Declaración de Amnistía Internacional:
Ante lo que a veces parece una sucesión interminable de malas noticias en los medios de comunicación es fácil sucumbir al pesimismo. Sin embargo, este año ha habido muchas buenas noticias que celebrar.
El trabajo constante de campaña, incidencia y medios de comunicación que Amnistía ha realizado durante 2022 ha tenido un impacto positivo en personas de todo el mundo cuyos derechos humanos estaban violándose. Quedaron en libertad personas detenidas injustamente. Se hizo rendir cuentas a responsables de abusos contra los derechos humanos. Los gobiernos aprobaron leyes y resoluciones fundamentales en el ámbito nacional e internacional. Continuó avanzando la abolición mundial de la pena de muerte. Y hubo importantes avances en el ámbito de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI.
He aquí un resumen de las victorias logradas en 2022 en materia de derechos humanos.
Liberación de personas encarceladas injustamente
El trabajo constante de Amnistía sobre casos individuales contribuyó a que personas de todo el mundo quedaran en libertad, a que las familias consiguieran justicia y a que los perpetradores de abusos rindieran cuentas.
En enero, el profesor universitario Faizullah Jalal quedó en libertad tras haber sido detenido arbitrariamente por los talibanes.
En febrero, el abogado srilankés y preso de conciencia de Amnistía Hejaaz Hizbullah quedó en libertad bajo fianza tras pasar casi dos años detenido en espera de juicio en virtud de la draconiana Ley de Prevención del Terrorismo de Sri Lanka. Otras dos personas detenidas en aplicación de esta ley, Ahnaf Mohamed Imran y Divaniya Mukunthan, también quedaron en libertad bajo fianza en agosto y septiembre, respectivamente.
En Honduras, los“ocho defensores de Guapinol”, presos de conciencia defensores del derecho al agua, quedaron en libertad incondicional en febrero, tras pasar más de dos años encarcelados por su activismo de derechos humanos.
Al mes siguiente, en la vecina Guatemala, el ambientalista indígena maya y preso de conciencia Bernardo Caal Xol fue puesto en libertad poco después de haber sido encarcelado por cargos falsos relacionados con su activismo. Durante la campaña de Amnistía Escribe por los Derechos 2021 se emprendieron más de medio millón de acciones en su favor.
Ese mismo mes de marzo, en otro lugar del globo, Sudán del Sur, Magai Matiop Ngong —en favor del cual se emprendieron más de 700.000 acciones durante Escribe por los Derechos 2019— fue excarcelado tras haber sido condenado a muerte en 2017, cuando tenía 15 años.
En agosto quedó en libertad el maestro de escuela Hriday Chandra Mondal, detenido por hablar en sus clases sobre la diferencia entre ciencia y religión. Posteriormente se retiraron todos los cargos en su contra.
En mayo, Israel puso fin a la detención administrativa de Amal Nakhleh, palestino de 18 años que sufre una enfermedad autoinmune crónica, tras 16 meses de campaña de Amnistía y otras organizaciones.
En julio, un tribunal ruso absolvió a Yulia Tsvetkova, acusada de “producir y difundir materiales pornográficos” por sus ilustraciones de vaginas al estilo del movimiento “Body Positive” publicadas en Internet.
Tras una Acción Urgente de Amnistía, el activista maldivo Rusthum Mujuthaba, privado de libertad por cargos de blasfemia relacionados con una publicación en las redes sociales, salió de la cárcel en agosto.
El doctor Mohammed al-Khudari fue excarcelado en Arabia Saudí en octubre tras pasar más de tres años en detención arbitraria junto con su hijo, el doctor Hani al-Khudari. Ambos habían sido condenados a penas de prisión por cargos falsos. Hani al-Khudari sigue en la cárcel a pesar de que su condena terminó en febrero, y Amnistía continúa haciendo campaña para que sea puesto en libertad.
Seis palestinos que denunciaron haber sido torturados en las cárceles de la Autoridad Palestina quedaron en libertad bajo fianza dos semanas después de la intervención de Amnistía en noviembre.
Gracias al apoyo de Amnistía Argentina, una familia ucraniana pudo escapar de la guerra e instalarse en Argentina en noviembre. La historia se documenta en este breve vídeo.
En Yemen, el periodista Younis Abdelsalam quedó en libertad en diciembre tras haber pasado más de un año detenido arbitrariamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión.
Justicia para las familias, rendición de cuentas de quienes cometen abusos
En Malawi, un tribunal hizo justicia en abril al declarar a 12 hombres culpables del homicidio en 2018 de MacDonald Masambuka, un hombre con albinismo.
En junio se hizo por fin justicia parcialmente por el asesinato en 2016 de Berta Cáceres, activista ambiental y en favor de los derechos de los pueblos indígenas, al dictarse pena de prisión para David Castillo como coautor de su muerte. Amnistía continúa haciendo campaña para que otras personas sospechosas de haber tenido alguna responsabilidad en el asesinato de Berta comparezcan ante la justicia.
Tras las presiones de las autoridades estadounidenses, y después de una visita a Israel del presidente Biden, el Ministerio de Defensa israelí acordó en octubre el pago de una indemnización a la familia del palestino-estadounidense Omar As’ad, que murió tras ser maltratado por soldados israelíes en un puesto de control en enero.
En noviembre, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) informó al gobierno israelí de su intención de llevar a cabo una investigación sobre el homicidio, en mayo, de la periodista palestina-estadounidense Shireen Abu Akleh a manos de un soldado israelí.
En diciembre, un juez libanés acusó formalmente de tortura a cinco miembros de la Seguridad del Estado en la causa del refugiado sirio Bashar Abdel Saud, que había muerto bajo custodia en agosto.
Continúan los avances hacia la abolición mundial de la pena de muerte
La campaña de Amnistía en favor de la abolición mundial de la pena de muerte siguió cosechando éxitos en 2022, ya que una serie de países suprimieron este castigo o avanzaron significativamente hacia su abolición.
En enero entró en vigor la abolición de la pena de muerte para todos los delitos en Kazajistán. Le siguió Papúa Nueva Guinea, que en abril abolió la pena capital 30 años después de haberla reintroducido.
El presidente de Zambia anunció en mayoa través de las redes sociales que el país iniciaría el proceso de dejar de utilizar la pena de muerte, y en junio el gobierno de Malasia inició el procedimiento para eliminar la pena de muerte preceptiva para 11 delitos.
En septiembre entró en vigor una nueva ley que eliminaba la pena capital del Código Penal en Guinea Ecuatorial.
Mientras, la inmensa mayoría de países del África subsahariana donde aún existe la pena de muerte para todos los delitos, como Kenia, Malawi, Uganda, Zambia y Zimbabue, continuaron sin llevar a cabo ejecuciones.
Leyes nacionales y acuerdos internacionales históricos
Tanto en el ámbito nacional como en el internacional, la labor de Amnistía fue vital para contribuir a que se aprobaran leyes y resoluciones esenciales, así como para garantizar la rendición de cuentas de las empresas respecto a sus responsabilidades en materia de derechos humanos.
Ámbito nacional
En EE. UU. se lograron importantes avances en el terreno de los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Por ejemplo, en marzo, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la designación de Afganistán al Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta decisión ofrece protección frente a la deportación a las personas de nacionalidad afgana que carecen de visado y se encontraran en Estados Unidos antes del 15 de marzo de 2022, disipando sus temores de ser devueltas a un Afganistán bajo el régimen talibán. Amnistía EE. UU. hace campaña en favor de un proyecto de ley que proporcione una vía para conseguir la ciudadanía a afganos y afganas que busquen seguridad: la Ley de Ajuste Afgano.
Una victoria en la protección y la promoción de la libertad de expresión en India fue la suspensión de la ley sobre sedición, de 152 años de antigüedad, por el Tribunal Supremo.
En junio, el gobierno de Sierra Leona preparó un proyecto de ley sobre salud mental más acorde con las normas internacionales de derechos humanos que la anticuada y discriminatoria “Ley de la Locura” de 1902. Esto había sido una demanda fundamental en el informe de Amnistía de mayo de 2021 sobre la salud mental en el país.
En junio, el Parlamento de Níger aprobó enmiendas a la Ley sobre Delitos Informáticos que reducían las penas de prisión por difamación e injurias. Esta ley había sido empleada de forma habitual para atacar y detener arbitrariamente a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas.
En Estados Unidos, con la aprobación de la Ley sobre Comunidades más Seguras en junio se consiguió la legislación sobre violencia con arma de fuego en favor de la cual llevaban largo tiempo haciendo campaña Amnistía Estados Unidos y otras entidades asociadas. Esta ley asigna otros 250 millones de dólares estadounidenses a programas de interrupción de la violencia comunitaria.
El impacto del trabajo de Amnistía sobre la infancia en zonas de conflicto de Níger se materializó, por ejemplo, en el aumento de la vigilancia de la ONU. En julio, el secretario general de la ONU pidió a su representante especial para la cuestión de los niños y los conflictos armados, que propiciara “una mayor capacidad de vigilancia en la región del Sahel Central”, que abarca la zona de triple frontera de Níger. Ésta era una de las principales recomendaciones de nuestro informe de septiembre de 2021.
Durante todo el año, Amnistía observó también que ciertas empresas se tomaron más en serio sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Así, tras una petición de la organización, las autoridades de Sierra Leona solicitaron a la empresa minera Meya, que desarrolla sus actividades en el distrito de Kono, que respondiera a nuestros motivos de preocupación respecto al impacto negativo de estas actividades sobre la población local. Meya contestó que participaba en varias iniciativas para mejorar la seguridad de esta población y el acceso a agua potable de las comunidades.
La investigación de Amnistía sobre la vinculación de la cadena de suministro de combustible para la aviación a crímenes de guerra en Myanmar influyó en que varias empresas anunciaran que dejarían de vender combustible de aviación al país ante el peligro de que el ejército myanmaro estuviera utilizando los envíos para llevar a cabo mortíferos ataques aéreos. Una de estas empresas fue Puma Energy, que anunció su retirada menos de dos semanas después de conocer los resultados de la investigación de Amnistía. Thai Oil y la empresa naviera noruega Wilhelmsen confirmaron también que se retirarían de la cadena de suministro, y se preveía que habría más abandonos.
Ámbito internacional
Tras el informe de Amnistía, el relator especial de la ONU Michael Lynk afirmó en marzo que Israel practica el apartheid, al igual que posteriormente lo haría el relator especial Balakrishnan Rajagopal en julio, añadiendo con ello sus voces a las de un grupo cada vez más numeroso de expertos y expertas.
En abril, la Unión Europea llegó a un acuerdo político sobre la Ley de Servicios Digitales, un marco regulador histórico que, entre otras cosas, exige a las grandes empresas tecnológicas evaluar y gestionar los riesgos sistémicos que presentan sus servicios, como la apología del odio y la difusión de desinformación.
Se hicieron importantes avances sobre justicia medioambiental con la aprobación de una resolución de la Asamblea General en julio que reconocía el derecho a un medioambiente saludable. Esta aprobación se produjo tras la de otra resolución similar aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a finales de 2021.
En julio, diez países europeos, Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, y Suecia, rechazaron la designación como “terroristas” e “ilegítimas” de siete organizaciones de la sociedad civil palestinas por el Ministerio de Defensa israelí. El gobierno estadounidense expresó su preocupación por la irrupción del ejército israelí en las oficinas de las organizaciones en agosto, y expertos de la ONU condenaron los ataques de Israel contra la sociedad civil palestina.
En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución especial sobre Afganistán en su 51 periodo de sesiones. Amnistía sugirió que se incluyera un llamamiento para que el relator especial de la ONU sobre Afganistán preparara un informe temático sobre la situación de las mujeres y las niñas en el país. La idea fue apoyada por varios países e incluida en el texto definitivo de la resolución.
En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó hasta septiembre de 2024 el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, un mecanismo internacional independiente que investiga activamente e informa con regularidad sobre crímenes de derecho internacional y otras violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado y en la actualidad. Y en noviembre, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución histórica para establecer una nueva misión de investigación sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en Irán en relación con las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022 en todo el país.
El mandato del Proyecto de Rendición de Cuentas de la OACNUDH en Sri Lanka se prorrogó por otros dos años en octubre. El mandato de este proyecto es recopilar y preservar las pruebas para futuros procesos de rendición de cuentas, un aspecto fundamental para garantizar que se mantiene la presión sobre el gobierno de Sri Lanka para que solucione y ponga fin a las violaciones de derechos humanos cometidas en el presente y en el pasado.
Victorias en el ámbito de los derechos de las mujeres
En el año hubo varias victorias para los derechos de las mujeres en las que Amnistía estuvo en primera línea.
El avance más reciente sobre derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica se produjo en febrero con la despenalización del aborto en Colombia durante las primeras 24 semanas de gestación. El aborto había sido legalizado en Argentina en 2020 y despenalizado en México en 2021.
En mayo, la cámara baja del Parlamento español aprobó un proyecto de ley con importantes medidas para prevenir y enjuiciar las violaciones. El Parlamento finlandés aprobó medidas similares en junio, adoptando reformas que establecían la falta de consentimiento como clave definitoria de la violación. En octubre, Finlandia también aprobó reformas que flexibilizaban sus leyes de aborto, las más estrictas de los países nórdicos.
En septiembre fue absuelta en Argentina la doctora Miranda Ruiz, procesada injustamente por haber garantizado un aborto legal.
Importantes victorias en el ámbito de los derechos de las personas LGBTI
Amnistía contribuyó a varias victorias importantes en el ámbito de los derechos de las personas LGBTI durante 2022.
En una importante afirmación del derecho de las personas transgénero a la dignidad, la felicidad y la vida familiar, el Tribunal Supremo de Corea del Sur falló que tener hijos o hijas menores de edad no debía ser razón inmediata para negar el reconocimiento legal de la identidad de género a las personas transgénero.
En julio fue legalizado en Suiza el matrimonio entre personas del mismo sexo tras un referéndum en el que votaron a favor casi dos tercios de la población. En Eslovenia la legalización se produjo en octubre, tras una sentencia del Tribunal Constitucional.
En noviembre se levantó en Pakistán la prohibición de la premiada película Joyland, uno de cuyos principales personajes es una persona transgénero.
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