Funcionarios del régimen venezolano de alto rango están bajo investigación por las autoridades estadounidenses como parte de una amplia investigación sobre la distribución de cocaína en el hemisferio occidental, dijeron funcionarios policiales norteamericanos el martes según publica The New York Times.
La investigación, que involucra acusaciones de lavado de dinero y tráfico de cocaína, está siendo liderada por la Administración de Control de Drogas y se centra en uno de los políticos más poderosos de Venezuela: Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional.
No está claro qué planean hacer los fiscales de Estados Unidos con la evidencia que hayan recogido sobre Cabello y otros. Estados Unidos y Venezuela han tenido durante mucho tiempo tensas relaciones, por lo que es poco probable que las autoridades de Caracas entreguen a los líderes de alto perfil si fueran enjuiciados. Los fiscales, sin embargo, podrían hacer que sea difícil viajar para cualquier persona implicada y sus activos en el exterior podrían ser congelados.
Noticias sobre la investigación en curso fueron reportadas inicialmente por el diario español ABC y The Wall Street Journal el lunes.
Cabello presentó una demanda por difamación en Venezuela en contra de directivos de El Nacional, del periódico Tal Cual y del portal de noticias La Patilla por hacerse eco de esta noticia.
Funcionarios de Estados Unidos han acusado desde hace tiempo que existen vínculos entre los traficantes de drogas y militares venezolanos. Esos lazos incluyen una estrecha relación con el grupo guerrillero comunista más grande en el hemisferio, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), basado en el tráfico de estupefacientes, en particular de la cocaína, para obtener gran parte de sus ingresos. Los terroristas marxistas, así como los traficantes, se mueven fácilmente a través de la frontera con Venezuela.
Gran parte de la cocaína que viaja al norte, hacia Estados Unidos, pasa por Venezuela, de acuerdo con funcionarios estadounidenses, a menudo en pequeños aviones que cargan y despegan de pistas de aterrizaje controladas por militares del régimen chavista, ocultas en el estado venezolano occidental de Apure.
El presidente Hugo Chávez cortó la cooperación con la DEA en 2005, acusándola de espionaje, y el movimiento de drogas a través del país aumentó enormemente después de eso. El Departamento del Tesoro ha acusado a oficiales militares y funcionarios del Gobierno chavista de trabajar con traficantes.
En julio pasado, un exdirector de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, fue detenido en Aruba, a petición de los funcionarios estadounidenses. Las acusaciones de Estados Unidos lo señalaban de recibir dinero de narcotraficantes colombianos y de tener la mano metida en los envíos de cocaína a Norteamérica. A Carvajal, quien había sido designado Cónsul General de Aruba, en última instancia, se le permitió regresar a Venezuela.
El Gobierno del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, negó las acusaciones en su contra e inició una batalla contra las informaciones difundidas por medios internacionales que movió las bases del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a las instituciones del Estado y a figuras del Gobierno de Nicolás Maduro, que hicieron suyos los ataques contra Cabello.
Las publicaciones, replicadas por medios locales y que provocaron la irá del oficialismo, son "una campaña contra la llamada revolución bolivariana" según el chavismo.
Poder Judicial a Cabello
En ese sentido, las mujeres miembros del PSUV, expresaron con una declaración su "contundente apoyo" al diputado, en virtud de lo que aseguran es "una olla podrida" consistente en una "campaña de guerra sucia contra el camarada Diosdado Cabello", una "campaña mundial".
"Estamos aquí las mujeres del PSUV, quienes nos convocamos el día de hoy para hacer una manifestación contundente de apoyo, de solidaridad, de respaldo y de compromiso firme con nuestro hermano, camarada Diosdado Cabello", afirmó en rueda de prensa la segunda vicepresidenta del parlamento, Tania Díaz.
Señaló, asimismo, que las acusaciones contra el parlamentario obedecen a un plan de la "extrema derecha nacional e internacional", que utiliza a un "cartel de medios de comunicación" para atacar "sin sustento" a Cabello. El vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, aseguró con un mensaje en la red social Twitter que los señalamientos son parte de "una arremetida mediática" contra Cabello.
"Es una acción desesperada de la canalla. ¡Si se meten con uno de nosotros, se meten con todos!", dijo.
Por su parte, la presidenta del Tribunal Supremo venezolano, Gladys Gutiérrez, hizo público el respaldo del Poder Judicial a Cabello en lo que llamó "agresiones conspirativas", en una declaración desde la sala del máximo órgano.
Según Gutiérrez, las informaciones que vinculan al diputado chavista con un cartel de narcotráfico "se hacen en momentos en los que notamos una irracional operación que ha pretendido atentar contra la soberanía, la igualdad, la autodeterminación, la independencia y los derechos de nuestro pueblo a la paz". El objetivo de estas "agresiones conspirativas" es "crear la atmósfera de desprestigio y de deslegitimación necesaria para consumar hechos de violencia colectiva", dijo la magistrada.
Asimismo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, aprovechó una rueda de prensa en la que daba detalle del ataque a una aeronave cargada con drogas para manifestar el respaldo de la Fuerza Armada a los funcionarios venezolanos, en una clara alusión al caso de Cabello.
"Hemos visto que desde allá, desde Norteamérica se ha querido acusar a líderes políticos, revolucionarios, militares, para actuar sobre la tesis del Estado forajido; y desde aquí, con mis compañeros de armas, queremos rechazar todos los ataques que se están haciendo", dijo.
Cabello afirmó que tiene "su consciencia tranquila", se preguntó hoy durante su programa en la televisión estatal: "¿Por qué contra Diosdado?". "Nosotros sabíamos que luego de nuestras demandas esto iba a ocurrir, estábamos preparados para eso. Yo no sé, en verdad tengo mis dudas si la contraparte está preparada".
Mientras tanto, la exdiputada opositora María Corina Machado reclamó, a través de una carta dirigida a la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), por el silencio de la oposición venezolana ante los señalamientos contra Cabello.
"Toda Venezuela está esperando un pronunciamiento por parte de las fuerzas opositoras, puesto que se trata de presuntos crímenes de enorme gravedad, que involucran a individuos que ostentan los más altos cargos en el Gobierno y en las Fuerzas Armadas", reseña el texto.
Según la misiva firmada por Machado y de la que aún no se conoce respuesta por parte de la MUD, "de ser ciertas las denuncias, significaría que estamos ante la presencia de un narco-Estado".
