El anuncio del presidente Donald Trump de que está "cancelando" la política de su predecesor hacia Cuba es bastante menos que lo que se dice.
Las medidas de Trump, anunciadas el viernes en Miami, realmente mantienen la mayoría de los elementos importantes de las decisiones del presidente Barack Obama para abrir las relaciones con la isla.
Y aunque su política tiene el objetivo declarado de ayudar al naciente sector privado del país, contiene una medida que podría perjudicar a miles de pequeños empresarios que alojan, alimentan y transportan a norteamericanos que viajan de manera independiente a Cuba.
La política de Trump mantiene abierta la Embajada de los Estados Unidos en La Habana y permite a las aerolíneas y cruceros estadounidenses continuar el servicio a Cuba. Los cubanoamericanos aún pueden enviar dinero a sus familiares y viajar a la isla sin restricciones. Los agricultores estadounidenses pueden seguir vendiendo sus cosechas al gobierno cubano.
La nueva política tiene como objetivo privar de dólares estadounidenses a las empresas vinculadas a los militares cubanos, al prohibir los pagos a estas por parte de personas y entidades de EE.UU. Se compromete a ayudar a la clase empresarial que ha ido creciendo desde que Raúl Castro promulgó cambios al respecto tras asumir la dirección del país hace casi una década.
“Con carácter inmediato, estoy cancelando el acuerdo totalmente unilateral con Cuba de pasadas administraciones” dijo Trump, y agregó: "Aplicaremos fuertes restricciones al flujo de dólares estadounidenses hacia las fuerzas armadas y los servicios de seguridad y de inteligencia que constituyen el núcleo del régimen castrista". Prometió "medidas concretas para asegurar que las inversiones fluyan directamente a la gente para que puedan abrir negocios privados y comenzar a construir el gran futuro de su país".
La nueva política, sin duda, reducirá el flujo de efectivo a GAESA, el conglomerado vinculado a los militares que opera docenas de hoteles y otros negocios relacionados con el turismo. Pero esos negocios acogen a cientos de miles de turistas canadienses, europeos y latinoamericanos al año, y operan sin restricciones con corporaciones de todo el mundo, lo cual será un paliativo al impacto de cualquier corte por parte de EE.UU.
La política de Trump debilita aún más el impacto al establecer excepciones a la prohibición sobre los pagos a los militares para las compañías aéreas y de cruceros, las ventas de productos agrícolas y las remesas.
La política también permite a los estadounidenses continuar hospedándose en hoteles del Estado y otros negocios que no están directamente vinculados con las fuerzas armadas y los servicios de seguridad del Estado de Cuba. Y, por supuesto, nada impide que el gobierno cubano transfiera simplemente esos ingresos a los militares o a la seguridad, un punto frágil de las medidas que la Casa Blanca no ha atendido.
La política corre el riesgo de perjudicar a los empresarios independientes al restaurar para la mayoría de los viajeros estadounidenses un requisito de visitar Cuba como parte de grupos de turistas estrictamente regulados. El gobierno cubano ha dirigido tradicionalmente a esos grupos turísticos hacia los negocios estatales, lo que significa que la mayoría de los estadounidenses que visiten la isla probablemente ya no podrán recurrir a restaurantes, hostales y taxistas privados.
Los emprendedores privados cubanos dicen que los estadounidenses representan una fracción desproporcionada de sus ingresos, porque gastan más que otros viajeros por servicios de calidad superior que típicamente no son capaces de proporcionar los mal administrados negocios operados por el Estado.
Trump también exigió la entrega de fugitivos de la justicia estadounidense, incluyendo a Joanne Chesimard, una extremista negra condenada en 1977 por el asesinato de un patrullero estatal del estado de Nueva Jersey.
"Eso de dar refugio a criminales y fugitivos se va a acabar", dijo Trump, “Ustedes no tienen alternativa. Se va a acabar”.
Muchos de los fugitivos más buscados por EE.UU. que viven en Cuba son extremistas negros o puertorriqueños a quienes Fidel Castro les ofreció asilo político durante los años 70 y 80. El gobierno ha dicho repetidamente que no renegará de la promesa del ex gobernante fallecidoen noviembre pasado.
(Associated Press, traducción de Rolando Cartaya)
