Organizaciones regionales y líderes extranjeros advirtieron que el último intento de los fiscales guatemaltecos de alterar la victoria del presidente electo Bernardo Arévalo equivale a un intento de golpe de Estado para impedir que asuma el cargo el 14 de enero.
Mientras tanto, la fiscal general Consuelo Porras parece no inmutarse mientras su oficina avanza con múltiples investigaciones y plantea la posibilidad de anular los resultados de las elecciones de agosto a pesar de que fueron certificados por la máxima autoridad electoral del país.
Volker Türk, quien es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo el sábado en un comunicado que deplora el intento persistente de socavar el resultado electoral en Guatemala.
"Los anuncios del viernes, que buscan anular el resultado de las elecciones generales y cuestionar la constitución y existencia del partido Movimiento Semilla, es extremadamente preocupante", señaló y agregó que el acoso judicial y la intimidación contra funcionarios electorales y personas electas son inaceptables.
El viernes, la fiscal Leonor Eugenia Morales anunció que según una investigación realizada las actas —que la fiscalía secuestró en un cuestionado allanamiento a sedes electorales y que recogieron el resultado de las elecciones— tienen supuestas irregularidades que dan fundamento para anularlos. Además, las fiscalías han solicitado el levantamiento de la inmunidad al presidente electo para ser investigado.
Mientras Arévalo denunció la víspera que las medidas son "un golpe al corazón de nuestra democracia", la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, fue enfática en responder que las elecciones son irreversibles y que el presidente y vicepresidenta electos deberán tomar posesión el 14 de enero, pues de lo contrario "habría un rompimiento del orden constitucional".
El ministro británico para las Américas, David Rutley, dijo en un mensaje de la red social "X", antes Twitter, que está "profundamente preocupado por los intentos de anular las Elecciones Presidenciales y anular la voluntad del pueblo. Tales intentos de bloquear la transición pacífica del poder al presidente electo Bernardo Arévalo, socavan la democracia y violan el estado de derecho y la constitución".
Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, anunció el viernes que la entidad contempla sanciones para quienes intenten revertir la voluntad ciudadana emitida en las urnas.
"Estas últimas acciones y declaraciones del Ministerio Público de Guatemala representan un intento de golpe de Estado, encabezado por fiscales con motivaciones políticas. Las mismas muestran desprecio por la clara voluntad de los ciudadanos", dijo.
"Estos continuos intentos de anular el resultado de las elecciones tendrán un fuerte impacto negativo en las relaciones de Guatemala con la UE", subrayó.
Aunque el gobierno guatemalteco ha intentado desmarcarse de las acciones de la fiscalía justificando la división de poderes en el país, muchos responsabilizan al presidente Alejandro Giammattei de fomentar las acciones de la fiscalía general dirigida por Consuelo Porras, a quién el gobernante reeligió para el cargo y de quién ha dicho es su amiga.
Porras ha sido sancionada en dos ocasiones por Estados Unidos que la señala de socavar la democracia y obstaculizar la lucha anticorrupción en Guatemala.
El gobierno guatemalteco parece minimizar la situación y emitió un comunicado indicando que "rechaza enérgicamente los precipitados pronunciamientos de algunos actores de la comunidad internacional en torno a acciones que, según sus comunicados, podrían suponer una alteración del orden constitucional".
"Hacemos el llamado a la comunidad internacional a la prudencia, previo a emitir comunicados que puedan generar polarización interna, también a comprobar la voluntad política del Gobierno de cumplir con la transición y la transmisión de mando presidencial, la cual ya se ha iniciado y cuenta con la confirmación de la participación de algunos jefes de Estado", indicó.
Para el martes, la Organización de Estados Americanos tiene previsto abordar nuevamente la crisis política en Guatemala con miras a lograr la firma de una resolución de rechazo a las acciones contra el estado de derecho que arriesgan la transición gubernamental.
Desde el 12 de julio, día en que se anunció que Arévalo pasaba a una segunda vuelta electoral para disputarse la presidencia con la ex primera dama Sandra Torres, a la que derrotó en las urnas, la fiscalía mantiene una arremetida contra Arévalo, el Movimiento Semilla, el proceso electoral y más de 150.000 ciudadanos que recogieron, contaron y resguardaron los votos.
Pese a que varias misiones de observación internacional, entre ellas de la OEA y UE, validaron las elecciones y refrendaron que los resultados fueron el reflejo de la voluntad popular de los guatemaltecos, la fiscalía impulsó investigaciones sobre un supuesto fraude en la compra del software que dio resultados paralelos y rápidos de las elecciones, y presuntas irregularidades en la constitución del partido de Arévalo y el financiamiento del mismo.
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