ilegal. El único medio de presión de que dispone un presidente es el dinero, razón por la cual Trump ha amenazado con cortar la financiación federal.
Orgullosas ciudades "santuario" como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago prometieron resistir la presión del Presidente y seguir protegiendo a los inmigrantes. El alcalde de Miami-Dade, en cambio, se apresuró a acatar la directiva presidencial.
Durante años el condado surfloridano había declinado mantener en sus cárceles a presuntos inmigrantes indocumentados a solicitud de los agentes federales, pero Giménez firmó el jueves una orden ejecutiva que conmina al director de su departamento de penitenciarías a dar curso a todas las demandas de ICE para detenerlos en cárceles del condado.
"Miami-Dade cumple con la ley federal y tiene la intención de cooperar plenamente con el gobierno federal" reza la orden ejecutiva.
Giménez explicó que tomó la decisión para asegurar que el condado no pierda $ 355 millones que espera recibir en ayuda de Washington en 2017.
Los manifestantes ante la alcaldía portaban pancartas que decían “Giménez, no seas como Trump" y "Estamos aquí para quedarnos", mientras coreaban "Aquí estamos, y no nos vamos, y si nos echan nos regresamos".
La orden ejecutiva del Presidente deja en manos del Departamento de Seguridad Interna (DHS) la designación de las jurisdicciones "santuario", en función, al parecer, de si permiten a los funcionarios locales compartir con el gobierno federal el estatus migratorio de las personas. Una ley de 1996 prohíbe a las localidades negar dicha información, y la administración Trump afirma que las ciudades santuario la violan claramente.
Barry Friedman, un erudito en derecho constitucional que dirige el Proyecto sobre Policía de la Universidad de Nueva York (NYU), dijo a la Radio Pública Nacional (NPR) que "el gobierno federal no puede exigir que funcionarios estatales o locales le hagan el trabajo", en virtud de la Décima Enmienda y de un antecedente judicial conocido como Printz vs. Estados Unidos".
Eso significa que los federales no pueden requerir tiempo de la policía local para que investigue el estatus migratorio de los sospechosos, dice Friedman, "y los funcionarios locales pueden instruir a sus policías que no lo soliciten, así que no tendrían ninguna información que dar. Para que las ciudades santuario no violen la ley basta con que no corten su comunicación con los funcionarios federales de Inmigración en torno a una información que no tienen".
¿Cómo afecta a los cubanos después del fin de “pies secos”?
Según el centro de estudios Migration Policy Institute, la Florida alberga a unos 650.000 inmigrantes indocumentados, lo que la convierte en el cuarto estado con mayor cantidad de población de personas sin papeles después de California (más de 3 millones), Texas (1,5 millones) y Nueva York (870.000). A ellos se sumarían después del pasado 12 de enero los cubanos que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos, especialmente en el sur de la Florida, el más importante polo de población cubana del país.
La decisión de poner fin a la política de “pies secos y pies mojados” adoptada en las postrimerías de la administración Obama coloca a los cubanos en condiciones similares a las de otros inmigrantes para ser detenidos y expulsados, tanto a los que entren sin documentos al país como a los que entren legalmente pero sobrepasen la estancia autorizada por sus visas estadounidenses de no inmigrante.
La única diferencia es que se mantiene vigente -y sólo la puede modificar el Congreso- la Ley de Ajuste Cubano de 1966 que permite a los cubanos que entren legalmente al país -visas de turista, de trabajo, de estudio, etc.-solicitar la residencia al año y un día de permanecer en EE.UU.
Buscando clarificar cómo se aplicarían las leyes migratorias a los cubanos después de la revocación de la política implementada desde la administración Clinton, El Nuevo Herald indagó con la Casa Blanca, el DHS y especialistas en inmigración.
Dos de las preguntas del cuestionario y sus respuestas podrían ayudar a dilucidar cómo afectarían a los cubanos la orden ejecutiva de Trump y la decisión de Miami-Dade de acatarla:
“Si un cubano entra a Estados Unidos legalmente y se queda más tiempo del autorizado en su visa, ¿podría ser deportado o devuelto a Cuba?”
“El diario oficial cubano Granma fue el primero en publicar que “…en caso de que personas que entren legalmente a los Estados Unidos con visas de turismo u otras, pero permanezcan por más tiempo del autorizado o traten de permanecer irregularmente en ese país, serán regresadas a Cuba en virtud de los nuevos acuerdos”.
“La Casa Blanca confirmó esta información. ‘Los cubanos que vengan a Estados Unidos después del anuncio del jueves están sujetos a las mismas políticas de inmigración que cualquiera de cualquier otro país. Las personas con papeles o visas válidas son elegibles para permanecer; las que llegaron después del anuncio del jueves y se queden más tiempo que sus visados turísticos serán tratados como los demás y serán removidos’”.
“Sin embargo, el Departamento de Seguridad Interna indicó que si un extranjero se queda más tiempo del autorizado es ‘elegible’ para ser expulsado. Ello no quiere decir, explica el abogado de inmigración de Miami Wilfredo Allen, que agentes del DHS activamente se dediquen a identificar y a expulsar a cubanos que se hayan quedado más allá de la fecha de expiración de sus visas”.
“¿Puede un cubano que haya entrado a Estados Unidos con visa y se queda más tiempo del autorizado ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano?”
“’Si usted se queda más tiempo del autorizado por su visa, es elegible para ser removido. Sin embargo, si usted está aquí por un año con una visa válida, hasta que la Ley de Ajuste Cubano sea derogada, los cubanos podrán continuar buscando ajustar su estatus si han sido admitidos [con una visa] o admitidos bajo palabra (parole) en los Estados Unidos en cualquier momento, han estado presentes durante al menos un año, y son admisibles como inmigrantes”, indicó la vocera (del DHS)’.
