La ONG británica Artículo 19 denunció que la prensa en Cuba está “bajo un asedio sistemático por parte del gobierno”.
“Pareciera insignificante frente a la alza de asesinatos de periodistas en la región, pero el gobierno de la isla ha aprendido a imponer el silencio matando el periodismo”, dice la organización en el informe “Cuba, una democracia de papel que violenta la libertad de expresión”, que abarca los años 2019 a 2021.
“Se destacan las violencias y obstáculos que enfrentan periodistas y personas que buscan ejercer la libertad de expresión y el periodismo en Cuba", indicó a Radio Televisión Martí la abogada Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
"Como Estado totalitario, busca controlar las narrativas, los flujos informativos a través de un sistema legal que aplica sanciones y obstaculiza y niega la posibilidad de ejercer este derecho a través de marcos administrativos, de prácticas de abuso de poder, prácticas sociales, prácticas culturales que al final van reduciendo el campo para evitar, por todos los medios, que las personas puedan expresarse; desde salir a las calles o la creación artística, una canción, un poema, un cartel, una pintada en la pared; o bien a través del ejercicio periodístico”, precisó Ordóñez.
La entidad, desde su oficina en México, documentó en 2020, 681 ataques contra 119 periodistas y activistas. De éstos, 65% fueron cometidos contra periodistas.
El 69% del total ocurrieron en un lapso de seis semanas, del 9 de noviembre al 31 de diciembre de 2020, durante las cuales se desarrollaron protestas.
Durante 2019, Artículo 19 había argumentado que un periodista en promedio podría ser agredido hasta cinco veces en un año. En 2020, el promedio aumentó a seis veces y, en 2021, se elevó a ocho veces.
En la primera mitad de 2021 se cometieron 656 agresiones contra 84 periodistas, activistas, personas defensoras de los derechos humanos y artistas. De éstas, 49% fueron perpetradas contra comunicadores.
“Resaltamos cómo las agresiones son generalizadas y sistemáticas contra periodistas, artistas, activistas, defensoras y defensores de derechos humanos; y que esta sistematicidad y generalización va provocando que al final, en el caso de periodistas, vayan, digamos, retirándose o teniendo menos posibilidades para ejercer el periodismo, acompañado también de bloqueos a Internet que les imposibilitan el ejercicio”, apuntó Ordóñez.
“O bien, que el acoso y el hostigamiento sea tal hacia ellos, ellas y sus familias, que terminen yéndose del país en una especie de ‘autoexilio’, particularmente, a partir de las movilizaciones del 11 de julio y del 15 de noviembre (del 2021), pero más hacia el 11 de julio, vemos esta práctica de implantar el terror, de implementar castigos que sirvan de escarmiento para las otras personas: juicios sumarios que tienen sanciones de hasta diez o treinta años de prisión por el hecho de salir a protestar”, afirmó.
En este sentido, los casos más recientes son los de los periodistas de ADN Cuba, Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez, que fueron presionados para salir del país por la Seguridad del Estado, y el de Orelvis Cabrera, de Cubanet, que se vio obligado a emigrar a Rusia.
“En las mujeres hemos visto agresiones con marcados tintes de género. Un ejemplo es las amenazas que han sufrido las periodistas de que les implementen el Código de Familia a través del cual puedan retirarle la Patria Potestad de sus hijos e hijas”, señaló la representante de Artículo 19.
La Ley No. 1289, el Código de la Familia, estipula que los padres y madres pueden perder la Patria Potestad de sus hijos cuando observen una conducta peligrosa o incumplan con el deber de “inculcarles el amor a la patria, el respeto a sus símbolos y la debida estimación a sus valores, el espíritu internacionalista, las normas de la convivencia y de la moral socialista”.
El informe presenta recomendaciones al Estado cubano, entre las cuales se encuentran:
- Liberar a todas y todos los presos políticos y eliminar las restricciones domiciliarias a las que han sido sujetas las personas periodistas y manifestantes en el marco de las movilizaciones del 11 de julio y del 15 de noviembre de 2021.
- Reconocer el derecho a la protesta en su sentido más amplio, de conformidad con los estándares internacionales y adoptando lo dispuesto en el Comentario General No. 37 del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
- Procesar y fijar sanciones administrativas en contra de los agentes del Estado que cometieron actos de brutalidad durante las protestas de noviembre y diciembre de 2020 y de julio de 2021.
- Adaptar las normas constitucionales a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
- Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y del trabajo periodístico de manera libre y sin violencia.
- Garantizar el acceso a la información de manera universal. Eliminar los bloqueos informativos.
En la exposición virtual del informe estuvieron el relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca; la curadora de arte y activista cubana, Anamely Ramos; la periodista cubano-mexicana Peniley Ramírez; la periodista y escritora María Matienzo; y el director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado.
