La amnistía aprobada por la oposición venezolana en el Parlamento para liberar a sus dirigentes presos tiene escasas posibilidades de ser aplicada si el Gobierno apela una vez más al Poder Judicial –considerado un aliado– para que declare su ilegalidad, estiman analistas.
"Esa ley por aquí no pasa", ha repetido insistentemente Maduro que, tras su aprobación –el 29 de marzo– puede promulgarla, pedir modificaciones o someterla a un examen de constitucionalidad en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de ser el "bufete jurídico" del chavismo.
Maduro tiene un plazo de 10 días después que le entregaran el texto aprobado por la amplia mayoría opositora en la Asamblea, lo que algunos diputados estiman se cumpliría el viernes.
Analistas consultados por AFP estiman que Maduro enviará la amnistía a consulta del TSJ, recordando que la corte emitió en los últimos meses varios fallos polémicos que favorecieron al Gobierno y eliminaron facultades de control del Parlamento sobre los demás poderes públicos.
Con esa ley, la oposición busca la liberación de 76 opositores presos –incluido Leopoldo López– y que cesen los procesos contra cientos de "perseguidos y exiliados" por su oposición al chavismo entre 1999 y 2015.
Según Raúl Arrieta, exdiplomático y profesor de derecho constitucional de la Universidad Central de Venezuela, Maduro intentará "utilizar de nuevo al TSJ como una palanca" para impedir que se promulguen la amnistía y otras leyes que no le son funcionales.
"Lo más probable es que el Presidente haga lo mismo que hizo con otras leyes, mandarla a consulta a la Sala Constitucional (del TSJ)", dijo el jurista.
Legalmente, Maduro no puede vetar la ley, pero el TSJ tiene facultad de controlar aspectos de forma y sólo uno de fondo: que no beneficie a quienes violaron Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad, explica el constitucionalista José Ignacio Hernández.
El experto sostiene que esos crímenes fueron excluidos del proyecto, pero Maduro afirma que la norma busca amnistiar actos de "terrorismo" con los que, según él, se intentó poner fin a su gobierno y al de su antecesor, Hugo Chávez (1999-2013), lo que viola la Constitución y pactos internacionales de Derechos Humanos.
"Todo elemento de trascendencia para el Ejecutivo que sea incluido en cualquier acto parlamentario o de control político va a ser bombardeado por el TSJ", señaló el constitucionalista Juan Manuel Rafalli.
El chavismo cuestiona en particular la amnistía para procesados por manifestaciones que buscaban la renuncia de Maduro en 2014 y se saldaron con 43 muertos y unos 800 heridos.
Tras la aprobación de la amnistía, se levantaron voces en el exterior para que Maduro la firme, como la de la subsecretaria estadounidense de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, quien sostuvo este miércoles que la liberación de los presos políticos "tenía que haberse hecho hace mucho tiempo".
El llamado de Jacobson tras una reunión con la esposa de López, Lilian Tintori, se sumó al del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien el martes pidió a Maduro sancionar la ley.
Maduro convocó el pasado viernes a una consulta pública para sentar su posición definitiva sobre la amnistía, en el marco de la cual este miércoles el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, expresó su rechazo a la norma por considerar que "atenta contra la paz" y los Derechos Humanos.
También como parte de ese llamado, el chavismo y ONG cercanas al Gobierno marcharán el jueves hacia el palacio presidencial de Miraflores para entregar al mandatario socialista una carta en la que le piden no sancionar la ley.
El Gobierno venezolano convertirá los viernes en "días no laborables" para los empleados públicos durante los meses de abril y mayo, en un intento de enfrentar la crisis energética generada por la sequía que afecta a la represa del Guri y, sobre todo, dicen los analistas, por la ineficiencia socialista que permea al país.
