El activista villaclareño que dio a conocer en redes sociales la semana pasada el aumento de casos de COVID-19 en un hogar de ancianos de Santa Clara, Yoel Bravo López, fue arrestado por la policía política y amenazado con “ir a parar en prisión como José Daniel Ferrer” si continúa difundiendo información que el gobierno considera “contraria al interés social”
Poco después de las 9 de la mañana del lunes “fui arrestado por el jefe de la Seguridad del Estado aquí en Villa Clara con un grupo de oficiales más y un operativo escandaloso”, le contó el martes Bravo López a la periodista de Radio Televisión Martí Idolidia Darias.
Le quitaron su teléfono celular, lo llevaron a la Tercera Unidad, y de allí a Instrucción, donde le abrieron un expediente por desacato, según le informara un teniente coronel e instructor identificado como Osmani. Luego fue sometido a un interrogatorio de más de dos horas, “a ofensas y amenazas”, y le aplicaron una multa de tres mil pesos; “una multa injusta que no voy a pagar”, declaró el activista.
La información compartida por Bravo López, quien encabeza el Movimiento Opositor “Juventud Despierta” e integra el Frente de Resistencia Cívica “Orlando Zapata Tamayo”, parece haber sido el motivo de una campaña “de información oportuna” y de una ofensiva desatada por las autoridades sanitarias de Villa Clara y del país para contrarrestar la crisis en el Hogar de Ancianos No. 3 de Santa Clara.
“Esa información no se la habían dado al pueblo; dijeron que eran 11 ancianos, y nosotros publicamos en redes sociales que eran 22 confirmados, y que Tele Cubanacán estuvo allí en el asilo y, sin embargo, la televisión cubana, el Ministerio de Salud Pública, el régimen, no autorizó sacar imágenes del asilo por las malas condiciones, infrahumanas, en que viven esos ancianos allí”, manifestó Bravo López.
Según fue informado por los agentes, le aplicaron el Decreto 310, no el 370, esgrimido en estos días contra periodistas independientes como Mónica Baró en La Habana. Bravo López conversó al respecto con la abogada Laritza Diversent, quien le explicó que como el régimen ya ha puesto varias multas por el Decreto 370, “al parecer ahora van a empezar a ponerlas por el 310”.
El domingo le hackearon su cuenta, dos días después de haber publicado que el Hogar de Ancianos No. 3 tenía 22 casos de COVID-19, gracias a información obtenida “por simpatizantes nuestros y por vías confiables, como también dimos el primer caso de COVID-19 aquí en Villa Clara”, dijo.
El martes, sitios oficialistas como Cubadebate reportaban la existencia de 57 casos entre ancianos y trabajadores del asilo. "Lamentablemente, y a pesar de los ingentes esfuerzos del Estado Cubano...", indica el sitio de internet de la emisora provincial CMHW de Villa Clara.
“Hasta el momento allí se reporta el evento de transmisión local más grande del país”, dice Cubadebate. “Según los datos oficiales, el 20 de abril los números mostraban un balance de 57 casos positivos --44 de ellos adultos mayores--, un fallecido, y 148 contactos vinculados a 13 trabajadores confirmados con el nuevo coronavirus”.
Respondiendo una pregunta de la periodista, Bravo López explicó que el arresto, el expediente y el caso por desacato y la multa fue por publicar la semana pasada los datos sobre el asilo, “por otras cosas más que ellos saben que tenemos información”, y por repartir almuerzo y comida a ancianos y a niños enfermos como parte del proyecto Armando Sosa Fortuny.
“Me dijeron que no iban a permitir nada de eso y que en [mi] caso iba a parar en una prisión como José Daniel Ferrer; que para eso me tenían el expediente [de desacato] preparado, que lo iban a dejar abierto y que me iban a imponer la multa de tres mil pesos”, relata el activista. “Les dije que sí podían llevarme a prisión, y después que yo estuviera en prisión tendrían que matarme, que es lo que van a tener que hacer; esas fueron las palabras que les dije”.
Confirmó que las autoridades sanitarias de Santa Clara establecieron otro centro especial de aislamiento en la Escuela Especial Marta Abreu, frente a la fábrica INPUD; que está militarizado por completo con brigadas especiales y cerrado “con cintas amarillas y con unas casas de campaña que son dos hospitalitos militares”.
“Este es el último nuevo centro de COVID-19 que han hecho en Santa Clara porque todo está colapsado: el Hospital Militar [Manuel Fajardo] está colapsado, la sala del hospital nuevo está colapsada; [la escuela de] Trabajadores Sociales está colapsada”, aseguró Bravo López.
En la búsqueda de responsables del foco de transmisión del Hogar de Ancianos No. 3 de Santa Clara, el reporte de Cubadebate cita al Dr. Neil Reyes Miranda, director de Higiene y Epidemiología en Villa Clara.
“Encontramos que un médico y una enfermera que posteriormente resultaron positivos a la COVID-19 presentaron síntomas respiratorios y aun así continuaron trabajando”, dijo Reyes Miranda, según el medio oficialista. “Quizás no creyeron que fuera algo serio o que no debían ausentarse y afectar a los demás, porque se resolvió enseguida, pero lo cierto es que incumplieron las orientaciones de permanecer en casa ante alguna sospecha de enfermedad”.
De acuerdo con la emisora provincial de radio CMHW, que también cita al Dr. Reyes Miranda, “aunque se profundiza más en la investigación, hubo violaciones de los protocolos” y “hoy siguen depurándose responsabilidades”.
Además de la Escuela Especial Marta Abreu que menciona el activista, y donde han sido internados 79 ancianos que no han resultado positivos a la prueba del COVID-19, según Cubadebate, los 44 confirmados con la enfermedad fueron internados en los hospitales Manuel Fajardo y Celestino Hernández.
El Decreto Ley 310 aplicado a Bravo López “amplía los procesos en los tribunales municipales y eleva hasta tres años la posibilidad de privación de libertad sin llegar a la vista judicial”, informa la Agencia Cubana de Noticias (ACN).
